Este martes se tratará en el Senado la media sanción para legalizar el aborto. Un paso necesario para la democracia argentina.
Una de las especulaciones más grandes fue la del senador de Río Negro Alberto Wereltiknek, quien pedía modificaciones en el proyecto para garantizar su voto. “Es importante aclarar que no, que no es así, que no se está evaluando tocar el texto, que se va a votar el proyecto que llegó y que había sido trabajado previamente con senadores y senadoras de todos los bloques en el momento que trabajamos en el dictamen en la Cámara de Diputados y Diputadas”, subrayó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para dar por finalizada las versiones encontradas al respecto.
Desde principio de este año, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciaba que la situación era cada vez más delicada en términos de cifras de abortos clandestinos. La situación aumentó con la pandemia, fundamentalmente, a causa de un acceso dificultoso a los hospitales públicos en busca de métodos anticonceptivos. Según los datos de Socorristas en Red, elaborados a través de su observatorio Clandestinas No, en ocho años de su fundación realizaron 40 mil acompañamientos sistematizados, de los cuales 7 mil fueron realizados durante la pandemia. La urgencia es cada vez más grande.
“No estamos discutiendo posiciones personales en relación a la experiencia particular del aborto, sino planteando cuál será la respuesta del Estado argentino a aquellas personas cuyas circunstancias de vida las llevan a decidir la interrupción de un embarazo”, dice la Campaña desde un comunicado emitido este sábado y que cuenta con el apoyo de más de 700 organizaciones políticas, sociales, feministas, de mujeres, LGBTTTIQ+, sindicales, académicas, estudiantiles bajo una consigna integral: Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar y Aborto Legal para no Morir. “Podemos dar un salto cualitativo en esa respuesta, y garantizar acompañamientos respetuosos, escucha, servicios de salud de calidad. O podemos ignorar que el problema del aborto existe, y seguir condenando a esas mujeres, niñas y otras personas gestantes a abortar en la clandestinidad y sin servicios de salud adecuados. Este momento es bisagra: está en sus manos la posibilidad de cambiar la historia. La ley IVE no obliga a nadie: la falta de regulación de esta situación obliga a caer en la enfermedad, en la cárcel o en la muerte”, continúa el pedido de las mujeres.
Los paladines antiderechos.
El senador formoseño José Mayans fue uno de los encargados de entorpecer sistemáticamente las exposiciones en las Plenarias Informativas del Senado. El representante de su provincia olvida que Formosa no sólo tiene uno de los índices más altos de mortalidad materna y de embarazo infantil, sino que además de eso, no está adherido al protocolo ILE y tampoco a la ley de Educación Sexual Integral.
Es lo mismo que sucede en Tucumán, que en el Senado tiene como una de sus representantes a Silvia Elías de Perez, quien habló de abortos a los nueve meses. “Antes de la semana 24 es aborto, después de la semana 24 es parto prematuro”, señaló la tocoginecóliga Stella Manzano. Tucumán, además de tener dos casos emblemas de vulneración de derechos como lo son el caso Belén y el caso Lucía, no adhirió al protocolo ILE, tampoco a la ESI y este año hubo que batallar para que autoricen la ley Micaela.
Las cifras
El estudio “El aborto en cifras”, de Mariana Romero y Silvia Moisés cita el último dato arrojado por la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), los abortos rondan los 450 mil casos al año. Los últimos datos disponibles de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de Nación, arrojan que, en promedio, entre 2010 y 2017 se produjeron en el sistema público 45.604 egresos hospitalarios por abortos incompletos por año en nuestro país, donde el aborto representa la tercera causa de muerte materna.
Además de un descenso significativo en las cifras de mortalidad, el costo total para salud también se reduce. De acuerdo al mismo estudio, el costo total de tratamientos por abortos incompletos alcanza la suma de $2.586.000.000 al año. Esto arroja un costo promedio por aborto clandestino de $56.700, que tiene una diferencia enorme con el valor de una caja de misoprostol. El aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito.
Son horas decisivas para la democracia y es una segunda oportunidad histórica para los legisladores que les dieron la espalda a miles de mujeres. No es momento de especulación política, es momento de apostar por la vida y la libertad de todas las mujeres y personas gestantes sobre su propio futuro. El país no quiere más mujeres muertes por abortos clandestinos. Es la hora de la democracia. Que sea ley. «
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