Son cifras obtenidas de la Cámara Civil. A estos números se suman los que fueron realizados por decreto de CABA. Solo en este mes hubo 21 familias afectadas. Faltan datos oficiales.
No hay cifras oficiales de los desalojos realizados en el ámbito porteño. El Ejecutivo no trabaja sobre esos datos porque, de publicarse, afirman que se verá obligado a ejecutar medidas que garanticen el acceso a la vivienda. Esos datos están esparcidos en diferentes organismos que asisten a las familias, como la Defensoría General de la Nación, el Ministerio Público Tutelar de CABA, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y el Ministerio Público de la Defensa porteño; también en los organismos judiciales como la Cámara Civil y la justicia Comercial donde quedan asentados los inicios judiciales. Pero, además, hay que sumar los desalojos decretados por Jorge Macri.
Del 1 de enero al 31 de julio de este año, hay iniciados al menos 1194 juicios de desalojos en la Ciudad. De ese total 495 son por vencimiento de contrato, 270 por falta de pago, 196 por intrusión, 187 por otras causales, y 46 por comodato. Estas cifras fueron obtenidas por Tiempo de la Cámara Civil, pero hay que sumarle los que el gobierno porteño tiene por decreto en su agenda.
De acuerdo a datos entregados a este medio por la Dirección de Asistencia a Personas Involucradas en Procesos de Desalojos (DAPIP), organismo de la Secretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio Público de la Defensa de CABA; hasta el 31 de julio esa dirección asistió a 292 familias que serán desalojadas en la Ciudad, intervino en el desalojo de once inmuebles con 33 grupos familiares, y hubo 3 entregas voluntarias de edificios que afectaron a 3 familias.
“Pero esto es apenas una muestra, porque son los casos que siguen sólo esta dirección. A estos números hay que sumarle los que tienen el resto de los organismos”, señalaron a este medio desde el Ministerio Público de la Defensa.
Sin datos no hay políticas para el sector
El gobierno de la Ciudad puede obtener los datos completos pero no quiere relevarlos. Las cifras se obtienen sobre los miles de expedientes con sentencia firme, pero también sobre los desalojos realizados por decreto del Ejecutivo local.
“El juez civil en un juicio de desalojo está acotado por el código procesal a restituir el inmueble a quien tenga mayor derecho, en general un propietario. Lo más probable es que todos estos juicios terminen en la expulsión de las familias de sus viviendas. Pero cuando estas familias por su condición de vulnerabilidad no pueden proveerse una alternativa habitacional en el mercado, la legislación internacional obliga al poder judicial a garantizar que el Estado le ofrezca una alternativa habitacional”, explicó a Tiempo Sebastián Tedeschi, coordinador del Programa de Derechos económicos sociales y culturales de la Defensoría General de la Nación
El especialista afirma que esos datos no se relevan: “Lo podría hacer la Justicia civil y la Justicia comercial sobre la cantidad de juicios con sentencia firme de desalojo. De esta manera la Ciudad podría prever la política habitacional: cuántas viviendas tenés que tener disponible o cuántos alquileres tenés que presupuestar o cuántas ayudas sociales tenés que dar el año próximo para los desalojos. Al no visibilizar la demanda social objetiva, el gobierno evita quedar expuesto ante la falta de una política que le de respuesta”, termina Tedeschi.
CABA elige quiénes pueden vivir en la Ciudad
“En lo que va del año hemos visto una serie de desalojos en la ciudad, que va por supuesto de la mano con otra política que tiene que ver con el corrimiento de aquellas personas que viven en la calle. Ese desplazamiento que muchas veces está acompañado de la detención sin motivo, sin causa, por el solo hecho de estar revolviendo basura, va en la misma dirección”, analiza en diálogo con este medio la diputada porteña de Unión por la Patria (UxP) Maru Bielli.
La legisladora advierte que con estos desalojos el gobierno elige quiénes son dignos de vivir en la ciudad y quiénes tienen que ser desplazados. “Esto es una política de la crueldad que no se complementa con ninguna salida o solución habitacional para estos sectores. Hay casos que son emblemáticos que no se tratan de procesos judiciales encarados por privados donde es el gobierno porteño que decreta el desalojo: pasó en el barrio de La Boca y lo vimos en la 31 y ya lo habían hecho en Pringles el año pasado, un desalojo también cargado de violencia y de represión, supuestamente iba a ser un refugio para mujeres víctimas de violencia de género, esto no ocurrió en Pringles, sigue tapiado sin ningún tipo de obra y lo mismo pasó en el caso de la 31, que se trataba de un espacio público construido que no había sido utilizado durante muchos años”, concluye. «
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