La propuesta para despenalizar la interrupción del embarazo ya cuenta con 100 votos a favor. En un escenario de paridad, muchos legisladores prefieren no anticipar su postura. El silencio es parte de la estrategia para evitar presiones. La contabilidad provisoria indica que unos 57 legisladores y legisladoras aún no tomaron posición. El lobby de los grupos antiabortistas.
Por ahora, los diputados que rechazarían el proyecto también serían 100. Y hay 57 que no han definido su posición. Más allá de esta foto que predice una votación reñida, lo cierto es que algunos de los legisladores que anticiparon su voto en contra o que se esfuerzan por no mostrarse como indecisos van a terminar acompañando el proyecto. Dependerá, desde ya, del clima social y de la posibilidad cierta de que la norma pueda ser aprobada.
Los distintos grupos de militantes antiabortistas, dispuestos a mantener el statu quo de abortos clandestinos, trabajan con intensidad en los pasillos del Congreso. También lo hacen en cada provincia y en cada pueblo. Ante este escenario, diputados del interior de la provincia de Buenos Aires y de las provincias del norte argentino prefieren esconder su jugada. «Si digo que voy a votar a favor, la iglesia y el cura de mi pueblo no me van a dejar en paz y me van castigar en los medios locales. Por eso prefiero no adelantar mi voto», le confesó un diputado del interior de la provincia de Buenos Aires a Tiempo.
Entre las encargadas de llevar el «poroteo» advierten, sin dar nombres, que no se trata de un solo caso. «Muchos tienen presiones de las provincias que representan y no quieren decir nada hasta que el tema llegue al recinto. No se la quieren jugar antes de tiempo», explican. Pero nadie se anima a anticipar cuál será el resultado.
El detalle de la votación en Diputados será esencial para saber qué es lo que pueda pasar en el Senado en caso de que la norma obtenga la media sanción. Las chances de que el proyecto sea aprobado en la Cámara Baja se sustentan, entre otras cuestiones, por el gran número de legisladores y legisladoras que aportan la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe al cuerpo. En tanto, en el Senado la representación es igual en todas las provincias, por lo tanto el escenario se presenta más complejo.
En la Cámara Baja las diputadas que llevan la cuenta advierten que ninguno de los diputados de San Juan, San Luis, La Rioja y Salta votarán a favor. «Marca una tendencia de las provincias del norte», explican, aunque se ilusionan con alguna ausencia a la hora de la votación. En ese contexto, lo que por ahora no parece determinante en Diputados debido al bajo porcentaje de votos que representan estas cuatro provincias puede ser demoledor para las chances de aprobar el proyecto de ley en el Senado.
El debate formal comenzará en Comisiones el próximo 20 de marzo y, en principio, llegaría al recinto a fines de mayo o principios de junio.
La falta de impulso político por parte del partido de gobierno o de la fracción opositora mayoritaria (FpV) aparece como un obstáculo más para superar por parte de las impulsoras del proyecto. Porque en el caso del Frente para la Victoria, es cierto que un alto porcentaje del bloque votará a favor, pero también es cierto que formalmente y como bloque no se ha definido. La decisión tiene que ver más con discusiones de tiempos y estrategias que con la cuestión de fondo, pero igualmente pesa dentro de la lógica interna del Congreso.
La historia parlamentaria reciente muestra que sin la decisión política del espacio mayoritario, en aquel entonces el FpV, ni el matrimonio igualitario, ni la ley de identidad de género sólo por poner dos ejemplos que vienen al caso habrían sido sancionados. Desde la Campaña son conscientes de esta diferencia pero sostienen que una vez comenzado el debate «todo puede suceder».
Y recuerdan el 15 de julio de 2010, cuando después de 15 horas de sesión ininterrumpida, tres meses de discusión en comisión, y tres años de campaña de la comunidad gay-lésbica, el Senado aprobó a las 4 de la madrugada el proyecto de ley que estableció la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan casarse en igualdad de condiciones que las heterosexuales. Hubo una votación ajustada: 33 a favor, 27 en contra y tres abstenciones. «
La paridad salarial va al Congreso
por Randy Stagnaro
El proyecto de ley que anunció el presidente Mauricio Macri el 8M, con el cual busca alcanzar la equiparación de género en materia salarial, presenta fallas de origen, al menos en los puntos que hasta ahora han trascendido.
Macri adelantó que el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso incluye «cambios para avanzar hacia la equidad» entre hombres y mujeres, con énfasis en el «salario igualitario».
Según los expertos, la falta de un salario igualitario es un asunto con menor presencia entre los trabajadores convencionados. «No es que no la haya, sino que entre los trabajadores convencionados esa diferencia tiene un alcance menor. No es el supuesto más generalizado», explicó a Tiempo Luis Campos, director del Observatorio del Derecho Social (ODS) de la CTA Autónoma.
Campos detalló que la disparidad salarial en perjuicio de las mujeres se da por dos vías. De un lado, por la actividad en la que las mujeres participan de forma mayoritaria, caso del servicio doméstico, y cuyo nivel salarial es más bajo que otras en las que las mujeres son minoría.
Del otro, por el «techo de cristal», es decir, la falta de oportunidades para que las mujeres accedan a cargos de mayor responsabilidad y, por lo tanto, mejor pagos, una situación que se observa en prácticamente todos los ámbitos sociales.
Además, Campos apuntó a un aspecto central. «Lo que ha trascendido del texto del proyecto es que se pone en cabeza de la mujer la iniciativa de la denuncia de la disparidad salarial en forma individual. Es decir, la mujer deberá enfrentar en soledad no sólo a su empleador sino que, de alguna manera, se trataría también de una denuncia contra sus propios compañeros de trabajo varones», indicó el experto.
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