Otras 70 familias quedarán en la calle: «Nos dijeron que nos vayamos por las buenas o por las malas»

Familias sin acceso a la vivienda, muchos en la calle, la mayoría de bajos recursos y en condiciones de alta vulnerabilidad. Los hechos ocurridos este viernes en un complejo habitacional de Villa Lugano no son un caso aislado. Responden a una industria de desalojo: un trabajo coordinado entre propietarios e inmobiliarias, justicia porteña y ejecutivo local. Vaciar inmuebles que luego serán demolidos para levantar edificios y torres para luego introducirlas al mercado de la especulación inmobiliaria. Hechos que ocurren ante la inacción del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que solo ofrece subsidios habitacionales muy precarios para las familias desalojadas. La crisis habitacional en CABA es un hecho provocado por el gobierno de la Ciudad, ante la falta de políticas habitacionales.

Vecinas y vecinos aseguran que esta situación se profundizará con Jorge Macri como jefe de gobierno porteño. Un informe realizado por Tiempo, asegura que en 2022 hubo más de una familia por día que fue desalojada en la Ciudad de Buenos Aires.

“Tenemos miedo de quedar en la calle, somos muchas familias que no tenemos a dónde ir”. La campaña tapó todo, incluso algunos atisbos de solidaridad para quienes peor la están pasando. Los mensajes de odio y las proclamas al individualismo que lanzan algunos candidatos a la presidencia y a la gobernación porteña, hizo carne en un gran sector de la sociedad. En septiembre del año pasado, 70 familias que viven en un hotel de Constitución ubicado en Solís 1841, resistieron durante varias horas un intento de desalojo sin previo aviso. La zona amaneció rodeada por decenas de agentes de la Policía de la Ciudad, varios vehículos de detención, carros de asalto, camiones hidrantes y casi 80 agentes de Infantería preparados para sacar por la fuerza a las familias. Tras la presentación de un amparo la justicia les dio la razón a las familias. . A casi un año de esa situación, el ejecutivo porteño no les ofreció ninguna solución a las familias y todas quedarán en la calle.

La orden de desalojo había sido dispuesta por el Juzgado Civil N° 93, sobre la base de una causa iniciada en 2007, ¿los motivos? Uno de los supuestos dueños quiere vender la propiedad, pero para eso primero engañó a los vecinos. Dejó de ir a cobrarles el alquiler y no respondió ningún mensaje de las familias que querían pagarlo. A los pocos meses denunció que los que habitaban su edificio se negaban a pagar el alquiler. La justicia, sin exigir ninguna prueba sobre esta acusación al demandante, tomó la denuncia, ordenó el desalojo y el gobierno porteño envió las fuerzas de seguridad para cumplir con la orden. Un clásico trabajo coordinado del Estado porteño.

Más allá de eso, lo único cierto es que el intento de desalojo estuvo lleno de irregularidades: Nunca notificaron a las familias sobre el desalojo, no hubo un censo para conocer el estado de quienes viven en el lugar, no relevaron cuántos niños y niñas hay, ni cómo se encuentra el conjunto de sus habitantes. Esa madrugada, el acceso a Solís al 1800 se vió totalmente interrumpido por varias horas. La policía porteña instaló vallas antes de las 6 de la madrugada y pocos minutos después, intentaron ingresar por la fuerza luego de mostrar la orden judicial a través de los ventanales que dan a la calle. A casi un año del primer intento de desalojo, en la semana, las familias tuvieron una audiencia con la jueza Paula Andrea Castro, quien determinó que les da tiempo hasta el 16 de febrero para que se vayan o serán desalojadas.

“Esta es la triste realidad que nos toca vivir a todos los que habitamos la casa Solís desde el día 12 de septiembre del 2022. El tema es que no tenemos dónde alquilar, cómo alquilar, hemos buscado por todos lados, los chicos están yendo al colegio, hay tratamientos que los hacemos acá en capital, no podemos ir a provincia, en todos lados es una barbaridad lo que cobran de alquiler, es muy difícil”, destaca Vanesa Hurtado, que hace 16 años vive en la propiedad de la calle Solís. Vanesa tiene una familia conformada por ocho personas: cuatro hijos, una nieta, su marido, y su nuera. “La jueza nos dijo que nos vayamos por las buenas o las malas”, se lamenta Vanesa. “Toda mi familia va a quedar en la calle, el gobierno no nos hizo ninguna propuesta en todo este tiempo”, agrega-

