El colectivo “Unidos por la cultura” y distintas organizaciones del sector convocan a concentrarse desde las 19 en el Congreso y en diferentes puntos del país para realizar un gran cacerolazo federal.
El colectivo “Unidos por la Cultura” en conjunto con distintas organizaciones sindicales del sector convocan a un cacerolazo hoy a las 19 horas en el Congreso y en diversos puntos estratégicos diseminados a lo largo de todo el país en rechazo del DNU y la “ley ómnibus”. “Los trabajadores de la cultura están muy movilizados y preocupados frente a esta situación. No entendemos cómo puede este gobierno meterse con la cultura cuando representa el 0,2% del presupuesto, pero tiene un impacto tan grande en la comunidad artística, que es una de las más vulnerables dado lo difícil del sostenimiento de todas las disciplinas en el contexto actual”, dice a Tiempo Luciano Linardi, director del departamento de Cultura de ATE nacional.
¿Qué implicancias tiene el paquete de medidas de la “ley ómnibus” para el sector? Este diario conversó con diferentes referentes de las áreas afectadas.
Con más de 60 años de existencia, el FNA es un organismo autárquico que impulsa, a través de apoyos y créditos económicos, la creación artística de todas las disciplinas a lo largo del país tanto a nivel individual y/o grupal realizadas por entidades sin fines de lucro o que son parte de las industrias culturales. Su modelo de gestión y promoción cultural fue replicado por distintas instituciones del mundo.
Sin ir más lejos, el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO, creado en 1974, está inspirado en este organismo. La posibilidad de su cierre despertó la alerta en toda la comunidad artística y este lunes exdirectores de distintas ramas de la institución firmaron una carta en la que expresaron que “cerrar ese organismo implica desconocer cuál debe ser el papel del Estado en el apoyo a la cultura e ignorar los estupendos resultados obtenidos durante más de medio siglo”. Y agregaron: “Implica también una ignorancia colosal y absoluta acerca de la base técnica que puede autofinanciar al FNA”.
En diálogo con Tiempo, Fabián Valle, delegado de ATE en el organismo, explicó: “el FNA tiene una recaudación propia mediante el dominio público pagante. Es una tasa que pagan quienes utilizan derechos de obras cuyo autor ha fallecido y han transcurrido 70 años posteriores a su muerte, es decir, que ya los herederos no tienen más los derechos. Si querés utilizar esa obra, tenés que pagar un tributo que lo cobra el FNA. El fondo utiliza recaudación de los artistas del pasado para solventar la obra de los artistas del presente. Es un sistema virtuoso porque no depende de partidas del presupuesto nacional. Por supuesto, en algunos casos específicos el FNA ha recibido partidas especiales, pero son situaciones excepcionales; normalmente el organismo recauda a través del dominio público pagante y gasta en función de lo que recauda”.
El cierre implicaría “cortar una herramienta importantísima en términos de financiamiento del campo cultural, en particular de los artistas, de los gestores culturales y de las organizaciones que se dedican a la cultura, que van desde bibliotecas a cooperadoras escolares y clubes de barrio. Es decir, toda organización que en sus estatutos tenga como objetivo cualquier tipo de manifestación cultural. En Argentina existe un sistema de instituciones como el INT y la Conabip que financian campos específicos de la cultura, pero el FNA es el único que brinda financiamiento para todas las disciplinas”.
“Además, somos un organismo de carácter federal, nuestros proyectos se dirigen o se financian en cualquier jurisdicción de la Argentina, cerrar el FNA implica quedarse sin una herramienta de promoción de los artistas y de las organizaciones en todo el país”, agrega.
Jorge Luis Borges, Leonardo Favio, Alejandra Pizarnik, Antonio Berni, Gerardo Gandini son algunos de los tantos artistas que han recibido becas del Fondo Nacional de las Artes a lo largo de la historia. Sin ese financiamiento, las películas Crónica de un niño solo y el Romance del Aniceto y la Francisca, de Favio, y otras grandes obras de la cultura argentina no existirían.
Han sido beneficiados por el Fondo artistas y obras de diversa raigambre ideológica, lo que marca, afirma Valle, que “siempre ha tenido una política democrática y no atada a los gobiernos o los vaivenes de turno. Eso no quiere decir que ha permanecido igual en el tiempo. Por supuesto, con cada cambio de gestión, hay cambios en la administración, en las prioridades del organismo, pero siempre se mantuvo una política plural en el acceso a becas”.
“El FNA tiene un sistema por el cual los proyectos se presentan y normalmente hay un grupo de jurados externos al organismo que evalúan esos proyectos. Esos jurados son siempre diferentes y se toman de distintos ámbitos y diferentes orientaciones políticas”.
“El cierre del FNA es un ataque que está más bien basado en una pequeña interna personal y no tiene ninguna base de sentido racional. El argumento del gasto que genera el FNA es ridículo, no existe”, concluye el delegado.
