Advierten que el 2×1 pone en riesgo a testigos y lanzan un plan para revertir el fallo

En ese diagnóstico coincidió un centenar de abogados en juicios por delitos de lesa humanidad que se reunió este viernes y sábado en la ciudad de Santa Fe para analizar el impacto del fallo y definir un plan de acción para intentar frenar sus derivaciones. Los letrados resolvieron llevar adelante todas las acciones internacionales a los fines de revertir el fallo e instar a los legisladores nacionales, provinciales y locales a que emitan declaraciones o resoluciones de repudio como las que motorizó el Congreso en 2010 y 2015 para reafirmar la continuidad de los juicios y el sostenimiento del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. En tercer lugar, propusieron impulsar un pedido de juicio político por mal desempeño a los tres magistrados del Máximo Tribunal que avalaron el fallo. 

Para los juristas, el pronunciamiento de la Corte es de “baja” calidad. “Entendemos que es una sentencia ilegal, técnicamente incorrecta. No es una sentencia simplemente injusta, es una sentencia que está mal y por eso pedimos el juicio político”, explicó a Tiempo la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, del Colectivo Nacional de Abogados Mario Bosch, una de las organizaciones que participó de las V Jornadas Nacionales de Abogados en Causas por Crímenes de Lesa Humanidad.   

Y agregó: “Históricamente todas las querellas y todos los fiscales respetan las leyes más benignas para los imputados. En cualquier sentencia, incluso (en la condena) a Muiña, en privaciones ilegales de la libertad, por ejemplo, se aplica la ley más benigna, que era la que estaba al momento de los hechos, porque después de agravan. De los 750 militares condenados, todos fueron por la ley más benigna.” 

El repudio que cosechó el fallo es rotundo y tomará cuerpo el miércoles en una marcha en Plaza de Mayo convocada por los organismos de Derechos Humanos. Como era de esperar, los tribunales comenzaron a recibir solicitudes de represores que quieren ingresar en el beneficio -son cerca de trescientos los que están en condiciones de beneficiarse- y la respuesta desde las fiscalías fueron rechazos y pedidos de inconstitucionalidad para el fallo.

Argumentos 

“Es irracional que estemos en esta situación en la que tengamos que preocuparnos porque quienes tengan que ser custodiados sean las víctimas y no los victimarios que deberían estar presos”, se lamentó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud. El viernes, el letrado presentó un recurso ante el Tribunal Oral en lo Criminal Fedral 6 para pedir que se incluya en el programa de protección de testigos al nieto recuperado Francisco Madariaga ante la eventualidad de que su apropiador, el ex capitán del Ejército, Víctor Gallo, recupere la libertad. El ex militar fue el primero en pedir que el fallo de la Corte sea aplicado en su condena.

“Le hicimos saber al tribunal y al Estado que si disponen la libertad de Gallo tienen que asumir las consecuencias que puedan tener sobre la seguridad de Francisco”, explicó Iud a este diario.

-¿El fallo de la Corte desalienta a las víctimas para que den testimonio en futuras audiencias?

-Sí, absolutamente. Y eso es preocupante, porque el sistema de protección de testigos pareciera no estar en condiciones de brindar la seguridad que debería.

La abogada de HIJOS Rosario, Nadia Schujman, consideró terrible el efecto del fallo de la Corte en los juicios. “No sólo en cuanto a la libertad de los represores, sino también en cuanto a las calificaciones para los crímenes que puedan hacer los jueces por la interpretación sobre la ley más benigna. Es grave además por el efecto subjetivo que genera en las víctimas y testigos, pero no hay que generar más pánico del que el fallo, de por sí genera”, opinó consultada por Tiempo.

Acciones

En los Tribunales, la estrategia de los abogados querellantes de Derechos Humanos será instar a los jueces para que no adhieran al fallo de la Corte. Es que apenas se conoció comenzó el efecto cascada. El apropiador Gallo fue el primero en pedir el 2×1, pero el viernes, al menos, cinco condenados por crímenes de lesa humanidad habían sumado sus pedidos: el apropiador Héctor Girbone y el obstetra de la Marina, Jorge Magnacco, lo pidieron al TOCF 5, y Norberto Mercado Laconi al TOCF 2 de Mendoza. A los tres se los rechazaron. En el TOCF 1 de La Plata está pendiente el pedido que hizo el espía Civil del Ejécito Pablo Grande.

Esas primeras presentaciones dan la pauta de que la aplicación del 2×1 no será automática y que abrirá una guerra de presentaciones y apelaciones en todos tribunales federales del país que enmarañará los procesos de justicia que ya venían con demoras.

La abogada querellante en La Plata, Guadalupe Godoy, apostó a que los tribunales inferiores sean el dique de contención. Recordó que en los ’80, cuando se aprobó la Ley de Punto Final, la Justicia habilitó la feria para dar más tiempo a presentar las acusaciones, y estimó que la situación es similar: “Los tribunales inferiores no van a querer pagar los costos de una decisión que no fue tomada por ellos”, opinó. Las primeras negativas serían una muestra de un camino que llevaría los expedientes de nuevo a la Corte para que sean los supremos los que paguen el costo de firmar fallos que liberen a personajes como Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta o Ricardo Cavallo.

Repudio y reacciones 

El fallo de la Corte que permite que los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar que derrocó un gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976 no cumplan con sus condenas, recibió el repudio inmediato de la mayoría de la sociedad. Las primeras manifestaciones fueron de los organismos de Derechos Humanos y la oposición política al gobierno. La primera reacción del Poder Ejecutivo fue relativizar el fallo a través del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Sin embargo, ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tradujo la posición oficial en un rechazo más enfático. “Rechazamos el concepto del 2×1 y rechazamos que se aplique a crímenes de lesa humanidad”, dijo en declaraciones a Radio Nacional. 

Es que el repudio social fue in crescendo -el viernes Rosenkrantz suspendió una disertación en Rosario porque los organismos de DDHH convocaron a concurrir para repudiarlo- desde el miércoles, y ganó espacio en las redes sociales. La leyenda “Tengo miedo! Astiz puede subir a mi taxi!” se viralizó en las últimas horas como una de las acciones de resistencia. Para dar cuerpo a ese rechazo, los organismos de Derechos Humanos convocaron a un acto para el miércoles 10 a las 18:00 hs. en la Plaza de Mayo «contra este nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas», indicó la convocatoria firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. Capital, entre otros organismos.

«Este escenario sólo puede ser revertido con un repudio social», opinó Iud. En igual sentido opinó Schurjman, para quien «la movilización y las manifestaciones de todo el arco político», pueden servir para dar marcha atrás. «

«Un paso atrás»

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Carlos Malfa, consideró “un paso atrás” el fallo de la Corte. Malfa dijo a Tiempo que el pronunciamiento “genera impunidad y no contribuye a la Verdad y la Justicia”.