Tiempo recorrió el terreno ocupado por 200 familias. El 14 de enero, el grupo que gestionaba la venta ilegal irrumpió a los tiros. "Los delegados volvieron a aparecer", denuncian los vecinos. La situación judicial y la presencia del Estado como factor clave contra la violencia.
Al lugar no es fácil llegar, está en las afueras de González Catán, más allá de los cementerios, del Ceamse y del depósito automotor de la policía, entre la Autopista del Buen Ayre y el Ferrocarril Belgrano Sur. Se accede por caminos de tierra, con indicaciones de quienes habitan el lugar. En ese rincón del oeste del Gran Buenos Aires, hace un mes ocurrió una masacre. Las heridas aún están latentes, pero por acá no hay tiempo, la vida tiene que seguir. Como se pueda.
El 14 de enero, en el Barrio 8 de Diciembre de esta región de La Matanza, erigido en el predio de la tosquera, un grupo de gestores de tomas y venta ilegal de terrenos irrumpieron en una asamblea vecinal a los tiros, mataron a cinco personas e hirieron a otras seis. A un mes de la masacre, el fiscal Carlos Arribas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI), Temática de Homicidios, avanza con la investigación de los hechos, mientras el gobierno de la Provincia y la Municipalidad realizan un relevamiento de las familias. La presencia del Estado se vuelve un factor clave para disminuir la violencia.
El domingo de la masacre, a las 15.30, unas doscientas personas discutían en una reunión sobre cómo organizar el barrio que estaban construyendo en el terreno tomado. “Los delegados” –como se hacían llamar los integrantes del grupo que vendían las parcelas ajenas y controlaban la ocupación–, escuchaban armados el debate, desde afuera. El clima era tenso y de enojo. Un espacio que se había dejado libre para la futura construcción de una plaza iba a ser vendido por disposición de «los gestores».
Los vecinos no estaban de acuerdo. Además, acumulaban cansancio por otros manejos: no les permitían acercarse a la municipalidad ni contratar sus propias máquinas para remover la tierra. La asamblea se preparaba para elegir a sus representantes cuando comenzaron los disparos al aire. La gente respondió con palos y pedradas, pero desde una de las casillas de los delegados contestaron con más balazos.
Fueron asesinados Tomás Waldo Velázquez Chávez (28), Eduardo Rivera (23), Gregorio Mamani, Leonel Enzo Tuco Tapia (29) y Luis Fernando Bascope (16). La fiscalía identificó la utilización de un FAL (Fusil Automático Liviano) y una pistola calibre 9 milímetros. Tras la investigación, se encuentran detenidos Marciano Aguiar González, Juana Correa Villalba, Walter Escobar, Wilson “El Chino” Escobar, y un hombre que luego de la balacera quedó internado en grave estado en el Hospital Rivadavia y cuya identidad se desconoce porque está indocumentado. Permanecen acusados por la coautoría de homicidio agravado.
Natalia Gonzalez vive en la tosquera y es madre de una familia ensamblada de nueve niños: “Estuve en la asamblea el día de la masacre. Todavía están investigando. Estamos bien, el domingo la municipalidad hizo un censo. Las familias seguimos acá, somos como 200 viviendo ahora”.
Las organizaciones realizan ollas populares para sobrellevar el día a día. “El agua la sacamos del pozo y la electricidad nos llega, aunque se corta a veces. Los delegados volvieron a aparecer, mandan a sus hijos que se quedan en sus autos, miran y se van”, resume.
En el Barrio 8 de Diciembre no hay inmobiliarias, ley de alquileres o “libre voluntad de las partes”, como promueve el Mega DNU del gobierno de Javier Milei, de cuya administración no se acercó nadie para colaborar con la comuna y la provincia, ni en lo social ni en lo habitacional, en un contexto de crisis de la vivienda que se expande a todos los ámbitos y márgenes del país.
Para que exista el libre arbitrio debe haber igualdad de condiciones. “Yo estoy en el barrio desde hace un año porque no tengo donde vivir. Me construí una casita de madera y me traje a mi familia. Soy uno de los primeros, casi. Los delegados manejaban todo acá, vendían los terrenos a 1 millón o 2 millones de pesos. Pero muchas veces, después de venderlo, se lo sacaban a la gente a punta de pistola y los volvían a revender”, revela César Sorayre, uno de los vecinos.
