A 40 años de la muerte de Illia, un presidente signado por la honestidad y las fuertes críticas

“Honesto”. “Tibio”. “Defensor de lo nacional”. “Reformista moderado”. Muchas fueron las maneras de definirlo, dependiendo el lugar del que se hablara. En la antesala a la vuelta de la democracia, el 18 de enero de 1983, durante el verano de exactos 40 años atrás, fallecía Arturo Illia.

Su gestión como presidente, poco profundizada en el revisionismo histórico, es recordada por medidas como la anulación de los contratos con petroleras extranjeras firmados por Arturo Frondizi y el fortalecimiento de YPF; la sanción de la Ley de Medicamentos, que disponía el control de sus precios al considerarlos “bienes sociales”; las leyes de Salario Mínimo, Vital y Móvil y de Abastecimiento; la aprobación de la Resolución 2065 en las Naciones Unidas, fundamental en el reclamo de soberanía en torno a las Islas Malvinas; un fuerte impulso a la educación y una política económica que articulaba intervención estatal, distribución y fortalecimiento del mercado interno. Pero su gobierno también se encontró atravesado por enormes tensiones y conflictos, y búsquedas que en muchos casos no terminaron de profundizarse.

Pergaminense de origen y asentado en la provincia de Córdoba desde finales de los años veinte, acompañó su labor como médico con una activa militancia dentro del radicalismo. Fue opositor del conservadurismo en los ’30, cuando llegó a ser senador provincial, y luego vicegobernador de Córdoba entre 1940 y 1943, hasta la intervención provincial ordenada por la dictadura. En los años peronistas ejerció el cargo de diputado nacional y fue elegido gobernador en 1962, durante la presidencia de Frondizi, aunque no pudo asumir debido a una nueva interrupción del orden constitucional. Desde el Golpe de 1955 y el exilio de Perón, la creciente intervención de las Fuerzas Armadas en la política interna estaba orientada contra el peronismo, principalmente con la proscripción y la represión.

Producido el derrocamiento de Frondizi, asumió José María Guido, presidente provisional del Senado, quien continuó con una legislación represiva y proscriptiva hacia el peronismo, algo que favoreció la victoria de Illia por la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) con el 25% de los votos, seguido por un 19% de votos en blanco, en repudio a la proscripción.

A pocos meses de asumir la presidencia el 12 de octubre de 1963, los trabajadores sindicalizados encararon el llamado “Plan de Lucha”, una serie de huelgas con ocupación de establecimientos industriales. En este contexto, surgieron distintos agrupamientos de militantes que buscaban conformar guerrillas rurales, como el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), destruido por la Gendarmería. En 1965 se sumó el asesinato de tres obreros por parte de la policía y la suspensión de personerías a sindicatos como el del Calzado.

Los escenarios de tensión empeoraron y con ellos también la gobernabilidad. La desconfianza hacia la democracia, el conflicto entre las dos ramas de la UCR (la intransigente y la del pueblo) discutiendo qué postura adoptar frente al peronismo post 1955, la persistencia del apoyo popular a Perón y las diversas expresiones de su movimiento, y la presencia amenazante de las FF AA –en el marco de la Guerra Fría– se habían convertido en factores de presión.

Entonces comenzaron (y escalaron) las críticas desde amplios sectores políticos, mediáticos y empresariales, con una campaña basada en un reclamo: “modernizar” el país. Desde actores mediáticos como las revistas Primera Plana y Confirmado calificaban al sistema de partidos como una estructura anquilosada e ineficiente, a pesar de datos positivos en Economía, Salud y Educación, entre otras áreas.

Las acusaciones permearon a los militares que desde marzo de 1966 hablaban abiertamente de derrocar al presidente, en línea con lo que publicaban los grandes medios. Se venían las elecciones del año siguiente, que auguraban un triunfo de las fuerzas peronistas (que ganaron las legislativas del ’65 como Unión Popular). Entre abril y mayo el gobierno se negó a enviar tropas a la República Dominicana para tomar parte en la represión de un conflicto interno. Esto aumentó el malestar de las FF AA que querían congraciarse con EE UU.

La actitud pasiva del gobierno frente a la radicalización de los estudiantes universitarios y el incipiente acercamiento al movimiento peronista de los sectores medios acentuaron las denuncias que hablaban del supuesto avance del “comunismo”. El 27 de junio el Ejército ocupó las sedes de diferentes medios de comunicación y obligó al presidente a renunciar con un grupo armado en el despacho presidencial. Al día siguiente, los militares pusieron fin al gobierno de Illia mediante un nuevo golpe de Estado que no sería el último de la historia argentina.«