Adrián Grünberg: “Este año ha habido una degradación del sistema democrático”

Adrián Federico Grünberg no tiene problemas en expresar que ve «algunas luces de alarma muy preocupantes» en el gobierno de Javier Milei. Este juez, que desde hace 15 años es uno de los integrantes de los tribunales orales federales de la ciudad de Buenos Aires, menciona a la política represiva impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre los puntos sensibles. «Lo que pasó en la marcha del 12 de marzo fue alevoso y representa una afectación democrática y constitucional grave», dice.

Viene de publicar el año pasado el Manual sobre Terrorismo de Estado en Argentina (Editorial Octubre). Volcó allí toda su experiencia de años de intervenir en los procesos de juzgamiento a los responsables del Plan Cóndor (de coordinación represiva entre los países del Cono Sur) y los delitos sexuales en la ex Esma, entre otros casos de lesa humanidad. El resultado es un libro claro y contundente, con el que busca transmitir a las generaciones jóvenes en qué consistió la última dictadura cívico-militar.

Durante una entrevista con Tiempo, asegura que el contexto de este 24 de marzo es aún más especial que el del año pasado. Lo hace al considerar, entre otras cosas, que el país vive una degradación del sistema democrático.

Las palabras del juez Adrián Grünberg

– ¿Cómo analiza el contexto de este 24 de marzo?

-Sin dudas que es especial. Lo fue el año pasado por cómo comenzó el gobierno de Javier Milei. Pero este año aún más, porque se han ejecutado medidas de recorte a organismos o directamente su anulación. Un cimbronazo fue dejar sin efecto el archivo del Ministerio de Defensa y el grupo de investigadores que trabajaban desde hace años en el análisis de documentos y legajos militares para aportar como prueba en los juicios de lesa humanidad. El despido de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos; el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti; el corte de recursos al Centro Ulloa, que ha hecho una tarea importantísima de acompañamiento a testigos de los juicios, dándoles apoyo psicológico ante la difícil circunstancia de tener que declarar. Y después las variadas declaraciones de la vicepresidenta (Victoria) Villarruel y otros miembros del gobierno, con una postura ya no negacionista, sino directamente justificatoria de la dictadura. No por nada va a haber un solo acto este 24 de marzo y creo que va a ser contundente.

–Más allá de los retrocesos puntuales en las áreas de Derechos Humanos, ¿Cree que en lo discursivo el oficialismo logró consolidar la lógica negacionista?

-Creo que no se llegó a instalar. Imagino que porque los conflictos internos entre el presidente y la vicepresidenta enfriaron la cuestión. El gobierno en este año no tuvo al tema como caballito de batalla. Un freno también fue la visita de los diputados y diputadas oficialistas a los represores que están detenidos en Ezeiza. Si eso no hubiese tenido una respuesta contundente y crítica como la que tuvo, tal vez ese discurso hubiese seguido in crescendo.

– ¿Fue un freno?

-Sí, un freno importante. No supieron cómo explicarlo, hasta tuvieron que decir algunas diputadas que las habían llevado engañadas. Digamos que no se consolidó en el gobierno un frente homogéneo con ese discurso. El video publicado este lunes es más de lo mismo.

–¿Cómo se podría caracterizar el estado actual del sistema democrático sin dejar de tener en cuenta que hay acciones del gobierno que remiten a la dictadura y también que igualar ambos procesos llevaría a una subestimación de los crímenes ocurridos entre 1976 y 1983?

-Desde ya que seguimos estando aún en democracia. Pero es cierto que con este gobierno noto algunas luces de alarma muy preocupantes. Claro que no hay punto de comparación con el terrorismo de estado de la última dictadura cívico militar, pero en el último año ha habido una degradación del sistema democrático. Las garantías constitucionales empiezan a ser avasalladas primero desde el discurso y después desde la acción. Si un presidente dice que el Congreso es un nido de ratas, ahí hay una denostación verbal, y más si después dice que se pueden llevar a cabo políticas del gobierno sin el Congreso. Eso, para mí, fue una amenaza de cierre a futuro, un peligro latente que muchos estamos viendo. Además, el ataque al Poder Judicial, que cuando no les gusta lo que hace una jueza como la que liberó a las personas detenidas (NdR: Karina Andrade, que liberó a más de un centenar de detenidos durante la marcha de jubilados del 12 de marzo), le hacen una denuncia penal y un intento de jury para sacarla del cargo. Entonces la degradación es sobre las garantías constitucionales que hacen al derecho de reunión, de manifestarse, de peticionar a las autoridades. Son todas garantías que están en la Constitución. Ni hablar del continuo ataque a quienes nos consideramos garantistas, como yo, que fui educado en mi actividad y tomé las banderas del profesor Raúl Zaffaroni, que estoy convencido de que es una eminencia en nuestro país aunque sea permanentemente atacado. Lo digo siempre: al que no le gusta la garantía o el garantismo, que reforme la Constitución, porque en la primera parte, apenas después del Preámbulo, en el capítulo primero, habla de declaraciones, derechos y garantías.