La Ley Nacional del Teatro (24.800), creada en 1997, determina que la actividad teatral debe contar con “promoción y apoyo del Estado Nacional”, en tanto contribuye al afianzamiento de la cultura. Desde entonces, a través del Instituto Nacional del Teatro (INT), se brinda financiamiento y organización a concursos, certámenes, muestras, festivales; se otorgan subsidios y becas a grupos teatrales, salas, artistas, eventos y se fomenta la conservación y creación de nuevos espacios. Se trata de un factor ineludible para mantener en movimiento el amplio y heterogéneo circuito teatral independiente de la Argentina. La denominada “Ley ómnibus” propone derogar la ley nacional del teatro, una medida que pondría en crisis la supervivencia del sector.
Luciano Linardi, quien además de ser director del departamento de Cultura de ATE nacional es delegado general de ATE en INT, señaló a Tiempo que la derogación “implica desfinanciar casi las 500 salas de teatro en todo el país. Eso, sumado a una inflación galopante y a la suba de tarifas provocaría un escenario catastrófico. No queremos imaginar cuántas salas pueden llegar a quedar en pie, ya que más de la mitad son locales alquilados y frente a eso la demanda de espacios para la comunidad teatral va a ser tremenda. Creemos que una entrada de teatro independiente va a terminar saliendo mucho más cara que una entrada de teatro comercial porque los costos no le van a alcanzar ni al dueño de la sala ni a las cooperativas que trabajan en los locales”.
“El subsidio en las salas del Instituto impacta mucho. Además, da la oportunidad por reglamento de que las salas no le pueden cobrar más del 30% a los elencos, o sea que si más o menos a vos te va bien unos meses con una obra, el teatrista puede sacar un rédito sin vivir en permanente riesgo económico”, concluye.
Si bien en el proyecto de “ley ómnibus” se confirma que el Fondo de Fomento para la actividad cinematográfica local, a cargo del Incaa, continuará con un impuesto del 10 por ciento aplicable sobre el precio básico de cada entrada de cine emitida, elimina otros dos fondos imprescindibles mediante los cuales se financia el Instituto. Por un lado, elimina el 10 por ciento aplicable «al precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado», tal como establece la histórica Ley de Fomento Cinematográfico.
Por otro lado, anula la principal fuente de financiación del Incaa: el 25 por ciento del total de los fondos aportados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, antiguo Comfer) a partir de los gravámenes que se aplican a los dueños de los servicios de radiodifusión. El proyecto del Ejecutivo deja librado al instituto a “los recursos que determine el Presupuesto Nacional”.
Actualmente, a través de las asignaciones específicas del INCAA se producen 200 películas al año, se reestrenan 10 películas por mes en el canal público Cine.Ar tv y se programan más de 70 salas alternativas de exhibición a lo largo del país a través de los Espacios INCAA. Esto consolida la producción y la difusión del cine nacional, en un contexto en donde el 90% de los contenidos en pantalla del circuito comercial son extranjeros.
“Esta ley implica un desfinanciamiento y, por lo tanto, una parálisis completa del Instituto”, dice a Tiempo Ingrid Urrutia, delegada general de ATE en el INCAA. “A través de esos fondos, el instituto lleva adelante no sólo el fomento a la producción, sino también a la distribución y a la exhibición. Tenemos programas que hacen que el circuito de visualización sea extensivo en toda la Argentina, que no prime sólo el circuito comercial sino también otros circuitos, como los espacios Incaa y distintos programas que funcionan a lo largo y ancho de nuestro país”, agrega.
Además, las asignaciones permiten al Instituto llevar adelante un canal público gratuito, una plataforma de programas específicos con alcance federal y la ampliamente reconocida Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), que desaparecería como estructura legal y podría seguir existiendo sólo si las autoridades de turno lo determinan. La falta de presupuesto imposibilitaría continuar con todos estos programas y espacios de formación, pero incluso la ley va más allá y elimina la cuota de pantalla nacional, dificultando aún más la llegada del cine argentino al gran público frente a la monopolización de las producciones internacionales en las carteleras. “El fomento y la protección de la producción nacional hace a la soberanía cultural”, dice Urrutia.
Hay, continúa la delegada, “un avasallamiento a los ámbitos de dirección y de cogobierno”, en referencia a la reducción del Consejo Asesor de 11 a ocho miembros, que ya no representarán a distintas áreas de la industria sino que serán designados a discreción por el director del organismo. Pero, además, la modificación de la Ley de Empleo Público hace que puedan ser intervenidos los organismos nacionales. “Estamos en un momento en el que no hay nombradas autoridades en el INCAA y se habla de una intervención que también sería perjudicial para el Instituto”.
El panorama se completa con la transformación del Instituto Nacional de la Música (Inamu) en un “programa” de la Secretaría de Cultura, la derogación de la Ley N° 25.542, que establece un precio uniforme de venta al público de libros, y la eliminación del Fondo Especial para las bibliotecas populares, que surge de los juegos de sorteo e integra la mitad de los recursos con los que Conabip distribuye subsidios y desarrolla actividades.
Frente a la amenaza que barrería con todos los aspectos de la vida cultural de la Argentina, la comunidad artística convoca hoy a cacerolazos en distintos puntos del país. Para ver los lugares de encuentro, presione aquí
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