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Las 70 familias que habitan ese espacio incluyen una numerosa cantidad de niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. “Parecería que al gobierno les gusta que haya más familias en la calle, sin techo, no les importa nada, yo creo que es así no sé, pero los desalojos están pasando día tras día”, señala Elizabeth Guerrero. Ella tiene 68 años y vive con su mamá de 84, su hijo, nieta y hermana. Elizabeth tiene discapacidad visual y su mamá sufre de diabetes. “Con los seis meses de plazo que nos han dado y con lo caro que está todo no tenemos a dónde ir. Le pedimos al gobierno porteño que nos trate de ayudar”, agrega.

Las y los vecinos de Solís aseguran que agotaron todas las instancias de diálogo y que buscaron varias propiedades para alquilar. Quienes tienen precios accesible se niegan a recibirlos y el resto pone varias restricciones, económicas y contractuales.

Noelia es madre soltera y vive en el edificio de Solís. “ya hablamos con la jueza, con el dueño y es una situación muy complicada. Nos dejan tirados en la calle porque con la situación económica que tenemos es imposible alquilar. Si somos 5 o 6 personas tenés que alquilar 3 o 4 cuartos y terminás pagando 250 mil pesos por mes, es muy difícil poder vivir así. Queremos poder encontrar un techo donde vivir, es imposible poder alquilar un cuarto de hotel”, suma Noelia.

Las 70 familias de Solís al 1800 no quieren terminar en la calle como miles de personas. Piden ayuda una vez más a legisladores, funcionarios de los diferentes ministerios, a la Defensoría, pero en especial al gobierno de la Ciudad y a quienes ocuparían la nueva gestión desde diciembre de este año.

El desalojo como política de CABA para las familias

La gestión porteña no busca soluciones habitacionales para los más postergados. La mayoría de quienes son desalojados quedan en la calle. Ni los funcionarios que se van ni los que se quedan intentaron solucionar la problemática. Desde enero de 2021 hasta septiembre del 2022, la cantidad de desalojos se incrementó por todo el distrito. De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a los que Tiempo accedió de forma exclusiva, en ese lapso hubo 691 familias despojadas del lugar donde vivían (sin posibilidad de acuerdo entre partes y sin propuesta alternativa del Ejecutivo porteño). Todas solicitaron «trámites para abordar emergencias habitacionales», según explicó el organismo público encabezado por María Rosa Muiños.

De ese total, 221 corresponden a desalojos de inquilinos sin contratos, con contratos de locación vencidos o deudas acumuladas, especialmente en el marco de la emergencia sanitaria; y otros 280 atañen a grupos en situación de vulnerabilidad socioeconómica que terminaron en casas tomadas, hoteles temporarios o familiares y barrios populares. Desde enero de 2021 hasta mediados de septiembre transcurrieron 625 días, en ese tiempo la administración porteña desalojó a más de una familia por día.

Jorge Macri tampoco solucionó el problema

El primo de Mauricio Macri y candidato a ocupar la jefatura de gobierno porteño, desde diciembre de 2021 es el Ministro de Gobierno de la Ciudad. Como funcionario PRO, tiene un rol clave para interceder en el conflicto: es el vínculo institucional entre el Poder Ejecutivo, la Legislatura porteña y los partidos políticos. Su función es la de articular y definir las políticas públicas que involucran a distintas jurisdicciones junto a los Ministerios, Secretarías y Entes competentes.

Durante su gestión evitó interceder en el conflicto y en medio de la campaña mostró su desprecio por las personas que duermen en la calle. Apuntó contra quienes se guarecen del frío y la lluvia en los cajeros automáticos donde algunas noches duermen familias enteras. “Hoy los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes de algunos” y arremetió: “son un riesgo para ellas y para terceros”. “Se apropian de algunos sectores de la ciudad” y “a veces son agresivos verbalmente”, dijo sin diferenciar que esas personas son víctimas de la indigencia, del déficit habitacional y de la cuestionable aplicación de las políticas de salud mental que hace el gobierno del cual él es funcionario.

“Levantar un poco la vara y recuperar ese afuera para el vecino, porque mucha gente se siente insegura” con quienes deambulan, mendigan y duermen en las calles, aseveró.