Los fiscales consideran que deben indagados por la tentativa de homicidio de los otros tres adolescentes y privación ilegítima de la libertad de todos ellos.
Además, este domingo por la mañana allanaron la Comisaría Vecinal 4D, donde se labraron las actuaciones iniciales por el hecho, para secuestrar los registros y demás documentos, ya que no se descartan nuevas imputaciones por encubrimiento contra más policías, agregaron los voceros a Télam.
Según la resolución firmada por el fiscal de Instrucción 32 Leonel Gómez Barbella, y Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes prestaban servicios en la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, deben responder también por los delitos cometidos contra los tres amigos de Lucas, todos de 17 años.
Por tal motivo, a la imputación por homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía de Lucas, le sumaron la tentativa de ese mismo delito contra los otros tres adolescentes, más privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica.
Los tres efectivos, detenidos formalmente desde ayer en dependencias de la Superintenencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), serán indagados en el transcurso de mañana por los fiscales y el juez de la causa, Martín Del Viso, dijeron las fuentes, aunque aún no se fijó el horario.
Según la acusación, «el despliegue policial consistente en instrumentar un procedimiento ilegal con sustento en la ilegítima detención de los jóvenes con miras a presentar los sucesos ocurridos, esto es, un escenario en el que resultara, además, gravemente herido uno de los presuntos imputados, configura una maniobra delictiva».
En el escrito, los fiscales consideraron que «el accionar delictivo» de los policías «ha quedado visibilizado», ya que introdujeron «versiones falaces», con la «única finalidad de enmascarar con visos de legalidad una actuación que, a todas luces, no lo fue».
Al repasar los hechos ocurridos a las 9.30 del pasado 17 de noviembre, Gómez Barbella y Heim destacaron que los policías iban en un auto Nissan Tiida sin identificar y vestidos de civil, que intentaron impedir el paso de los jóvenes cuando iban a bordo de un Volkswagen Surán y que, con ese objetivo, les dispararon.
«Los agentes mencionados abrieron fuego contra éstos provocando la muerte de uno de los jóvenes e intentando dar muerte a los restantes tres con alevosía (aprovechando de la indefensión de las víctimas y la intención de los autores del hecho de obrar sin riesgos)», indicaron.
También señalaron que luego, en medio del procedimiento en el que detuvieron a dos de los adolescentes y llamaron a una ambulancia para que asistiera al herido, secuestraron una réplica de arma con la inscripción «The Punisher», elemento que se presume «habría sido plantado en el lugar por el personal policial», ya que de la causa surge que los jóvenes «no habrían esgrimido ningún tipo de arma».
Gómez Barbella y Heim recordaron que cuando Lucas fue llevado gravemente herido al Hospital Penna un oficial de la Policía de la Ciudad se apostó allí como consigna policial, como se hace usualmente con los acusados de algún delito, mientras que los amigos del joven «fueron tratados como imputados y sometidos a la justicia de menores a raíz de la falsa versión aportada por los agentes».
Estuvieron «en calidad de imputados, privados ilegítimamente de su libertad durante todo ese tiempo, a cuenta del accionar ilegal y de las versiones falaces introducidas por el personal policial aquí imputado», añade la acusación.
Para conocer de boca de los sobrevivientes los pormenores del hecho, los fiscales citaron a declarar para mañana a los tres amigos de Lucas, quienes a partir de las 9 y tras entrevistarse con personal Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic), dependiente del Ministerio Público, declararán en la fiscalía.
Para el martes, en tanto, fueron convocados a declarar los padres de Lucas, Cintia López y Mario González, quienes el viernes último, junto a su abogado, Gregorio Dalbón, convocaron para mañana a las 19 a una marcha sin banderas políticas para pedir justicia en la puerta de los tribunales situados en Talcahuano 550.
En tanto, para los próximos días se aguarda que comiencen a llegar los resultados de distintas medidas de prueba dispuestas por la fiscalía, entre ellas los peritajes balísticos realizados sobre las armas secuestradas a los policías detenidos.
De acuerdo a la autopsia, Lucas murió a raíz de un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo que le provocó una «hemorragia meningoencefálica» y, además, presentaba un surco en el pómulo derecho de una segunda bala.
El fallecimiento del joven se produjo el jueves 18 en el hospital El Cruce, de Florencio Varela, adonde fue trasladado en grave estado procedente del Hospital Penna.
Inicialmente en la causa intervinieron un fiscal y un juez de Menores, ya que la policía difundió la versión de que Lucas y sus amigos eran delincuentes, aunque el magistrado los sobreseyó y pasó la causa al fuero Nacional en lo Criminal y Correccional.
Los restos de Lucas fueron inhumados este domingo en el cementerio Parque Iraola, de Hudson, tras un velatorio que se inició ayer en una cochería de Florencio Varela, adonde asistieron cientos de personas para despedirlo y brindar su apoyo a los padres y el resto de la familia.
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