La asociación periodística presentó un duro informe, en el marco de la 62 Asamblea General Ordinaria de Adepa, en Posadas.
«La propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático. Se contabilizan más de cincuenta periodistas y medios que han sufrido, en los últimos dos meses, imputaciones infundadas y descalificaciones estigmatizantes», dice el informe que presentó el presidente de la Comisión Daniel Dessein al cierre de la 62 Asamblea General Ordinaria de Adepa que se realizó en la ciudad de Posadas.
«La asimetría entre un presidente y un periodista es extraordinaria», avanzó Dessein y agregó que «las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física. Ese clima hostil estimula la autocensura y perturba la actividad periodística».
Dessein recordó que en 2010 Adepa había indicado que «el lenguaje es la principal herramienta de articulación social. Su degradación, a través del estilo provocador y ofensivo de los funcionarios públicos, deteriora la cohesión de la ciudadanía. Corresponde reiterarlo hoy».
«Todo funcionario puede contradecir, rechazar y eventualmente iniciar acciones civiles contra los responsables de contenidos periodísticos. Pero está también obligado, junto con el periodismo responsable, a preservar el clima en el que se desarrolla el debate ciudadano», alertó y citó las palabras de un intelectual valorado por el Presidente como Alberto Benegas Lynch (h), que dijo que «la libertad de prensa cumple un rol vital para prevenir abusos de poder y asegurar un acceso total a la información gubernamental, fortaleciendo la democracia».
El informe advierte también por otros aspectos en riesgo de la profesión como es el decreto que limita la Ley de Acceso a la Información Pública o los derechos de autor en tiempos de plataformas y de IA.
El informe califica de «preocupante» al reciente decreto del Poder Ejecutivo «por el cual se incorporan excepciones que abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a información por parte del periodismo y la ciudadanía en general».
«Estas limitaciones van a contramano de los estándares constitucionales e internacionales en la materia. Se trata de modificaciones que, por su ambigüedad y amplitud, chocan con el espíritu de una norma que consagra principios de «máxima divulgación» y establece excepciones de alcance limitado», Indicó Dessein en la lectura del documento.
El trabajo final aborda también el desempeño de las redes sociales y de la prensa tradicional. Recordó que hace casi 25 años «las redes sociales irrumpieron en nuestras comunidades con la expectativa de ampliar los límites de la libertad, bajar las barreras para emprender y aumentar los niveles de democratización y transparencia», pero alertó que hoy «son algunos de los conglomerados económicos más grandes del planeta, con cotizaciones superiores al PBI de un país como la Argentina».
Se apuntó que «las redes generan el terreno fértil para la amplificación de discursos de odio, la circulación de noticias falsas y la ruptura de muchos de los consensos sobre los que se construyó la paz social», sin embargo indicó que hoy se encuentra contaminado con «diatribas tóxicas, y el periodismo es una de las principales herramientas con las que cuenta la sociedad para oxigenarlo».
El trabajo destaca que sustituir el rol de la prensa con el de las redes sirve «para evitar la intermediación incómoda de los periodistas».
«No se hacen allí preguntas difíciles, son permeables a las inyecciones anabolizantes que hipertrofian un tráfico inorgánico y generan la ilusión de una comunicación directa. También la falsa imagen de una supuesta autenticidad en la canalización de la ira y el resentimiento», precisa el trabajo.
A partir de este punto el trabajo deriva en otro punto fuerte como es el del respeto de la propiedad intelectual. «Para preservar su sustentabilidad, el periodismo requiere el respeto de la propiedad intelectual de los contenidos que genera. En países con economías y democracias desarrolladas, como Australia, Canadá o las naciones que integran la Unión Europea, existen legislaciones que garantizan los derechos de autor de los medios periodísticos y promueven, de ese modo, la vital función que estos ejercen en la vida de sus sociedades. Esas normativas impulsan acuerdos razonables entre las plataformas tecnológicas – que lucran con el uso de contenidos periodísticos– y los medios de comunicación», indica.
«En la Argentina existen acuerdos de esa naturaleza que constituyen antecedentes tan positivos como insuficientes, ya que están muy lejos de una compensación justa como la que deriva de los convenios alcanzados en los países citados o del marco regulatorio impulsado por gobiernos conscientes del rol estratégico del periodismo en toda democracia. Al mismo tiempo hay empresas tecnológicas globales que vulneran de manera sistemática la propiedad intelectual de los medios periodísticos».
Por ello y como conclusión, Adepa insta «a que el Gobierno nacional, los poderes locales y la clase dirigente en su conjunto asuman con conciencia democrática la urgencia de atenuar el clima de confrontación, garantizar la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa y aportar al fortalecimiento de un periodismo responsable y moderno como herramienta clave para defender la institucionalidad».
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