Lo asegura un estudio de la consultora E&R: la suba del dólar compensa con creces la suba en los derechos de exportación.
Así lo afirma la consultora Economía & Regiones, al actualizar su índice que mide el precio efectivo que percibe el sector agropecuario (ICOPESA). El estudio comparó la situación actual, luego de las alícuotas a los derechos de exportación establecidas en la Ley de Solidaridad Social y sus reglamentaciones, con la que regía en otros momentos de la historia reciente: el año 2008, cuando se produjo el conflicto entre las autoridades y la dirigencia del sector agropecuario; el promedio del último gobierno kirchnerista, entre 2012 y 2015; el cambio de gobierno; y el promedio de la gestión macrista. En todos los casos, el índice de diciembre de 2019 supera al de esos momentos, con márgenes de entre 7,6% y 44,5%.
Buena parte de la diferencia es atribuible al tipo de cambio, que en los últimos cuatro años se multiplicó por seis. Mientras a fines de 2015 los exportadores recibían 9,70 pesos por cada dólar, antes de que se les practicaran las retenciones, ahora consiguen casi 60 pesos.
Esto no significa que el sector haya salido indemne del cambio regulatorio: entre noviembre y diciembre, con la aplicación de las nuevas disposiciones, la competitividad cayó 14%. Si se agrega la variación de los precios internacionales, el efecto es mayor en algunos casos particulares, como el aceite y la harina de soja (caen 23% y 15,5% respectivamente), mientras en otros granos, como el maíz, la pérdida es sólo de 3%. En el rubro cueros, inclusive, la variación del índice es positiva en 0,4%.
La situación se podría complicar a mediados del año que viene si se cumple el escenario que prevé E&R: una inflación promedio de 4% mensualy una suba del dólar, utilizado como ancla de precios nominales, de sólo 1% mensual. En ese caso, para junio de 2020, en época de la cosecha gruesa, la competitividad bajaría otro 9% y se ubicaría por debajo del nivel promedio durante la presidencia de Mauricio Macri. No obstante, “la mayoría de los sectores, salvo excepciones, en junio 2020 seguirían estando mejor que en 2017, 2015 y 2018 y también mejor que durante toda la segunda presidencia de CFK”.
Así presentados, los números parecen relativizar la chance de que existan protestas masivas como las de 2008, cuando el kirchnerismo debió desistir de su proyecto de retenciones móviles. Sin embargo, el informe de E&R, elaborado por los economistas Verónica Sosa, Diego Giacomini y Sophia Parnisari, es lapidario en su opinión sobre el nuevo esquema de derechos de exportación, al que compara con el ajuste fiscal de la Alianza, hace ya dos décadas: “La ley de emergencia económica es, entre varias cosas, un impuestazo sin precedentes que pretende recaudar recursos tributarios marginales por aproximadamente 1,7% del PBI, lo cual es un 54% mayor que lo que inicialmente proyectaba recaudar el impuestazo de José Luis Machinea”.
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