Imputan a cuatro militares por denuncias de abuso sexual en el Ejército

Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2021 y se dieron a conocer públicamente esta semana. Las mujeres que denunciaron tienen entre 21 y 24 años.

El fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, imputó por abuso sexual, lesiones agravadas por violencia de género y otros delitos al jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 12 de esa ciudad entrerriana, teniente coronel Juan Facundo Candiotti, y al suboficial Víctor Hugo Mercado, detenidos el martes tras denuncias por abusos sexuales y hostigamientos, amenazas, destrucción de pruebas y falso testimonio. También incluyó en la acusación a otros dos militares.

Así lo indicaron fuentes judiciales y precisaron que Mercado fue imputado por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante, lesiones psicológicas agravadas por violencia de género, amenazas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, desobediencia y mal uso de elementos del Estado”.

En tanto, Candiotti y otros dos militares fueron imputados por “incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado por la calidad de funcionarios públicos y lesiones psicológicas agravadas por violencia de género”.

Los dos nuevos imputados se desempeñaron como jefe del Regimiento entre 2020 y 2021; y el otro como encargado de la Unidad durante ese lapso.

También Candiotti es investigado por falso testimonio, tras haberse detectado que habría mentido en su declaración en la primera causa que investiga los hechos ocurridos mientras era segundo jefe -en 2021- y jefe del Escuadrón.

La Justicia detectó que el jefe militar destruyó pruebas, amenazó a testigos, y buscó entorpecer las tres investigaciones que se llevan adelante por abusos sexuales cometidos en ese Escuadrón.

Abuso: ¿qué se denunció?

Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2021 en el actual Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, exregimiento de Caballería de Exploración 12 del Ejército Argentino, en esa ciudad del sureste de Entre Ríos.

Por uno de los expedientes, ya se procesó a otro suboficial que prestó servicio hasta agosto de 2022 y la Cámara Federal de Paraná confirmó la situación; otra investigación está en curso, y por la tercera denuncia se efectuaron los últimos allanamientos y detenciones, recordaron las fuentes.

Las tres denunciantes -de entre 21 y 24 años- relataron hechos de abusos sexuales, que incluyeron tocamientos, hostigamiento permanente y amenazas para evitar que efectúen las denuncias.

Una de ellas renunció a la carrera militar, mientras que las otras dos siguen dentro de la fuerza, aunque aseguraron que tienen temor por posibles represalias por las denuncias efectuadas desde principios del 2021.

Jésica, una de las denunciantes, relató al canal C5N que los abusos comenzaron en 2016 y que, en ese momento, informó la situación en el cuartel, donde le dijeron que iban a tomar “medidas por todo lo que estaba pasando” pero, apuntó, “no fue así”.

En cambio, dijo, recibió maltratos y burlas de parte de Mercado -a quien denunció como abusador- y también de otros compañeros.


Según la acusación fiscal que se dio a conocer hoy, entre el 18 y el 20 de julio de 2016 Mercado ingresó al baño del regimiento donde se encontraba la joven e intentó besarla a la fuerza; en otra oportunidad le insistió para iniciar una relación.

En enero del 2021, un compañero le contó a la joven que Mercado usó las cámaras de seguridad para filmarla mientras ella se encontraba en la pileta del casino con su familia y que compartió esos videos.

Cuando la víctima intentó obtenerlos, le aseguraron que no los iba a conseguir y que recibiría sanciones si continuaba investigando, lo que le generó convulsiones por los nervios y tuvo que ser internada, siempre según la denuncia.

El fiscal federal Rebollo consideró en el texto donde requirió las imputaciones que en el Regimiento existía “un entramado de prácticas y conductas tendientes a ocultar y con ello sostener el no esclarecimiento de hechos de violencia sexual, basados en cuestiones de género”.

Se trata de “actos de violencia sexual, psicológica y simbólica contra mujeres y que fueron ejecutados en el ámbito laboral donde las partes cumplían funciones en un contexto con desigualdad de rango y estricto orden jerárquico de la fuerza”, remarcó el fiscal.

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