A 30 años del asesinato de Jorge Gutiérrez: drogas y corrupción impune, con nexos en el presente

El subcomisario de la Policía bonaerense Jorge Omar Gutiérrez viajaba un domingo por la noche en tren hacia Quilmes, donde vivía con su familia tras haber cumplido su turno en la Comisaría 2ª de Avellaneda. Cuando la formación ingresó en el viaducto de Sarandí, recibió un disparo en la nuca y su cuerpo sin vida fue hallado horas después, en la madrugada del 29 de agosto de 1994, en la estación terminal de La Plata.

Días antes, el oficial había iniciado una investigación tras detectar, junto a otros efectivos, movimientos extraños en un depósito fiscal contiguo a la dependencia en la cual se desempeñaba. El mismo era propiedad de la empresa Defisa, ligada a la denominada «Aduana Paralela», un caso emblemático de corrupción de los años ’90, originado en las desregulaciones del comercio exterior que había impulsado el gobierno de Carlos Menem.

A 30 años de ese crimen, y tras una larga lucha que incluyó presentaciones en instancias nacionales e internacionales y campañas de difusión, la familia de este policía –hermano del exdiputado nacional y dirigente sindical Francisco «Barba» Gutiérrez– logró que Alejandro «Chiquito» Santillán y Francisco Mostajo -un policía de la Federal y otro de la Bonaerense que cumplían funciones en el ferrocarril Roca- resultaran condenados como autores materiales de este crimen.

Sin embargo, la trama de negocios en la cual se conjugaban el tráfico de drogas, el contrabando, intereses empresariales y la participación de criminales de lesa humanidad, no pudo ser esclarecida en su totalidad y los responsables intelectuales del asesinato del subcomisario Gutiérrez permanecen impunes.

El entramado del caso Gutiérrez

En un predio lindante con la Comisaría 2ª de Avellaneda, Defisa guardaba autos importados y el efectivo policial creía, por los movimientos que había detectado desde su lugar de trabajo, que los vehículos podían ser utilizados para guardar droga. El depósito era custodiado por una empresa de seguridad ligada a policías de la Federal. Carlos Gallone, excomisario de esa fuerza, condenado por delitos de lesa humanidad que murió en 2021 en prisión, era el responsable de controlar qué era lo que salía y entraba de ese depósito fiscal.

El represor fue el principal responsable de la denominada «Masacre de Fátima», en la cual fueron dinamitados los cuerpos de 30 detenidos en agosto de 1976, en cercanías de Pilar.

En tanto, Defisa era una empresa propiedad de Ernesto Gutiérrez Conte, quien años después se desempeñó como CEO de Aeropuertos Argentina 2000. Fue sindicado por la familia de Gutiérrez como autor intelectual del crimen. Desde 2018, este empresario vive en Estados Unidos.

La noche de su asesinato, Gutiérrez vio venir desde su asiento a Mostajo, a quien conocía de la Bonaerense. Al ingresar el tren al viaducto, Santillán le disparó un tiro en la nuca. Alejandra Chumbita, una pasajera circunstancial, y David Silva, un vendedor ambulante, presenciaron la escena. Silva incluso identificó a los policías, quienes le cobraban «peaje» para poder trabajar en el Roca.

La instrucción del caso quedó en manos del juez de La Plata Guillermo Atencio, quien debió lidiar desde el principio con versiones falsas e hipótesis antojadizas sobre los motivos del crimen. Pedro Klodzyck, por entonces jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que Gutiérrez había sido muerto por un disparo hecho desde fuera del tren, algo que las pericias se encargaron de desmentir.

En base a los testimonios de Chumbita y Silva, Atencio ordenó la detención de Santillán, pero no pudo dar con el paradero de Mostajo, quien permaneció prófugo durante todo el proceso. En tanto, el titular de la Policía Federal, Andrés Pellachi (fallecido en 2020), puso toda la estructura legal de la fuerza para asistir en la defensa de «Chiquito».

En medio de un proceso que incluyó amenazas y presiones para los testigos y familiares de Gutiérrez, Santillán resultó absuelto en 1996 por orden de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Rubén Sarlo, el fiscal del caso no apeló la resolución y Atencio terminó con una sanción de la Corte Bonaerense.

Pero la familia no se rindió. Con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se presentó en 1998 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una demanda contra el Estado argentino por su responsabilidad en la ausencia de justicia en el caso.

Mientras la demanda se procesaba, Gutiérrez Conte era designado como CEO de Aeropuertos Argentina 2000 y Pellacchi era el encargado de la seguridad de esa firma, propiedad de Eduardo Eurnekián.

«Maten a Gutiérrez»

El investigador y periodista Daniel Otero escribió el libro «Maten a Gutiérrez» y realizó un documental sobre el caso. En esas obras, dio cuenta de la trama de negocios que motivó el asesinato del policía.

«Cuando trabajaba en Amnistía internacional me decían que no nos ocupábamos de los policías que eran asesinados por los delincuentes. Eso me motivó a contar esta historia. La de un policía asesinado por haber intentado hacer su trabajo», apuntó Otero en diálogo con Tiempo.

En 2003, el comisario Jorge Piazza, el primer investigador del caso, se aprestaba a declarar en una comisión parlamentaria cuando fue secuestrado. Poco después su cuerpo apareció en un descampado de la localidad de Solano.

«Después del crimen, apareció un aviso fúnebre en el cual Aeropuertos Argentina 2000, con la firma de Gutiérrez Conte, le mandaban saludos a la familia de Piazza. Era un claro mensaje mafioso», recordó el «Barba» Gutiérrez.

En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado argentino, que debió abrir el caso. Finalmente, nueve años después, Santillán y Mostajo debieron comparecer ante los tribunales y resultaron condenados a cadena perpetua.

«Después de tantos años, logramos una reparación, algo de justicia y eso es algo positivo. Como familia sufrimos mucho por muchos años», sostuvo Marilín Gutiérrez, hija del subcomisario que al momento del crimen tenía 13 años.

Para Otero, las muertes de Pellacchi y Gallone impidieron que se avanzara hacia los autores intelectuales del crimen. «Hoy, estamos ante otro contexto de desregulación y retiro del Estado. Hay nombres que se repiten y existen intereses que se disputan una vez más los negocios de la Aduana», indicó el investigador.

«Lamentablemente, en el juicio no se puedo escalar en responsabilidades. Sobre todo, en lo referido a la muerte de Piazza. Esa es una herida abierta que habría que investigar a fondo», remarcó.

Hace dos años, la Secretaría de Derechos Humanos señalizó la Comisaría 2ª de Avellaneda en memoria de Gutiérrez. En las puertas donde funcionaba el depósito de Defisa, murales y fotos homenajean en una plazoleta seca a un policía asesinado hace 30 años, por intentar develar un caso de corrupción emblemático de una década que parece tener varios vasos comunicantes con el presente de Argentina.