Los haberes previsionales retrocedieron un 27% en términos reales y la obra pública resignó un 78%. Las universidades perdieron un 27%. Del otro lado cayó la recaudación de todos los impuestos ligados a la actividad.
Según esos datos oficiales, durante el mes de abril, los ingresos superaron a los gastos corrientes del Estado nacional por un total de $264.952 millones. A la hora de contabilizar los pagos de deuda externa el resultado continúa siendo positivo en tanto las erogaciones por ese concepto alcanzaron en abril el equivalente a $247.543 millones dejando como saldo un superávit financiero de $17.409 millones.
El resultado se obtuvo a pesar de una sensible caída de los ingresos del orden del 6,5% en términos reales. Por eso el superávit se obtuvo con una contracción de los gastos muy superior que, efectivamente, alcanzó en términos reales un 23,7%. En otras palabras, en abril el Estado gastó un peso menos por cada cuatro que se gastaban hace un año.
Así las cosas el superávit fiscal que se registró se explica en una fuerte contracción del gasto. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “todas las partidas del gasto disminuyeron” aunque, destacan, “el componente principal es la reducción de las jubilaciones y las obras de infraestructura que explican el 37% y el 27% del total del ajuste”, respectivamente.
Del otro lado, en el marco de una fuerte recesión y caída del consumo, lo cierto es que los ingresos podrían haber retrocedido mucho más de lo registrado si no fuera por el incremento del impuesto PAIS aplicado ahora sobre el conjunto de las importaciones que saltó un 210% en términos reales. De hecho, estiman desde el CEPA, si no se tomara en cuenta ese tributo lejos del superávit celebrado se hubiera registrado un déficit de $245 mil millones.
Es que los ingresos tributarios vinculados con la actividad económica interna mostraron en abril una fuerte contracción. El IVA, uno de los principales tributos que alcanzan al conjunto de los consumidores, mostró un retroceso del 8% en términos reales mientras que los aportes a la seguridad social se derrumbaron un 18%.
El impuesto a las ganancias, habida cuenta de la resolución adoptada en septiembre de 2023 por el Congreso Nacional que eximió a poco más de un millón de trabajadores asalariados de ese tributo registró un derrumbe del 37% pero, a la vez, bienes personales se desplomó un 66%.
Los impuestos que sí mostraron incremento con relación al año anterior fueron aquellos vinculados al comercio exterior. Las retenciones a las exportaciones lo hicieron debido, por un lado, a la fuerte devaluación de la moneda y, por el otro, a que la base comparativa es con abril del año pasado cuando las exportaciones agropecuarias se derrumbaron producto de la sequía. Además, la recaudación por el impuesto PAIS saltó un 210% como resultado de las modifiaciones implementadas por esta administración que amplió el alcance del tributo al conjunto de las importaciones así como su alícuota.
Pero la clave, está dicho, está en el gasto. Las partidas para jubilaciones resignaron en un año un 26% en términos reales como resultado de la aplicación de la fórmula de actualización anterior (que integraba salarios y recaudación con un rezago de un trimestre y en un contexto de fuerte recesión) que no fue recompuesto por la nueva actualización atada a la inflación del ante último mes. Por eso, ese ahorro explica el 37% del ajuste total. La obra pública cayó un 78% en términos reales explicando otro 26% del ahorro así como el recorte de subsidios energéticos que se redujeron en un 13% en términos reales y los del transporte que cayeron un 17%.
El ajuste sobre las universidades nacionales llegó al 27% en términos reales y explicó un 4% de la reducción del gasto. Allí los salarios juegan un papel preponderante en tanto representan entre un 85% y un 90% de las partidas totales y cayeron casi un 40% en términos reales. Las provincias aportaron un 9,2% del ajuste en tanto las transferencias no automáticas se contrajeron un 73% en términos reales.
En definitiva, según las conclusiones del informe que el CEPA realiza sobre los datos oficiales, “con un superávit fiscal acumulado de $4,1 billones en el primer cuatrimestre del 2024, el gobierno está sobre cumpliendo las metas con el FMI, sin considerar los costos sociales que esto implica”. Para los analistas, sin embargo, “es crucial equilibrar este cumplimiento de metas con la sostenibilidad a largo plazo pero a su vez asegurando que el peso del ajuste no recaiga de manera desproporcionada sobre los sectores más vulnerables de la población”.
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