Aborto legal significa menos costos para la salud pública

La carta que pretenden jugar algunos senadores que rechazan el aborto legal es la precariedad de las finanzas provinciales ante un escenario de ajuste al momento de implementar la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Integrantes de la CGT también dejaron trascender su preocupación por el supuesto «costo» de garantizar el derecho al aborto en las obras sociales. Es por eso que el Ministerio de Salud está realizando un estudio para ponerle números a la implementación de la práctica.

Por lo pronto, Tiempo accedió a un informe elaborado por la senadora chubutense Nancy González (FpV-PJ), según el cual la legalización del aborto implicaría una reducción del 43% de los recursos que actualmente destina el sistema de salud pública a atender complicaciones resultantes de abortos clandestinos.

Si bien Rubinstein ya expuso en Diputados las cifras sobre egresos hospitalarios por abortos que se producen en el país, el senador oficialista Esteban Bullrich sostuvo: «No creo en las cifras que dicen que la legalización del aborto reduce la mortalidad materna». Desde el Ministerio aclararon que no responderán a las afirmaciones de legisladores de ninguna fuerza política, y anticiparon que los datos ampliados se conocerán cuando el ministro de Salud exponga ante el plenario, la última semana de julio.

Desde el despacho de González, quienes elaboraron el informe titulado «El costo del aborto inseguro» aseguran que «con la información oficial disponible es posible afirmar que la aprobación del proyecto de IVE implicaría una utilización más justa y eficiente del presupuesto de la salud pública», y afirman que el costo para el sistema se reduciría, como mínimo, un 43% si el aborto fuese legal, seguro y gratuito, y un 55% si además el Estado produjera misoprostrol.

Según un análisis de la Encuesta Permanente de Hogares y del Ministerio de Salud, del total de los abortos que se realizan en el país cada año (estimado en 450 mil), el 35% corresponde a personas gestantes sin cobertura y que, por lo tanto, recurren al sistema de salud pública cuando sufren complicaciones. Eso permite estimar un total de 157.500 interrupciones voluntarias de embarazos de las que se haría cargo el Estado.

En base a estadísticas de algunas ciudades y muncipios (Rosario, San Martín y la Ciudad de Buenos Aires) y el conocimiento práctico de médicos y médicas que trabajan en instituciones de salud pública y aportaron su testimonio para el informe, se relevó que el 70% de las interrupciones legales de embarazos que se solicitaron por causales habilitadas fueron resueltas con medicamentos de forma ambulatoria, y otro 30% de los casos, con medicamentos más la técnica de aspiración manual endouterina (AMEU).

Al sumar los abortos que ya se practican y que por complicaciones terminan en el sistema de salud público, más los abortos no punibles tratados con distintos métodos, se estima que la práctica demanda como mínimo un total de 1077 millones de pesos, de los cuales un 79% corresponden a los costos de abortos clandestinos que requirieron internaciones en hospitales públicos.

Desde el despacho de la senadora, explican que «aun subestimando los costos de las internaciones, la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo implicaría, como mínimo, una reducción del 43%» respecto de lo que le cuesta hoy al sistema público solventar la atención posterior de las mujeres obligadas a abortar en condiciones no seguras.

«Además, el Ministerio de Salud de la Nación paga por los comprimidos de Oxaprost (la marca comercial del misoprostol) el mismo precio de venta para el público en general. Si el Estado nacional lo produjera, podría reducir un 50% el costo que actualmente paga por esta droga al único laboratorio que monopoliza su producción y comercialización. En este caso, el costo hospitalario total se reduciría en un 55%», aseguran.

Desde el equipo de asesoras de González aclaran que para llegar a esa conclusión se estimaron, tanto los costos de internación en el sistema público de salud, como el de horas de trabajo médico. Ante la imposibilidad de calcular el costo de internación en hospitales públicos, se fijó un costo por hora laboral de 500 pesos para la atención de intervenciones ambulatorias en el caso de la AMEU, y un costo de internación de 3000 pesos por día para las pacientes que sufren complicaciones por abortos clandestinos. «Con estos montos intentamos demostrar que, aun subestimando los costos de las internaciones que podrían implicar cirugías, terapia intensiva y cuidados intensivos, los resultados son claros respecto de la conveniencia de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito», concluyeron.

Otro indicador que abona la necesidad de avanzar con una ley es que  «desde la aplicación de los protocolos, ha descendido la cantidad de hospitalizaciones y cada vez más casos se resuelven de forma ambulatoria en el nivel de atención primaria (centros de salud) sin necesidad de acudir a hospitales. Esto demuestra que no sólo es más seguro y menos invasivo para las pacientes, sino también menos costoso para el sistema de salud», abundaron. En el caso de Rosario, el 71% de los casos hoy legales se resuelven sólo con medicamentos en los centros de atención primaria, según el sistema automatizado de Internación del  Área de Estadísticas de esa ciudad.

«Es erróneo pensar que hoy el Estado no destina recursos a la atención de abortos y que pasaría a destinarlos si se aprobara la ley», destacan desde el despacho de la senadora chubutense.  En efecto, más de 47 mil abortos inseguros provocan internaciones. Eso sin hablar de las 43 muertes por año que generan esas prácticas en la clandestinidad.

La legalización no sólo implicará salvar vidas sino también reducir la cantidad de internaciones con complicaciones y altos costos. «

“Hablar de gasto es despiadado y violento”

La senadora Nancy González criticó a los sectores que se pronuncian en contra del derecho al aborto por  supuestas cuestiones económicas. «Hablar de gasto cuando está en juego la vida de miles de mujeres me parece, por lo menos, despiadado y violento», sostuvo. Es por eso que desde su equipo elaboraron el informe sobre «El costo del aborto inseguro».

-¿Las provincias van a sufrir costos adicionales por implementar la IVE?

–No, y, de hecho, según el informe que realizó mi equipo de trabajo, los costos se verían reducidos en un 43%, aun subestimando los costos de las internaciones en hospitales públicos. Los representantes de las provincias con mayor resistencia a la ley deberían prestar más atención a los números: en el norte del país, la cantidad de egresos hospitalarios por abortos está por encima del promedio nacional. También los embarazos adolescentes. Cuanto más grave es el estado de salud de la gestante, más elevado es el costo que demanda su atención sanitaria.

–¿Hay resistencia del sector privado al proyecto?

–Durante las investigaciones que realizó mi equipo para elaborar el informe, encontramos algunas publicaciones que aseguran que el negocio de los abortos clandestinos mueve cerca de 15 mil millones de pesos al año en la Argentina, producto de unas 350 mil mujeres que son atendidas por profesionales de la salud en consultorios ilegales. Por su parte, la industria farmacéutica (en este caso un único laboratorio que tiene el monopolio de la producción y comercialización de misoprostrol) vende una caja de 16 comprimidos a más de $ 2700 y genera al año unos $ 1235 millones. Ahora, pensemos que un aborto realizado en una clínica clandestina cuesta un promedio de $ 30 mil, esto representa 8,5 veces más dinero de lo que cuesta un aborto con pastillas para casos no punibles (ILE) en el sistema público de salud. La resistencia de las empresas privadas es lógica porque se les termina un gran negocio.