Murieron 135 personas en situación de calle en el último año y creció un 500% la violencia institucional

Entre el 15 de agosto de 2023 y el 15 de agosto de 2024 murieron 135 personas en situación de calle en todo el país. Esto es, una muerte en el espacio público cada dos días y medio. En un contexto de fuerte aumento de las hostilidades sobre esta población: los casos de violencia institucional contra personas sin techo treparon un 500% de un año a otro. Los datos se desprenden del Tercer Informe del Registro Unificado de Violencias (RUV) hacia Personas en Situación de Calle.

El documento fue presentado este lunes, en el marco del Día de las Personas en Situación de Calle. Fue instaurado para recordar lo que pasó el 19 de agosto de 2004 en Sao Paulo, Brasil, cuando 15 personas sin techo fueron atacadas por personal de seguridad mientras dormían: siete perdieron la vida y ocho quedaron en grave estado.

El RUV releva casos de violencia institucional, violencia social y violencia estructural sobre esta población, la más vulnerada y vulnerable. En total, en el último año, se registraron 320 episodios de violencia. El año anterior se habían detectado 233 y previamente, en el primer informe, 125.

Este tercer reporte, de agosto a agosto, relevó 104 situaciones de violencia institucional, 95 situaciones de violencia social y 121 situaciones de violencia estructural. Con una aclaración: el relevamiento implica un subregistro, con datos que se apoyan en aportes de organizaciones sociales y seguimiento de lo publicado en los medios.

Operativos de ‘limpieza’ en CABA

“Lo más significativo es el aumento de la violencia institucional que observamos. Casi un 500% en relación al informe anterior, no solo en la ciudad sino a nivel nacional. Se trata de violencia policial o ejercida por funcionarios públicos: no atención del servicio de emergencias, falta de asistencia del ex Buenos Aires Presente, etc. No es solamente violencia policial, el aumento de la violencia institucional incluye a otros funcionarios públicos”, señala Jorgelina Di Iorio, psicóloga, investigadora del Conicet, miembro de la Asamblea de Personas en Situación de Calle, impulsora del RUV y del Grupo de Investigación Sociabilidades por los Márgenes de la UBA.

Casi un tercio de los casos (32.8%) fueron actos de violencia perpetrados por fuerzas de seguridad o funcionarios públicos. “Dentro de la violencia institucional la que más resalta es la policial sobre todo porque en la Ciudad de Buenos Aires –y en otros lugares también- está apareciendo esta ‘limpieza’ del espacio público. Este año estuvimos viendo que aparece como una legitimación no solo desde la política pública sino también desde la sociedad”, advierte.

Según los casos detectados, el relevamiento muestra que “en CABA ocurrió un hecho de violencia hacia personas en situación de calle cada dos días y medio” en el último año. A ello hay que sumarle “las 125 detenciones, requisas y secuestro de pertenencias sin orden judicial, conforme el artículo 103 del Código Contravencional”.

La jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas Natalia Ohman estuvo en la presentación del informe, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fue quien dispuso la nulidad de esas 125 detenciones y requisas a indigentes y cartoneros llevadas a cabo por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, algo que la convirtió en blanco de críticas y tergiversaciones por parte del gobierno de Jorge Macri.

Este diario también mostró que las guardias hospitalarias y sobre todo las del hospital psiquiátrico Borda son utilizadas como depósito de personas en situación de calle, con tal de ‘limpiarlas’ o desplazarlas de los lugares donde se instalan. De acuerdo al RUV, en CABA en el último año hubo 134 casos de violencia hacia personas en situación de calle: 87 de violencia institucional, 33 de violencia estructural y 14 de violencia social.

Cada vez más crueldad

“Otro elemento que vemos que viene en consonancia con el anterior es la dimensión de la violencia social: entre personas en el mismo barrio, en la misma comunidad”, plantea Di Iorio en diálogo con Tiempo. “A diferencia del año pasado registramos formas más crueles en las que aparece una violencia con menos mediaciones para resolver conflictos entre vecinos con y sin techo. Menos mediación de la palabra o de pensar cómo resolver un conflicto que no sea con una violencia que llega a los tiros o a que les incendien sus cosas”.

Algunos de esos episodios de crueldad fueron noticia. Como el que protagonizaron cuatro jóvenes que balearon a personas sin techo en Belgrano, desde un auto sin patente.

¿Cuánto incide en el aumento de estas violencias la proliferación de discursos de odio? Para Di Iorio “no es que los discursos producen esta violencia de forma lineal, pero hay un odio organizado, un rechazo a lo marginal, a lo diferente, a lo que se está construyendo como peligroso. Y ese odio organizado discursivamente le da sostén a distintas formas de crueldad. No podemos desconocer que eso está, pero no podemos atribuir una linealidad. Esos discursos de odio -de una administración que no tiene ningún prurito en explicitar su rechazo a lo diferente- es una arena para que la violencia tenga más lugar. Lo que hay es mayor naturalización de la violencia. Esos discursos de otro construyen un otro peligroso”.