–¿Qué lugar ocupan en este contexto la vía libre para reprimir a mansalva y las amenazas del Ministerio de Seguridad antes de cada marcha, que se pueden ver en las estaciones de trenes, por ejemplo?

-Con la implementación de ese protocolo (antipiquetes), que tiene serios reparos constitucionales, el Ministerio de Seguridad encabezado por la ministra (Patricia) Bullrich ha venido dando carta blanca a las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas y, en consecuencia, el derecho de expresión. El tema es que no es ya solo en la calle, hemos visto en TV cómo el 12 de marzo se reprimía a hombres y mujeres que estaban parados en veredas, sobre vidrieras y lejos del cordón, cómo les tiraban gas en los ojos. Fue alevoso y representa una afectación democrática y constitucional grave.

–¿Cree que hay una intención de que la brutalidad se vea?

-Sí, por supuesto. Forma parte del discurso. Que los buenos son los de azul, que los vamos a reventar a palos, que acelero en las curvas y no me importa nada. Lamentablemente, hay un porcentaje de la población que aplaude eso, pero es un arma de doble filo, porque un día le tiran gas pimienta a algún sobrino, familiar o vecino que pasaba por ahí y los reprimen, porque la policía motorizada pega patadas o dispara balas de goma a cualquiera.

–¿El fin es infundir temor a la población que por ahí no es habitué de las marchas?

-Sí, es todo un mensaje.

– En su libro “Manual sobre terrorismo de estado en Argentina” (Editorial Octubre, 2024), usted dedica varios párrafos al contexto mundial previo a la dictadura, basado en la hegemonía bipolar que dio pie a la Doctrina de Seguridad Nacional y, con esta, a la idea de combatir el comunismo o la subversión. Hoy, si bien el mundo es distinto, el sujeto a combatir es el progresismo y su agenda woke. ¿Hay puntos de comparación en ese plano?

-Para mí esa otra de las luces de alarma. El discurso no es tan distinto del de la Doctrina de Seguridad Nacional. Curiosamente, hace un tiempo el Ministerio de Seguridad cambió de nombre y ahora es Ministerio de Seguridad Nacional. Le agregaron ese “nacional”, y cuando lo leí pensé en la Doctrina. La seguridad nacional nuevamente en el tapete. Demuestra con ese título que hay una rememoración a eso. Así como cuando se habla de zurdos, que van a correr. Ese término se usaba en los 70’ para deshumanizar. Decirle zurdo a alguien era denostarlo como ser humano. Y hay una reminiscencia a eso que se da también a nivel global. Ahora no buscan solo a comunistas en todos lados, sino que el abanico es más variado. Apuntan a feministas, progresistas, zurdos o ambientalistas.

La motosierra y los juicios de lesa humanidad

– Mencionaba antes los recortes en la Secretaría de DDHH o áreas el Ministerio de Defensa que son clave para la preservación de pruebas y el impulso a los juicios de lesa humanidad. ¿Cree que eso pone en riesgo el proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura?

-Por el momento no creo que pese a eso haya habido un retroceso. Los juicios se siguen llevando a cabo, los Juzgados de instrucción siguen llevando a cabo las causas y por suerte no veo un freno. Eso habla bien del denostado Poder Judicial, porque sigue habiendo al menos en este aspecto una gran mayoría de jueces, juezas y fiscalías que se mantienen independientes del poder político. Los juicios van a continuar, y si bien es cierto que los abogados y abogadas del Estado empiezan a ser despedidos y deja de haber representación, también hay querellantes y no tendrían por qué detenerse los procesos. Si es problemático que haya muchas vacantes en el Poder Judicial, porque somos muchos los que estamos trabajando en más de un tribunal, y eso hace que las agendas estén muy complicadas.

