Antes, no había sismos en esa zona. Dos nuevos documentos aportan evidencia sobre el rol empresarial: "Ya los sabíamos, por las propias investigaciones, pero nunca había sido tan explícito", advierten los investigadores.
La nueva evidencia relevada desde el Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) y difundida por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) apunta a la responsabilidad de las empresas sobre estos fenómenos y a la falta de control y regulación por parte del Estado.
“Por un pedido de informes de la Secretaría de Ambiente surge que las empresas ya estaban funcionando con un sistema de semáforo sísmico. Fue como la demostración cabal de que las empresas son las responsables: ya los sabíamos, por las propias investigaciones, pero nunca había sido tan explícito. Se están autoregulando porque saben que generan los sismos”, remarcó Javier Grosso Heredia, profesor de Geografía por la Universidad Nacional del Comahue, docente e investigador de temáticas ambientales vinculadas a la extracción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.
En la industria del fracking existe un protocolo de seguridad llamado semáforo sísmico, un conjunto de pautas de actuación en función de la seriedad de la actividad sísmica desencadenada. Es verde con sismos de menos de dos grados, amarillo hasta cuatro grados, y rojo por encima de cuatro.
“El dato saliente es el siguiente mecanismo: las empresas instalaron 22 sismógrafos en sus áreas. Quien procesa la información es el Instituto Geofísico Sismológico Volponi, de San Juan. Procesa la información y devuelve a las empresas el cálculo de los sismos. Eso hace que activen sus protocolos. Las dueñas de los datos son las empresas. No hay una regulación estatal activa. Son ellas autoregulándose en una situación inédita ambientalmente por su volumen en Argentina y a nivel Sudamérica por la cantidad de sismos inducidos”, alertó Grosso Heredia, en diálogo con Tiempo.
Desde las organizaciones advirtieron que la sismicidad inducida por la fractura hidráulica “es uno de los impactos ambientales más blindados por parte del Estado nacional”. Y agregaron: “La falta de transparencia y de acceso a la información -incumpliendo el Acuerdo de Escazú- generó que las empresas no deban responder públicamente por los efectos perjudiciales de sus actividades de fracking”. Ante este panorama, desde FARN solicitaron a fines de marzo una audiencia pública a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evaluar los impactos acumulativos del fracking y considerar medidas para prevenir futuros sismos.
Desde el Observatorio de Sismicidad Inducida se ocupan del “monitoreo actualizado de cada sismo y analizamos imágenes satelitales para ver si hay equipos de fractura cercanos a los epicentros. Nuestro rol es informar en tiempo real de la relación entre sismos y fracking”, apuntó Grosso Heredia.
Hace una semana se reportó un nuevo temblor, con una magnitud de cuatro puntos en la escala de Richter. Según difundió FARN, “provocó graves consecuencias en la localidad de Sauzal Bonito, aledaña a Vaca Muerta, y causó daños significativos en viviendas, rotura de cristales, caída de mampostería, grietas en estructuras de casas y desprendimiento de rocas desde la barda.
“Todavía estamos temblando, se cayó el revoque de la casa”, aseguró una de las vecinas de la localidad de Sauzal Bonito, según consignó Río Negro Diario. En ese pueblo de unos 300 habitantes el movimiento de la tierra ya se volvió frecuente, pero hay episodios que golpean más fuerte. Como el del último viernes.
En este marco se conocieron dos nuevos informes sobre el tema, elaborados por Grosso Heredia y Guillermo Tamburini Beliveau: “Sismicidad a simple Vista” y “Terremotos subsidiados en el Fortín de Tecpetrol”. Los nuevos documentos advierten que “antes de noviembre de 2015 no se habían registrado sismos en la zona. Pero, desde entonces y en paralelo con la extracción de gas y petróleo a través del fracking, se observó un aumento sin precedentes en la actividad sísmica, con eventos de magnitudes que llegan hasta 4.1 en la escala de Richter”.
“Los riesgos ya son evidentes. La alteración de la normalidad en el pueblo está desde enero de 2019. Ellos no saben cuándo va a volver a temblar. En infraestructura hay rotura de viviendas. Nos consta que los sismos han producido rotura y colapso de pozos que se tuvieron que abandonar. Y en materia de riesgo geomorfológico, la caída de rocas. La Norpatagonia es zona semiárida con frentes de barda donde caen naturalmente las rocas, pero estos procesos lo aceleran”, enumeró el geógrafo.
En Sauzal Bonito “el malestar es creciente”. A principios de mes hubo una protesta frente a la Comisión de Fomento, en reclamo por avances en la construcción de las viviendas antisísmicas prometidas por el gobernador Omar Gutiérrez. Llegaron a anunciar un corte de ruta, pero la protesta se levantó ante la promesa de reanudación de las obras. Según dijo a la prensa local el referente Adrián Sandoval, de las 56 viviendas prometidas hace más de un año solo terminaron seis.
“La promesa se hizo el 26 de mayo de 2022, pero en ningún momento hubo una explicación formal de por qué hacen viviendas antisísmicas en lugar que antes no había temblado. No hay explicación estatal formal. Es sabido que la sismicidad es generada por el fracking. Pero se genera esta situación donde todos saben, nadie informa. Al vecino le vuelve a temblar todo, se la agrieta la casa, y no le explicaron formalmente por qué”, lamentó Grosso Heredia.
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