Por cuarta vez desde que asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal declaró la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria, por lo que completará su mandato en estado de excepción.
La prórroga para todo 2019 había sido aprobada por la Legislatura provincial el 15 diciembre pasado y fue promulgada este jueves con la firma de la gobernadora y de su jefe de gabinete, Federico Salvai. El estado de excepción había comenzado con un decreto de Vidal de fines de 2015, cuando se fugaron los hermanos Lanatta. A pesar de que esa situación se resolvió -fueron apresados nuevamente y juzgados por los crímenes que cometieron durante dicha fuga-, el gobierno de Cambiemos nunca normalizó la gestión del ministerio de seguridad.
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La normativa establece redefinir la estructura, misiones, competencias, funciones y acciones de las Policías y del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, «creando, modificando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente su organización, dirección y funciones, asignando o reasignando elementos, jerarquías, roles, competencias y distribución territorial en los términos que se determinen y a fin de dotarla de la eficiencia debida para atender correctamente sus objetivos y prestaciones fundamentales». En rigor, le permite a Cristian Ritondo, ministro de seguridad provincial, actuar con mayores libertadores que las especuladas en la ley original que rige la materia.
