El ataque a referentas políticas y sociales cobró fuerza en un año de disputa electoral. La proscripción a Cristina Fernández y el ensañamiento contra Milagro Sala son los puntos más altos de una violencia instalada en los medios y el Poder Judicial.
«La violencia política es la reacción en el campo de la política al avance de los feminismos. Esta es una razón histórica sumada a la emergencia de las nuevas derechas como sujeto político, con una agenda antifeminista preponderante», define Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad.
Esta reacción tomó mayor dimensión y en un año electoral resulta preocupante para el activismo feminista. Durante las asambleas organizativas para el 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras), la violencia política fue parte de los debates.
El viernes 3 de marzo el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó el informe que elaboraron durante su visita a la Argentina. El objetivo del comité fue abordar la violencia contra las mujeres en el ámbito político y proveer asistencia técnica a las autoridades.
Las expertas observaron que «subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad». Mencionaron el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como un intento de «magnifemicidio», alentado por discursos de odio. «Cuando las mujeres participan en la vida política hay un ejercicio en relación con nuestra imagen y una degradación de la persona. Ningún vicepresidente sufrió un atentado así. Con este atentado probablemente las niñas que sueñan con ser presidentas, teman hacerlo y eso es un retroceso», remarcaron.
La sensación de impunidad que denuncian políticas y dirigentes en este sentido, es uno de los puntos que destacan las expertas. «Las víctimas primero sienten que no saben cómo denunciar un hecho de violencia política ni a quién denunciarlo. En los partidos políticos no tienen mucha claridad de una ruta de con quién hablar o con quién quejarse», explica Lourdes Montero Justiniano, integrante de la delegación.
La experta destaca el caso de Las Ramonas, un grupo de mujeres integrantes de la Unión Cívica Radical de Catamarca, que fueron suspendidas de su actividad política luego de impugnar la candidatura a presidente del comité de esa provincia, Roberto Gómez por sus acusaciones de acoso y abuso sexual. «Ese caso es emblemático porque ellas sintieron que forzaron a las estructuras del partido a tomar una posición. Pero escuchamos de militantes de otros partidos, que nos decían ‘sufro, pero me callo’, porque tal vez el castigo es dejarte fuera de las listas o de espacios de poder».
Elizabeth Gómez Alcorta fue la primera ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Desde el ministerio que creó y encabezó hasta octubre de 2022 y al que renunció cuando apresaron a seis mujeres del pueblo mapuche, recibió diversos ataques. Dice: «El feminismo es el movimiento político colectivo con mayor capacidad de transformación. Por eso la violencia política es la principal herramienta que tiene la derecha y los sectores conservadores para atacar nuestro avance».
En ese sentido, la dirigenta social Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) y vocera nacional del Frente Darío Santillán agrega. «La organización feminista logró mucho en estos años. La lucha por el derecho al aborto legal fue histórica. Con esa lucha vino la organización de todo el arco feminista, eso también generó una «resistencia» de los sectores de derecha que intenta quebrar esa capacidad. El aumento de las violencias intenta aleccionar y ‘corregir’ esa capacidad que hemos demostrado en estos años».
La convocatoria por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras es en Av. de Mayo y Av. 9 de Julio a las 16. La consigna es «Con esta Justicia no hay democracia ni derechos. La deuda es con lxs trabajadorxs».
Desde Ni Una Menos manifestaron la preocupación por la creciente violencia al desempeño político de las mujeres. «Hay que pensar esto en el marco del ataque y el intento de proscripción, criminalización y persecución de liderazgos populares que ponen en crisis determinados intereses de poderes fácticos. Es muy elocuente el caso de Cristina por lo que significó en términos de confrontación con esos sectores. No es casual que se persiga a determinados liderazgos populares. Lo mismo en el caso de Milagro Sala. Por eso es imposible pensar la violencia política por fuera de la lucha del campo popular», afirma la socióloga Luci Cavallero, integrante de este colectivo.
Cavallero relató que en el marco de las asambleas preparatorias para el 8M se escucharon muchos casos de persecución a mujeres que dirigen espacios de luchas.
También la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), Carla Gaudensi se refiere a la participación política. «Es importante hablar de este tipo de violencia, sobre todo a las mujeres y disidencias. No podemos ignorar este contexto en el que una máxima referenta política de un espacio, como lo es Cristina Fernández de Kirchner, sea atacada por los grandes medios de comunicación, por el Poder Judicial y el poder económico. Ese atentado primero y la proscripción posterior, se traduce en un intento de proscribirnos a todas».
Milagro Sala está presa desde 2016 apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri. «Durante el macrismo la violencia política estaba dirigida hacia tres mujeres: Cristina, Alejandra, Gils Carbó y Milagro. A las tres les atacaban a sus hijas o hijos, había muchas similitudes. En Milagro, además, se habilitó que esté presa porque es indígena, porque es negra, porque es coya, porque vive en el norte. Sin lugar a dudas el ataque a ella es por la imposibilidad de generar gobernabilidad mientras estuviese en la calle», expresa Elizabeth Gómez Alcorta.
«Hay una lógica de aniquilamiento. No le alcanza a cierto sector del poder político con perseguirlas judicialmente, con condenarlas, sino que las quieren muertas. Tanto Cristina como Milagro se convierten en dos enemigas del establishment político, patriarcal, machista, misógino y vinculado a una derecha profundamente autoritaria».
Los reclamos para este 8M nuevamente se orientan a la Justicia, uno de los sectores que sostienen la violencia política. «Esta violencia hay que pensarla en relación a todos sus elementos. ¿A quiénes se persigue? La Justicia se transforma en el brazo ejecutor de la criminalización, de la persecución y de la proscripción» dice Luci Cavallero.
Desde la OEA, Montero Justiniano afirma, «el sistema judicial les falla a las mujeres en casos de feminicidio, en denuncias de violencia intrafamiliar y ahora también constatamos que falla a las mujeres que participan en política y que son símbolos importantes en el país».
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