Cinco organizaciones profesionales y sindicales de policías de Brasil acusaron hoy al presidente de intentar intimidar al encargado de la investigación del asesinato de la dirigente política y activista humanitaria.
De ese modo, las asociaciones salieron en defensa del comisario Daniel Rosa, quien encabeza la investigación del crimen de Franco, ocurrido el 14 de marzo de 2018.
El nombre de Bolsonaro apareció en el caso la semana pasada, cuando un testigo -que se desdijo 24 horas después- afirmó que los supuestos asesinos de Franco estuvieron, poco antes de matarla, en una urbanización de Río de Janeiro donde vive uno de ellos y el mandatario tiene su residencia particular.
Sin embargo, los registros oficiales del Congreso señalan que ese día Bolsonaro -que aún era diputado federal- estaba en Brasilia, a más de 1.000 kilómetros de Río de Janeiro.
Bolsonaro afirmó ayer que tuvo acceso a las grabaciones de las llamadas entre la portería y las residencias del condominio antes de que, según él, fueran adulteradas.
Además, acusó al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, de “manipular” la investigación del crimen y agregó que Rosa es “muy amiguito del gobernador”, según el diario O Globo.
“El presidente insinúa el direccionamiento de las investigaciones, incluso con la alteración de pruebas y coacción de testigo, y se refiere al comisario encargado del caso como ‘amiguito del gobernador’”, se quejaron las entidades policiales en el comunicado divulgado hoy.
“El cargo de jefe del Poder Ejecutivo no le permite cometer atentados a la honra de personas, mucho menos de aquellas que, en el ejercicio de la función pública, desempeñan sus funciones en interés de la sociedad y no de cualquier gobierno”, añadieron.
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