El organismo encargado del saneamiento de la mayor cuenca contaminante del país informó que de enero a julio retiraron más de 2900 toneladas, siguiendo la tendencia del año pasado cuando en todo 2022 sacaron 5900. Control, industrias y basurales: las deudas y los desafíos pendientes de una causa histórica.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) es el organismo público creado luego del fallo de la Corte Suprema de 2008 en la Causa Mendoza, que obligó al Estado (nacional, provincial y porteño) a avanzar en el saneamiento del río y sus afluentes. Se encarga de coordinar la política ambiental del curso de agua herido por más de 200 años de contaminación industrial, cloacal y domiciliaria.
Un símbolo de basura y corrupción, y un reto titánico: tiene 64 kilómetros de extensión; 2000 kilómetros cuadrados habitados por 4,5 millones de personas. Atraviesa 14 municipios y nueve comunas de la Ciudad. La región más contaminada de la Argentina. Suena quimérico, pero no imposible.
Mientras avanza la limpieza, una acción fundamental es evitar que el río se siga contaminando. Precisamente la Acumar anunció este martes un número positivo, dentro de toda la densidad oscura que hoy tiñe al país: entre enero y julio el organismo limpió más de 2900 toneladas de residuos.
Las tareas se realizaron «con el objetivo de colaborar para que una menor cantidad de residuos lleguen al cauce principal del río y de mitigar los posibles impactos de eventos meteorológicos», destacaron. La limpieza primero focaliza arroyos críticos que cruzan o desembocan en el Riachuelo. En este caso, el Don Mario y Morales, de La Matanza, y el arroyo Ortega, de Esteban Echeverría.
Luego empiezan las acciones de retiro de residuos, a través de barreras de retención instaladas en estos cauces, que se complementa con un equipo móvil que recorre distintos tramos.
Bajo esa modalidad retiraron 47 toneladas en la barrera de retención de arroyo Ortega, 129 en Don Mario, 116 en Morales y 2650 a través del equipo móvil. A modo comparativo, en todo 2022, a través de este sistema lograron retirar unas 5900 toneladas de desechos.
“El saneamiento de la Cuenca se encuentra cerca del inicio de una nueva etapa –adelantó el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella–, y eso es el resultado de la planificación de políticas públicas como esta, que fueron diseñadas, implementadas y sostenidas desde el inicio de esta gestión con una mirada integral, que buscan que cada vez menos desechos lleguen al río, al tiempo que apuntan a mejorar la gestión de los residuos y que fomentan el involucramiento de la comunidad para tener la Cuenca que queremos”.
Las tareas de limpieza de arroyos críticos avanzan desde julio de 2021 en coordinación con los municipios, bajo dos objetivos: identificar en territorio los puntos estratégicos para la instalación de las barreras, y después concretar la logística requerida para el retiro y disposición de los residuos.
«Estas acciones se desarrollan con maquinarias y equipamientos especializados como retroexcavadoras, camiones volcadores, camiones con hidrogrúa con balde almeja, barreras flotantes de contención, embarcación del tipo tracker y minicargadores tipo Bobcat», explicaron.
A 15 años del fallo de la Corte, la limpieza del Riachuelo está por finalizar una primera gran etapa. Lo que debía lograrse en poco tiempo, lleva una década y media. Y solo durante el macrismo tuvo el mismo color político en Nación, Provincia y CABA. Sin embargo, fue en ese período donde menos se invirtió y se ejecutó. Hoy, de nuevo, no aparece como prioridad, en medio de índices en alza de inflación, pobreza, FMI. Y una campaña electoral con problemas mayores ligados directamente a luchar por la supervivencia del sistema democrático.
Algo está claro. De poco servirá la recolección de residuos si no se logra, al mismo tiempo, un control de las industrias contaminantes. De acuerdo a datos publicados por el organismo, en 2017 había 1374 establecimientos contaminantes alrededor de la cuenca: 395 de ellas estaban concretando la reconversión. Hoy relevan 668 contaminantes.
Entre las más conocidas, figuran Shell, Coto, YPF, Puma, Covelia y Coca-Cola Femsa, entre otras. Muchas de ellas, cuando se esgrime la necesidad de reconversión, sacan a luz el justificativo de la situación económica del país, y de que lograrlo pondría en riesgo su estabilidad financiera y productiva, y por ende la estabilidad laboral de sus empleados. Aunque está probado que las que se reconvirtieron no perdieron plata ni debieron despedir personas.
El organismo controla y limpia periódicamente 300 basurales a cielo abierto de la región, de no menos de dos hectáreas cada uno. Unos 1300 trabajadores distribuidos en 49 cooperativas desmalezan las orillas. La infraestructura y las relocalizaciones de familias son clave: el 70% de la contaminación proviene de residuos cloacales.
El 8 de julio de 2008 el Máximo Tribunal de Justicia del país sentenció que “el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y CABA eran responsables en la prevención y recomposición del daño ambiental de la Cuenca” y los instó a tomar “decisiones urgentes, definitivas y eficaces”.
Además, obligó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a realizar un programa que contuviera los objetivos de la mejora de la calidad de vida de los 4,5 millones de habitantes de la Cuenca; la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
Llevó por nombre «Beatriz Mendoza», en honor a una de las que litigó originalmente en la causa, junto a vecinas y vecinos de Villa Inflamable, probadamente afectados por la contaminación de la cuenca. El mes pasado, al cumplirse 15 años del fallo, Beatriz habló con Tiempo: “La demanda que presentamos visibilizó una problemática ambiental muy importante y sirvió para que los vecinos se dieran cuenta de que pueden reclamar. Que si se juntan hacen valer más sus derechos. Pero al mismo tiempo estamos en una situación semejante al punto de partida porque no se logró llevar a fondo el proceso por el cual la causa se inició que es la salud de las personas. En ese punto no hay mucha diferencia a lo que pasaba en 2008, lo que generó que la gente se enfermara sigue vigente, sobre todo la contaminación industrial. La misma Corte no se hace cargo de que se cumpla la sentencia”.
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