Es información oficial del MInisterio de Ambiente que maneja el despacho del juez Sebastián Casanello, en el marco de la causa penal por el derrame de cianuro de la Barrick Gold en Mina Veladero.
La información la dieron a conocer en conjunto las organizaciones Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), a raíz de los datos parciales presentados por la cartera que conduce Sergio Bergman. En el texto se detalla que, de acuerdo a lo relevado hasta el momento, existen 322 proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales 77 se encuentran en las cuencas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), en el relevamiento nacional de glaciares. De esos 77, son 44 los que se ubican cercanos o incluso sobre cuerpos de hielo, los cuales deben estar protegidos.
Con sólo el 10% del inventario realizado ya se detectaron 44 proyectos mineros en donde ese tipo de actividades está expresamente prohibido por el artículo 6 de la Ley de Glaciares, declaró Gonzalo Strano, de Greenpeace. Seguramente ese número crecerá exponencialmente cuando se termine de relevar las cuencas que faltan. Ni un solo emprendimiento más puede ser aprobado hasta tanto se finalice el inventario de glaciares, agregó.
El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos y forma parte del material que el Juez Federal Sebastián Casanello obtuvo en sus recientes requerimientos al Ministerio de Ambiente en el marco de la causa penal que investiga los derrames de cianuro en la mina Veladero, en San Juan, por parte de la empresa Barrick Gold, ocurridos tanto en 2015 como en 2016. La querellante Asamblea Jáchal No Se Toca, propuso darlo a conocer públicamente a través de las organizaciones ambientalistas.
Para Enrique Viale, abogado de la Asamblea y representante de la AAdeAA, resulta increíble que esta crucial información recién tome estado público ahora y sólo como consecuencia de allanamientos judiciales. Pareciera que su destino era su ocultamiento para dilatar la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares. De un primer análisis de la documentación secuestrada por la Justicia Federal encontramos importantísimo material que permitirá seguir avanzando en la investigación judicial.
La publicación de estos resultados vuelve a poner en discusión el grado de control de los gobiernos, tanto ahora como en los años anteriores. La situación se disparó a principios de año, cuando el Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri resolvió quitar las retenciones a las mineras, lo que volvió a traer una oleada de empresas privadas extranjeras en busca de materia prima. Como ejemplo del avance de las mineras en la geografía argentina, en septiembre pasado el secretario de Minería de Salta, Ricardo Salas, anunció que su provincia espera recibir unos 5.720 millones de dólares gracias a la reactivación de los proyectos mineros de Taca Taca, Lindero y el Salar del Rincón.
De los 77 proyectos en zonas inventariadas por el IANIGLA, el 81% se encuentra en estudio, el 6% en actividad, y el 5% a punto de iniciarse. Representan el 24% del total de proyectos mineros en el país. Haciendo foco en los 44 que directamente se encuentran en zona glaciar, 30 de ellos los llevan a cabo empresas de Canadá; 31 son en San Juan; 21 buscan extraer cobre, 18 apuntan al oro, y uno de la canadiense Pacific Bay Minerals estudia la posibilidad de obtener uranio, en Arroyos Pajaritos (Chubut).
Pía Marchegiani, de FARN, remarcó que la información obtenida por el juez da cuenta de la gravedad de la situación de la protección de los glaciares en el país. Y reclamó que no se avance con ningún proyecto más; en particular aquellos próximos a iniciarse como Agua Rica en Catamarca y el Pachón, los Azules y Pascua-Lama en San Juan, hasta que el inventario se encuentre finalizado en todas sus etapas y se verifique que el proyecto no se realiza en zonas que deberían estar protegidas.
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