Los 320 episodios de violencia relevados implican un hecho hostil hacia personas sin techo cada 27 horas en el país. Del total, 134 se detectaron en CABA (el lugar donde la medición es más profusa, por mayor presencia de organizaciones en el territorio y mayor cobertura mediática), 31 en Buenos Aires, 26 en Santa Fe, 24 en Salta, 16 en Córdoba, 15 en Jujuy y 10 en Entre Ríos.

“Cuando vas la tratamiento de la información en las noticias, en qué secciones aparecen, qué términos se usan, qué calificativos, vemos un tratamiento de la información que apunta a construir un otro peligroso. Bajo el argumento de ‘me quiero proteger’ el otro se convierte en una amenaza”, analiza la investigadora.

Muertes invisibilizadas

La otra forma de violencia analizada es la estructural, e incluye las muertes ocurridas en el espacio público. “Los medios dicen ‘sin violencia’, por ejemplo cuando son muertes por hipotermia. Nosotros decimos ‘sin agresión física’. Porque violencia hay. Hubo un aumento de los fallecimientos y tiene que ver con la falta de asistencia: en salud, sin acceso a tratamientos (como una persona joven con VIH en un país donde se supone que está garantizado el tratamiento), sin vacante en los paradores aun queriendo ir a esos dispositivos”, enumera Di Iorio. La falta de entrega de alimentos y frazadas a comedores y merenderos por parte del Ministerio de Capital Humano suma elementos a este combo.

De las 135 muertes relevadas, la mayor parte se dio en la Ciudad de Buenos Aires (33), seguida por la provincia de Buenos Aires y Salta (19 en cada caso) y Santa Fe (11). De esos 135 fallecimientos, sólo se conocen nombre y apellido de 82 personas. “Eso también es violencia”, consigna el informe en relación a la invisibilización.

Esos 82 nombres quedaron plasmados en el documento, como una forma de resguardar su memoria. También se trató de relevar datos de género, ante el subregistro de identidades LGBTQ+. Con un ejemplo concreto: el de Carolina Machado, mujer trans y migrante que murió en la calle y fue contabilizada como varón en los reportes oficiales.

Hay distintos reportes, con distinta modalidad de medición, para censar a la población en situación de calle en el país. De acuerdo con el Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCalle), llevado a cabo por distintas organizaciones de la sociedad civil, para diciembre de 2023 había 8.028 personas en situación de calle en el distrito porteño. “El Censo Nacional habla de casi 3000, en CABA dicen oficialmente unas 4000. Con tanta diversidad en la forma de relevar es difícil hacer una comparación. Lo que sí puedo afirmar es que 135, sobre cualquiera de esos totales, es un número alto”, concluye la investigadora.

Les sacan hasta el DNI

La violencia creciente hacia personas en situación de calle se volvió cada vez más palpable para vecinos, vecinas y militantes de Proyecto Boedo, que dan una mano a esa población y reciben a diario sus testimonios. Este año y ante lo que veían como un fenómeno preocupante y en auge, decidieron visibilizar la situación a través de un podcast –“Sin Reparo”– con voces de las personas afectadas.

“Esto empieza como una idea en principio con foco en cartoneros y cartoneras, porque nos empezaron a comentar que los paraba la Policía o Espacio Público, los demoraba mucho tiempo, a veces esposados, en el medio del frío, les sacaban tijeras, herramientas de trabajo, cuchillos que usaban para comer”, cuenta Ana Laura López, una de las realizadoras.

“Empezamos a investigar y a partir de las declaraciones de Diego Kravetz (secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad) en mayo empieza una escalada de violencias y desalojos y se empiezan a viralizar videos. Ahí decidimos ampliar el foco y abarcar toda esta problemática”. El funcionario había dicho: “Ya es inconvivible para los vecinos. La opción es dormir en un parador o irte a otro lado. No es opción dormir en la calle”.

Proyecto Boedo trabaja desde 2017 con personas en situación de vulnerabilidad en la zona. Sobre ese vínculo se lograron los testimonios de hombres y mujeres que muchas veces tienen temor a hablar. “Mientras estábamos trabajando en la producción del podcast tuvimos que salir a cuerpear a Espacio Público para que no desalojara a vecinos en situación de calle, que contaron con mucho respaldo en el barrio. Una pareja cuenta que sufrió dos intentos de desalojo y un vecino delante de los funcionarios le ofreció su vehículo para dormir ahí”, relata López.

“El impacto positivo es la respuesta de los vecinos, por lo menos en Boedo, pero las razzias y la persecución siguen. Les roban las cosas. Nos hacen mucho hincapié en eso: ‘el Gobierno de la Ciudad nos roba’. Les sacan utensilios, herramientas, documentos”. Ese es un punto importante, remarca la investigadora: “para ir a los paradores, única solución que supuestamente ofrece el GCBA, tienen que tener un DNI. Pero el mismo gobierno se los saca, los tira a la basura o los quema cuando los desalojan. Es una referencia constante”.