Aborto: fuerte presión de sectores conservadores a legisladores indecisos

En un tablero de paridad inestable, las diputadas y diputados de todos los bloques que se cargan al hombro la tarea legislativa de lograr la media sanción en la Cámara Baja de una ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito, apuestan a que sus pares que no tengan una posición militante antiderechos vean la maratónica sesión del próximo miércoles desde sus casas. Muchos indecisos ya dieron el sí, pero lo harán público esa misma jornada para evitar presiones de la Iglesia y sus brazos laicos, que durante estos días intensificaron el tono amenazante de sus mensajes hacia los legisladores.

Los conteos de un lado y del otro también son terreno de operaciones. Si bien es verdad que a principios de la semana había sólo siete indecisos, las presiones surtieron efecto y el número subió a 14. Los cuadros de Excel de los diputados y militantes por el derecho a la interrupción legal del embarazo cambian a cada rato. Llamados, reuniones, corridas y la necesidad de cuidar lo ganado son la consigna de todos los legisladores del núcleo duro del plenario de comisiones.

Durante esta semana se juntaron día por medio, y varias horas cada vez, las cuatro primeras diputadas firmantes del proyecto, Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Mónica Macha (FpV) y Romina Del Plá (FIT), más Cecilia Moreau (FR), Carolina Moisés (Bloque Justicialista), Mayra Mendoza (FpV) y el presidente de la comisión de cabecera del plenario, Daniel Lipovetzky (PRO), junto a sus respectivos asesores. De allí surgió el predictamen del proyecto, con modificaciones que lograron sumar firmas para el martes y votos para el miércoles.

La clave a la que apuntan para llegar fortalecidos al recinto está en el alto número de firmas que puede juntar el predictamen de mayoría –algunos entusiastas esperan obtener 60 firmas a favor–, en contraste con el breve texto de minoría que sólo desaprueba el derecho al aborto, pero no propone ninguna iniciativa para resolver las muertes que produce la clandestinidad.

Militancia vs. lobby

El derecho al aborto ganó el debate en amplios sectores sociales que se expresaron de manera pública en la calle, las redes, los medios y el plenario de comisiones. La última y más contundente muestra fue la marcha del 4 de junio, que encolumnó al movimiento feminista detrás de una de sus históricas demandas. Del lado de enfrente, los sectores antiderechos realizaron pocas y ralas movilizaciones, mientras que sus campañas en las redes, como la de «salvemos las dos vidas», fueron poco efectivas y no atrajeron a figuras de peso de ningún ámbito. Hicieron entonces lo que mejor saben hacer: lobby.

Estas prácticas políticas requieren anonimato –como el remitente de la diputada de Cambiemos que envió cajitas con fetos de plástico a todos los despachos– y presión política, que se ejerció de manera formal a través de llamados de las cúpulas eclesiásticas provinciales, o informal con el envío masivo de videos y fotos de fetos que llenaron las memorias de los teléfonos y las casillas de mail de los diputados que todavía no habían tomado posición pública.

«Es innecesario todo esto. Un legislador debe decidir no en base a las presiones, que siempre las hay, sino de lo que surgió del debate. Tres ministros de Salud de distintos gobiernos explicaron la necesitad de legalizar el aborto como cuestión de salud pública e la Argentina. Votar en contra de ese argumento es injustificable. Salvo que sea una cuestión dogmática. Y nosotros no podemos votar por presión o por dogma», sostuvo Daniel Lipovetzky, diputado oficialista, firmante del proyecto y conductor del plenario que sostuvo el debate durante dos meses.

A las presiones que mencionó Lipovetzky, «sobre todo en el interior», se suman otras mucho más sensibles. Ginés González García, uno de esos exministros que expuso durante el debate, tuiteó: «Increíble. Están atacando en todo el país a los hijos  de diputados que apoyan la despenalización del aborto». Los diputados tucumanos ya habían sido interpelados  directamente por sus nombres por el arzobispo Carlos Sánchez durante el tedeum del 25 de mayo. La cordobesa Silvia Lospenatto, oficialista y a favor de la ley, sostuvo que «algunos diputados que envían a sus hijos a colegios religiosos de algún modo fueron intimados a votar en contra».

Desde luego, la información científica y estadística expuesta en el debate no penetra en muchos de sus colegas, como el radical riojano Héctor Olivares, quien se jacta de no haber escuchado a ninguno de los expositores, ni a favor ni en contra, porque, argumentó, «ya tenía decidido votar en contra» a partir de sus creencias religiosas.

La UCR es, sin dudas, el bloque más convulsionado por estos días. Hacia adentro se enfrentan la tradición más laica, heredera de la pelea alfonsinista por la ley de divorcio vincular, expresada por Brenda Austin, con otro sector conservador y católico, que sostienen Gabriela Burgos u Horacio Goicoechea, quien podría ser nombrado presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria con el Vaticano.

