Las denuncias están siendo analizadas por el Supremo Tribunal de Federal en dos procesos distintos. Por un lado, los autores materiales de los episodios de violencia -hay 239 personas denunciadas- y por otro, los instigadores o autores intelectuales -un total de 1.390- del intento golpista a días de asumir el presidente Lula.
Las denuncias de la Fiscalía contemplan delitos de asociación criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y daño al patrimonio público protegido.
Los últimas 250 procesamientos son parte de la quinta remesa de denuncias presentadas por la Procuraduría General.
Las deliberaciones del Supremo, que aún no terminaron, ocurren a puerta cerrada, pero en el registro online consta que de los 11 jueces de la corte, siete votaron a favor de la imputación y uno en contra, por lo que ya hay mayoría suficiente.
El máximo tribunal está evaluando la situación de los llamados «autores intelectuales» del intento golpista, o sea las personas que instigaron los actos; la mayoría dejaron la cárcel después de unas semanas presos y responderán a la Justicia en libertad.
Todos ellos fueron detenidos un día después de los ataques a las sedes de los tres poderes en el campamento bolsonarista montado frente al cuartel general del Ejército, en Brasilia, desde el que se reclamaba un golpe de Estado.
Las denuncias están siendo analizadas en dos procesos judiciales distintos.
En uno de ellos, se investiga a los autores materiales de los episodios de violencia -hay 239 personas denunciadas- mientras que en el otro se engloban los instigadores o autores intelectuales -un total de 1.390-.
En ese último bloque podría ser incluido el expresidente Jair Bolsonaro, quien desde su regreso de Estados Unidos, a finales de marzo, tiene ahora por delante una treintena de causas abiertas que podrían inhabilitarlo para futuros procesos electorales, como las elecciones presidenciales de 2026.
A partir de esta semana, la máxima corte del país analizará la sexta y última tanda de denuncias (131 personas), también referida a las personas que ayudaron a planear la invasión del 8 de enero.
Ese día, miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro (2018-2022) invadieron de forma violenta los edificios del Congreso Nacional, el STF y el Palacio presidencial para impedir la continuidad del Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, que había asumido justo una semana antes.
El jueves, en tanto, se instalará la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) del Congreso, que hará su propia investigación sobre los ataques, con un plazo de seis meses de trabajo.
El cuerpo tendrá 32 integrantes, repartidos por igual entre diputados y senadores, y las mismas facultades de investigación que la Justicia, por lo que pueden convocar a autoridades, solicitar documentos y romper el secreto por el voto de la mayoría de los miembros.
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