A contramano del bienestar social

En la semana se determinó la apertura de las importaciones de alimentos, bebidas, productos de limpieza, cuidado e higiene personal y medicamentos. Según la información oficial, en los hechos esta iniciativa se manifiesta en la reducción de los plazos de acceso al mercado de cambios para el pago de las compras al exterior. Además de ello, se establece la suspensión de impuestos que gravan a estas operaciones.

Cabe recordar que el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo particular hincapié en que los precios de los productos de consumo masivo no reflejan hoy la nueva realidad económica. De allí que en fuentes oficiales se expresó que la medida definida «alentará la importación de productos de la canasta básica cuyo precio en el mercado local sea superior al precio internacional, lo que contribuirá a una mayor competencia y, en consecuencia, a una caída en la inflación y en el nivel de precio de estos productos».

Una iniciativa que contradice la visión oficial de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. En una industria concentrada, como es la de los alimentos, la puja distributiva como causal inflacionaria ejerce un rol preponderante.

En respuesta a la medida comentada, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) emitió un comunicado en el que expresa que «se pretende disciplinar a las grandes corporaciones recurriendo a la liberalización importadora, (pero) con beneficios impositivos para las multinacionales que ingresarán sus productos al país, provenientes de las casas matrices de esas mismas empresas que aumentan los precios localmente. Es decir, se beneficia el trabajo extranjero mientras se da un golpe de gracia a la producción y el trabajo locales».

Adicionalmente, estas políticas van a contramano de lo que se está haciendo en varios lugares del mundo. En su reciente discurso anual ante el Congreso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un repaso de su gestión. Destacó, entre otras cuestiones, el «crecimiento histórico del empleo», el alza en la cantidad de ciudadanos con cobertura de salud, el aumento de los salarios (al tiempo que la inflación disminuye) y dejó en claro que «ahora en lugar de importar productos extranjeros y exportar empleos estadounidenses estamos exportando productos estadounidenses y creando empleos en Estados Unidos».

Biden hizo énfasis en el cumplimiento de la norma Buy American, un equivalente al Compre argentino (ley derogada en el DNU 70/23 firmado por el presidente Javier Milei), en la que Estados Unidos establece que los gastos e inversiones a nivel federal deben ser realizados con productos fabricados en ese país, por trabajadores estadounidenses.

En materia tributaria propuso «que las grandes corporaciones y los muy acaudalados empiecen a pagar lo que les corresponde» y «aumentar al menos hasta el 21% el impuesto mínimo empresarial y un 25% para los multimillonarios». «Un código tributario justo es la manera en la que invertimos en las cosas que hacen grande a un país: atención a la salud, educación, defensa», concluyó el mandatario estadounidense.

Las expresiones vertidas por empresarios y funcionarios en el encuentro que organizó la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) van en otro sentido. El presidente de la Cámara, Facundo Gómez Minujín, sostuvo que «nos quisieron hacer creer que el Estado era el único capaz de sacar adelante a la Argentina», y continuó: «pero no, el único sector capaz de generar riqueza es el sector privado. Son las empresas quienes producen bienes y servicios, las que dinamizan la economía y son capaces de aportar valor y generar empleo de calidad». Coincidencia total con las ideas expuestas en las conferencias del presidente Milei.

Gómez Minujín también afirmó que «no es sostenible una economía basada en el subsidio a los alimentos, la salud, la educación, la seguridad, el transporte, la vivienda, el combustible, la luz y el gas». Una visión distinta a la que tiene el presidente del país al cual pertenecen las empresas que representa.

Mientras en Argentina el gobierno busca reducir la carga impositiva de las grandes empresas, en la Unión Europea (UE) se aplica desde enero pasado la tasa mínima de imposición del 15% para las empresas multinacionales con actividades en esa región. El Comisario responsable de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, señaló que «la entrada en vigor en Europa y en territorios de todo el mundo de esta histórica reforma constituye un paso importante hacia un sistema de imposición de las empresas más equitativo». Gentiloni anima a que el resto de los países apliquen estas reformas impositivas que podrían «generar 220.000 millones de dólares adicionales al año para ayudar a los países de todo el mundo a financiar inversiones cruciales y unos servicios públicos de alta calidad».

Inflación

Se conoció en estos días la variación mensual del IPC Nacional de febrero: 13,2%.

La inflación acumulada durante los primeros dos meses de 2024 es del 36,6% mientras que en el mismo periodo del año pasado fue del 13,1%. Lejos de la calificación de «numerazo», que efectuó el presidente Milei.

Si bien es cierto que durante el gobierno anterior se logró contener parcialmente el alza de precios y la inflación era alta, no es comparable con la situación actual. En ese entonces se llevaron a cabo diversas políticas públicas que morigeraron los efectos de la inflación. Podría discutirse si fueron suficientes, pero claramente se encontraban en las antípodas de lo que viene haciendo la gestión libertaria.

En su férrea convicción de que los precios de los bienes y servicios de una economía deben dejarse librados al «libre juego de la oferta y la demanda» (un libre juego que sólo existe en la teoría pero no se ajusta a la realidad), el gobierno decidió eliminar los subsidios al transporte y los controles a las tarifas de las empresas de medicina prepaga, y a los precios de los combustibles, los alimentos, los medicamentos y la educación, entre otros.

Con la recesión y la inflación, atada a la fuerte pérdida de ingresos, en especial los provenientes del trabajo y las jubilaciones, se entiende que UNICEF Argentina haya señalado en uno de sus últimos informes que, según sus previsiones para el primer trimestre de 2024, en nuestro país la pobreza infantil alcanzaría valores del 70% (actualmente, en un ya muy preocupante 57%) y la pobreza extrema el 34%. Lo fundamenta principalmente el que el presupuesto nacional destinado a niñez muestra, al día de hoy, una caída del 75% en términos reales.

El equilibrio fiscal es deseable, pero hay que apuntar a él por la vía del alza en los ingresos y no recortando gastos fundamentales. De seguir adelante con las actuales políticas, el gobierno de Milei llevará a una Argentina con mayor desempleo, pobreza y una calidad de vida cada vez más reducida. Es indispensable, por lo tanto, a través de los mecanismos democráticos establecer límites a las distintas iniciativas que se proponen desde el oficialismo y que afectan a las grandes mayorías.

Al respecto, el rechazo del Senado al DNU 70/2023 deja en claro que existe resistencia a las amenazas y a la imposición de temas (en busca de un eventual «acuerdo») que intentan instalar políticas que afectarán negativamente la vida de los argentinos y las argentinas. «