Las palabras de Mario Negri a favor de la despenalización fueron un gran punto a favor, ya que su posición como presidente del bloque puede ser aprovechada por diputados que deseen ampararse en la organicidad. Su pronunciamiento también sirve para poner freno a los inflados conteos de Nicolás Massot, jefe del bloque del PRO, quien le insistía en que los anti abortistas sumaban 131. «El Senado organiza los silencios», dijo, enigmático, en el brindis con los periodistas. Es que en la otra cámara, la senadora Silvia Elisa de Pérez procuraba coordinar con la diputada Burgos una fallida carta pública en la que se intentó poner el sello partidario sobre una proclama antiderechos. El texto nunca salió a la luz, y el partido anunció que no va a pronunciarse de manera institucional. Del otro lado, respondieron Ricardo Gil Lavedra, Ernesto Sanz y Ricardo Alfonsín, quienes se pronunciaron a favor en sus redes sociales, pero también asumieron la tarea de llamar a legisladores. «Estamos 21 a 15», proyecta Austin.

Los peronistas también tuvieron su escasa recolección de firmas en contra del derecho de las mujeres a interrumpir de manera voluntaria el embarazo. Firmaron el senador Carlos Menem, el intendente de Resistencia Jorge Capitanich y el camionero Hugo Moyano.

Los legisladores antiderechos también son interpelados de manera pública e institucional. Le pasa a la diputada massista Carla Pitiot, quien también es secretaria de Género de la Asociación de Personal de Organismos de Control, y cuya posición antiabortista fue cuestionada por los y las trabajadoras de su sindicato. Lo mismo le ocurre al socialista santafesino Luis Contigiani, cuyo partido emitió un documento público en el que expresa que la mesa nacional del Frente Progresista Cívico y Social «aprobó por unanimidad un documento en el que reafirmó la histórica posición frente a la despenalización y legalización del aborto», e instó a su único diputado a apoyar la norma, pedido que se replicó en las redes bajo el hashtag #LuisVotáAFavor.

Recta final

Si bien es Buenos Aires el epicentro de las grandes movilizaciones de la «marea verde», el movimiento de mujeres ha impulsado el reclamo en todas las provincias, aun en territorios hostiles. Puede ser que en el norte sea más difícil el trabajo político, por la fuerte injerencia eclesial en la vida social y política, pero la diputada jujeña Carolina Moisés, por ejemplo, ha sido una de las más activas en el plenario.

La esperanza está en los legisladores jóvenes. Tras la apertura y aceptación social masiva que se produjo a partir del debate, muchos de ellos, de distintos partidos y con una larga carrera política por delante, podrían jugar callados y, a último momento, votar a favor. Para Mayra Mendoza, se va a recrear el mismo escenario del la votación del matrimonio igualitario. «Se terminó ganando cuando los que estaban en contra no vinieron. Ahora, los que están en contra y quieren seguir haciendo política, pueden faltar. Hay que comprender que esto es un mandato también de las próximas generaciones”.

El miércoles a las 11 comenzará la sesión que, sin cuartos intermedios, durará seguramente hasta la madrugada, cuando se devele el resultado de la primera gran prueba institucional de esta demanda histórica. Según se obtenga o no la media sanción en la Cámara Baja, se sabrá si para la Argentina habrá un camino más largo o más corto hacia la consagración final del derecho al aborto. «

Objeción y consejerías

El dictamen final es inclusivo. Agregó la restricción de la cláusula de objeción de conciencia, que atrajo firmas y votos, pero también añadió las consejerías, una forma de acompañamiento del Estado antes, durante y después del aborto.

En 22 artículos, el dictamen garantiza el derecho de las mujeres o personas gestantes al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. En el artículo 3, se fijan las excepciones por las cuales no correría ese plazo: por violaciones, ante riesgo de vida o de la salud de la persona gestante, o ante el diagnóstico de «inviabilidad de vida extrauterina del feto». Con esta última redacción se logró dar respuesta a los cuestionamientos respecto a la redacción original, que utilizaba la terminología «malformaciones fetales graves», y que para muchos expositores podía abrir la puerta a una suerte de plan eugenésico de vidas de personas con, por ejemplo, síndrome de Down.

El plazo máximo previsto en el artículo 7 para acceder a la interrupción del embarazo en el sistema de salud es de cinco días corridos desde su requerimiento.

El artículo 4 consigna que la decisión de proceder a la interrupción del embarazo «requiere el consentimiento informado de la mujer o persona gestante expresado por escrito», mientras que el artículo 5 se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo para personas gestantes menores a los 16 años.

El artículo 8 incorpora una novedad que es el de las consejerías de atención integral pre y post aborto, a cargo de equipos interdisciplinarios, una propuesta que estaba en el proyecto de Daniel Filmus (FpV) sobre aborto legal.

En el artículo 11 aparece la objeción de conciencia, que permitiría a profesionales de la salud «eximirse de la obligación» de realizar prácticas de interrupción de embarazos involuntarios, bajo la condición de que previamente estén inscritos en un registro de objetores que debe llevar cada establecimiento de salud. La objeción es personal, no institucional.