La ministra de Salud denunció al exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein, a la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y al exjefe de Gabinete Marcos Peña por presuntos desembolsos adicionales a la firma MR Pharma S.A., que fueron realizados bajo el formato de una actualización por la inflación y devaluación del peso durante la primera mitad de 2018.
También fue denunciado Peña porque la adjudicación original fue otorgada por Jefatura de Gabinete, mientras que las renegociaciones tuvieron la firma de la Secretaría de Salud, «en violación de las normas vigentes, atentando contra los principios que rigen las contrataciones públicas y obligando al Estado al pago de $ 17.881.500 adicionales a las sumas aprobadas originalmente», de acuerdo a la denuncia.
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Según lo publicado oficialmente, la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas también fueron instruidas y alertadas por Vizzotti para iniciar las acciones correspondientes.
Tras los considerandos expuestos en la resolución, la ministra de Salud acusó a Rubinstein, Stanley y Peña por haber hecho pagos irregulares, que ahora pretende que la Justicia declare nulos.
Entre las irregularidades citadas, detalló que se aprobaron órdenes de compra no estipuladas en la licitación a un proveedor que estaba incumpliendo el contrato por mora en las entregas y con la firma de Rubinstein, cuando no era el indicado por la ley.
Una de las irregularidades expresadas indica que el 19 de octubre de 2018 la empresa requirió ante el Ministerio de Salud y Desarrollo Social una solicitud de recomposición de contrato porque «entre la fecha de apertura de ofertas -11/01/2018- y la fecha de ejecución de la orden de compra, habían acontecido circunstancias en la política económica que repercutieron en forma contundente en los costos de la prestación requerida».
Pero en la fecha de esa presentación, Vizzotti advirtió que el prestador debería haber entregado la totalidad del encargo y solo cumplió con el 35 por ciento de la mercadería.
Asimismo, se explicó que pese a los incumplimientos, se aprobó pagar «un 30 por ciento más por encima del valor adjudicado» por el faltante.
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