Ajustar al Estado es ajustar al sector privado

Los primeros días de gobierno de Javier Milei dejaron en claro los objetivos en materia económica y social de las nuevas autoridades. Si bien recién comienza la gestión, ya pueden esbozarse algunas reflexiones en relación con los anuncios.

Amparándose en la legitimidad que les dio la mayoría electoral en las pasadas elecciones, las nuevas iniciativas tienen como principal objetivo, y los funcionarios se encargan de decirlo, la reducción del déficit fiscal, básicamente a través de un profundo ajuste del gasto público. Supuestamente el ajuste lo iba a pagar la “casta política”, pero lo pagará toda la ciudadanía, a contramano del discurso de campaña.

Como cuestión más de fondo, los anuncios forman parte de un completo cambio de paradigma en cuanto al rol del Estado como regulador de la actividad económica, apuntando al predominio del mercado.

Siempre hemos dicho que es loable tender al logro del equilibrio fiscal. Sin embargo, la verdadera discusión es cómo se alcanza ese objetivo: la opción no debería ser ahogar el crecimiento de la economía, sino la lucha contra la evasión impositiva, la generación de una mayor progresividad tributaria, para que aporten los que más tienen, y la búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto público, enfocándose prioritariamente en quienes más lo necesitan, entre otras.

Un ejemplo de ello es la ley recientemente promulgada por el presidente de Brasil, Luis Ignacio “Lula” da Silva. Por primera vez se cobrarán impuestos a las inversiones de los llamados fondos exclusivos de inversión, también conocidos como “superricos”, y las empresas offshore. Se espera recaudar U$S 6000 millones hasta 2025. Según las declaraciones del ministro de Economía de ese país, Fernando Haddad, esta medida evitará un ajuste en las cuentas públicas. En las antípodas de la visión que tiene el gobierno argentino.

Volviendo a la Argentina, el recorte de los “gastos de funcionamiento”, como se mencionó en un comunicado oficial, se expresa en la reducción de los ministerios (de 18 a 9) y de las secretarías (de 106 a 54), en la reducción del empleo público, y en la suspensión de la pauta publicitaria. Sin embargo, ese ajuste apenas representa el 0,5% del PBI, bien lejos de los 5,2 puntos de reducción del déficit que anunció el ministro de Economía como objetivo.

Es por ello que las medidas no terminan ahí. Según las estimaciones del gobierno, el gasto en haberes jubilatorios se reducirá 0,4 puntos del PIB, los subsidios al transporte y la energía 0,7 puntos, y las transferencias corrientes a las provincias 0,5 puntos, lo que implica casi una eliminación de las mismas. Las partidas destinadas a los programas sociales caerán 0,4 puntos, se paralizará la obra pública y se cancelarán las licitaciones cuya obra no haya comenzado (implica una baja de 0,7 puntos del PBI). Esto último será un golpe muy duro para las empresas constructoras, en especial las PyMEs, y sus trabajadores, que están viendo amenazados sus puestos de trabajo. De manera adicional, se calcula que de conseguirse la reversión de la reforma del Impuesto a las Ganancias aprobada en septiembre pasado, por la cual cerca de un millón de trabajadoras y trabajadores dejaban de pagar este gravamen, se conseguirían 0,4 puntos adicionales.

En la semana se devaluó el tipo de cambio oficial en más de un 100%, situación que ya está generando una fuerte aceleración de la inflación. El valor del combustible ya acumula un alza del 67% en lo que va de diciembre. El precio de la carne también sufrió un incremento de alrededor del 38% en promedio, según los distintos cortes, en el mismo periodo. Esta situación “hiperinflacionaria”, como la denomina el gobierno, es su responsabilidad y no del gobierno anterior.

La total desregulación de los precios es una de las características del modelo e impacta especialmente en los bienes de primera necesidad y los insumos básicos para la industria y los servicios. La intención de derogar la Ley de Abastecimiento va en línea con estas políticas de dejar las decisiones en manos del “mercado”.

Al ser consultada acerca de los efectos de esta situación en el poder adquisitivo de la población, la canciller Diana Mondino respondió: “Nosotros creemos que los precios no los podemos determinar desde el gobierno (…). Si no tienen plata en el bolsillo (los consumidores), no van a comprar cosas muy caras”. Más claro imposible: libre mercado en su máxima expresión. Consume el que puede pagar, el que no, se queda sin consumir.

En definitiva, en este plan de gobierno hay un ajuste en marcha y el mismo recaerá principalmente en los ingresos de los trabajadores/as y los jubilados/as. El previsible aumento del desempleo a su vez hará mella en la lógica del círculo virtuoso de la economía, en el que los consumos público y privado constituyen los motores que la hacen funcionar. Eso a su vez impactará en los ingresos fiscales. ¿Cuánto ajuste adicional deberán anunciar para lograr su meta?

Pero, a diferencia de lo que intentan transmitir el Presidente y sus funcionarios, éste no es el único camino posible. Hay alternativas. Como fue dicho en el comunicado que elaboramos desde el Bloque de Diputados y Diputadas de Unión por la Patria: “Con humildad y convicción queremos expresar que las primeras medidas anunciadas perjudicarán a la inmensa mayoría del pueblo argentino (…), el tejido social va a ser profundamente dañado y las políticas compensatorias anunciadas parecen claramente insuficientes para paliar las consecuencias del ajuste”. A lo que agregamos: “No era campaña del miedo. Había y hay otro camino: un cambio con producción, trabajo y cuidando a las y los argentinos”.

La postura sesgada del FMI

Es destacable mencionar la aparente aceptación y la celeridad con las que el Fondo Monetario respondió a las políticas impulsadas por el gobierno de Milei: “el personal técnico del FMI respalda las medidas anunciadas hoy por el nuevo ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo”, señaló el portavoz del organismo. “Estas fuertes acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario (…) Tras los graves reveses en política económica de los últimos meses, este nuevo paquete de medidas constituye una buena base para proseguir las discusiones encaminadas a reconducir el actual programa respaldado por el Fondo”.

Estas palabras contrastan con lo que el FMI comunicaba en agosto pasado cuando hacía referencia a un “desvío de políticas” y concluía, a modo de recomendación, que “sigue siendo imperativo ejecutar el programa con determinación, formular políticas de forma ágil y planificar para contingencias, y es posible que sea necesario aplicar otras medidas para alcanzar los objetivos del programa y salvaguardar la estabilidad”.

No hace falta agregar demasiado, durante la gestión anterior se defendía la soberanía y si desde el Fondo “sugerían” determinadas políticas, como una fuerte devaluación, se negociaba y en última instancia se trataba de que no tuviera grandes impactos en la sociedad, tal como ocurrió con la devaluación posterior a las PASO. Ahora el gobierno va más allá de las “sugerencias” del Fondo, y de allí el respaldo del organismo.

El proyecto de país de La Libertad Avanza no es inexorable y la disputa alrededor de los dos modelos sigue más vigente que nunca. «