–En este gobierno se da la particularidad de que quien está al frente de la Secretaría de DDHH es un ex juez, me refiero a Alberto Baños. ¿Lo conoce personalmente? ¿Qué opina de su gestión?

-No personalmente. He oído las referencias de que en general era un juez de instrucción duro, que en algunas cuestiones podríamos decir que estaba más del lado de la policía que de las debidas garantías de los imputados. En los años 80’, cuando arranqué en el Poder Judicial como pinche, se hablaba de este tipo de jueces como “jueces caneros”, porque tenían buena relación con la cana. Pero son habladurías, no lo digo yo.

– Hace unos días el Ministerio de Justicia anunció la fecha de implementación del Sistema Acusatorio en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal ¿Cree que eso ayudará a agilizar los juicios de lesa humanidad?

-En general mi postura es positiva porque es un Código de avanzada donde la carga de llevar la acusación es del Ministerio Público Fiscal o las querellas, y donde los jueces actúan como árbitros. Lo que hay que ver es si ya para principios de agosto, como está planeado, estará la logística y los recursos para poder comenzar de cero con esto. Eso está puesto en duda.

Su experiencia en los juicios de lesa humanidad

–¿En este momento interviene en algún juicio por delitos de lesa humanidad?

-En mi Tribunal tenemos pendiente otro tramo de Automotores Orletti, cuyo primer tramo fue mi primer juicio de lesa humanidad, allá por 2010. El de este año incluye una parte de lo que fue el centro clandestino, según la acusación, anterior a Automotores Orletti, que fue la sede de la calle Bacacay. Después intervine en Plan Cóndor, que fue muy importante, y el otro emblemático en el que me tocó trabajar fue el de los delitos sexuales cometidos en la ex Esma. Este año esperemos poder comenzar para la segunda parte del año.

–De ese primer juicio, con todo el camino recorrido, ¿qué balance hace en términos personales y profesionales?

-Ese primer juicio fue muy impactante, fue muy fuerte escuchar a las víctimas que han sobrevivido, o a los familiares de personas desaparecidas con sus relatos tan desgarradores. Eso hace que a uno se le vaya formando una coraza para enfrentarlo, pero no es inquebrantable, entonces llega a los que tenemos empatía con el sufrimiento humano, y no es fácil. Borges decía algo que reflejé en el libro: que cuando fue a una audiencia del juicio a las juntas militares salió y dijo ‘siento que he salido del infierno’, luego de escuchar a un sobreviviente de la Esma. Pero ante cada juicio y cada declaración, uno es juez también, y el sentimiento que pueda tener no me mueve en los requerimientos de mi rol. Uno tiene que ser imparcial y objetivo al analizar las pruebas y si bien un testimonio punzante puede llegar a conmovernos, no quita que haber tenido que dictar absoluciones por algunos hechos o imputados en juicios de lesa humanidad, o aplicado menores penas a las pedidas por las partes acusadoras. Cuando hay dudas sabemos que hay que absolver. Ahí está la gran diferencia entre un sistema democrático y una dictadura.

–¿Le trajo desavenencias o complicaciones en su tarea como juez tener una postura clara y abierta como lo dejó expresado en su libro o en charlas y entrevistas?

-Ninguna. Trabajo libremente y nunca un colega o instancia superior me ha “reprendido” por mi forma de pensar o actuar. El Manual sobre Terrorismo de Estado que saqué el año pasado es un trabajo objetivo basado en documentación, investigación, dichos de testigos, sentencias y libros históricos, y a causa de eso me han recusado o intentaron hacerlo en varias causas, no solo de lesa humanidad, sino en otras que tienen que ver con juzgamiento a integrantes de un ex gobierno anterior. Por suerte esos intentos no prosperaron. Yo trabajo con la consciencia muy tranquila, puedo apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Hoy escuchaba la canción de Rubén Blades “Prohibido Olvidar”, y para este 24 de marzo, en este contexto de tantas regresiones a derechos y garantías, yo me sumo a una prohibición más: prohibido olvidar.