Es albañil. Tanto él como Natalia llegaron al barrio sin casa propia. Ella acota: “antes de la toma alquilábamos, pero tuvimos que irnos porque la dueña iba a vender. Como los alquileres comenzaron a aumentar, una señora que estaba en la toma nos hizo entrar acá”.
Los delegados no sólo realizaban la compra–venta de inmuebles ajenos, sino que también suplían la obra pública. “No nos dejaban traer al municipio ni a las organizaciones. Ellos alquilaban la máquina para arreglar las calles por 35 mil pesos la hora, que después nos cobraban; a pesar de que nosotros, entre los vecinos, podíamos conseguir una más barata. Por esta razón con otras familias queríamos pedirle ayuda al municipio para que nos dé una mano y nos juntamos. Pero cuando se enteraron (los delegados), nos empezaron a amenazar. Finalmente, el tema se armó cuando en la última reunión designamos un tesoro y un secretario”, asegura Sorayre.
Las condiciones en la tosquera son de extrema vulnerabilidad. Durante la gestión anterior, el RENABAP (organismo que hoy depende del Ministerio de Capital Humano) relevó en González Catán unos 44 barrios populares, villas o asentamientos. Para ser tenidos en cuenta dentro del registro deben tener un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de sus habitantes no cuenten con título de propiedad del suelo ni acceso formal de dos servicios básicos.
Tras la masacre, los organismos públicos locales trabajan en la zona. El subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini, señaló que “el Municipio de La Matanza y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Infraestructura bonaerenses, a través de la Autoridad del Agua, recorrieron el lugar para hacer dos informes específicos: uno urbanístico, uno ambiental y otro hidráulico, que es información muy importante para la futura toma de decisiones”.
El fiscal Gastón Duplaá monitoreó un relevamiento del que participaron aproximadamente 200 trabajadores acompañados por los y las coordinadores territoriales, con el que apuntan a identificar tres grupos: la cantidad de familias que habitan en el lugar, otras que construyeron o están construyendo pero que no habitan, y las que declararon haber comprado y fueron estafadas.
La ocupación de la tosquera tiene alrededor de un año de existencia y está conformada por un loteo informal de terrenos. Gran parte de los habitantes fueron extorsionados por el grupo de «delegados», que se apropiaron del lugar y pusieron precios, que iban de los 20 hasta los 100 mil pesos. Los montos fueron subiendo con el correr de los meses.
Cuando ocurrió la toma, el Municipio de La Matanza realizó la denuncia, pero la causa no avanzó en la Justicia.
Habrá que preguntarse qué otros elementos se sumaron en el último tiempo para que lo de González Catán terminara en una masacre. En los primeros instantes del hecho, los grandes medios de comunicación difundieron versiones de que el origen fue un enfrentamiento entre la comunidad paraguaya y boliviana, sin embargo los testimonios de la toma y la querella descartan esa hipótesis.
Si bien una de las acusadas de liderar la banda, Juana Correa Villalba, es de Paraguay, las víctimas eran de diversas nacionalidades. “En la toma hay bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos. Todo pasó porque estábamos tratando de organizar el barrio y los delegados no querían, porque saben que si entra el municipio ellos no pueden vender las tierras porque es ilegal. Ellos se enteraron y nos vinieron a amenazar para que nos corramos”, remarca Sorayre. La investigación aún no arroja un vínculo directo de los hechos y el narcotráfico. Sin embargo, la querella contempla que la zona de la toma es estratégica para el control del territorio por parte de los narcos. La importancia del Estado es, otra vez, vital.
La situación de la crisis habitacional en tierras ocupadas en la zona no es una novedad. Lo que sí se convirtió en un punto de quiebre fue el grado de violencia de los gestores de la toma hacia los habitantes del lugar. En 2021, el Sistema Nacional de Información Criminal, registró 127 homicidios en La Matanza. Es decir, un promedio de 3 muertes violentas por semana. En enero de este año, ese promedio estuvo muy por encima en sólo un fin de semana.
El conflicto por la tierra es central, y puede decantar en más violencia, con un combo fatal: gente desesperada en busca de donde vivir, y otros que aspiran a hacer negocios con la necesidad ajena. De nuevo, la presencia del Estado (en el control y fiscalización, en la coordinación y propuestas habitacionales, y en el acompañamiento a las familias) se vuelve esencial. Sin Estado, un derecho se puede transformar en un negocio.
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