Vence la deuda con el Club de París y el FMI descarta una misión al país en el corto plazo

Arranca mañana un período de gracia de 60 días. El gobierno aspira a lograr un guiño del Fondo que habilite al grupo europeo a dar un nuevo plazo al pago de U$S 2400 millones.

La videoconferencia que sostuvieron el presidente Alberto Fernández y la canciller de Alemania, Angela Merkel, fue un nuevo paso diplomático en pos de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. En el encuentro del miércoles, que duró 40 minutos, Fernández volvió a poner sobre la mesa el mismo pedido que había formulado a los otros líderes que visitó en su reciente gira por Europa: una extensión en el plazo de los pagos que Argentina debe realizar al organismo, una reducción en las sobretasas a los mayores deudores y un mecanismo de transmisión para que la emisión de DEG (derechos especiales de giro) que estudia realizar el Fondo priorice a los países más necesitados.

«Vamos a seguir apoyando a la Argentina para que encuentre un acuerdo sustentable con el FMI», dijo Merkel en la reunión. El respaldo de Alemania es clave por su indiscutible peso en la Unión Europea y particularmente en el Club de París, el organismo al que Argentina le debe una última cuota de U$S 2400 millones, sumando capital e intereses, correspondiente a la renegociación de 2014. La última fecha de pago es mañana, aunque como ya adelantó este diario, el gobierno pretende utilizar el período de gracia de 60 días (que culminaría a fin de julio) para evitar caer en default.

El plan es aprovechar esos dos meses extra para lograr una prórroga. En los sucesivos encuentros con mandatarios que mantuvo Fernández en Portugal, España, Francia e Italia, tal como le había pasado a Guzmán en su recorrido previo, un mes antes, recibió la misma contestación: el Club quiere un aval del FMI como condición para extender el plazo. La manera de conseguirlo, sea a través de un nuevo programa, un memorándum de entendimiento, una declaración pública o la aceptación de una revisión formal de las cuentas oficiales, es cuestión del gobierno argentino.

Afuera y adentro

Por ahora, la suma de respaldos diplomáticos en el extranjero no logró acelerar la formación de los consensos técnicos indispensables para que ese principio de acuerdo entre Argentina y el Fondo se concrete. En el Palacio de Hacienda están satisfechos con los progresos realizados en materia fiscal (el déficit primario del primer cuatrimestre fue solo del 0,2% del PBI) y el freno a la asistencia monetaria del Banco Central, dos ítems a los que el staff técnico del organismo siempre le interesan. Pero reconocen que el talón de Aquiles son los números de inflación.

Una de las alternativas que se explora es la reanudación de las misiones técnicas que estipula el artículo IV del estatuto del FMI. El informe de esa misión podría ser el aval pedido por el Club de París para no declarar el default. Sin embargo, aunque algunos rumores la anunciaron para la primera quincena de junio, desde Washington relativizaron la inminencia de esa visita. «Continuamos manteniendo un diálogo estrecho, pero no hay planes para una misión en este momento», dijeron voceros del organismo consultados por Tiempo.

Fronteras adentro, la relación con el Fondo sigue generando rispideces. Sobre todo en el Congreso, al que se le dio participación a través de un proyecto de ley impulsado por el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, para que ese cuerpo avale cualquier acuerdo de ese tipo. «Pensamos que sería sano que las decisiones de pedir préstamos en divisas extranjeras tengan la aprobación del Congreso. Esto tiene que ver con convertir la sostenibilidad de la deuda en una política de Estado», había dicho Guzmán.

En los pasillos del edificio del Poder Legislativo afirman haber visto un borrador de la carta de intención que el Ejecutivo debería enviar a Washington y que el excesivo acento puesto en recortar el déficit fiscal haría inviable políticamente su aprobación. De hecho, una decena de legisladores se sumó a la proclama del 25 de mayo, en consonancia con la fecha patria, que propone «la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria» y «reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país». Estos diputados podrían estar tomando posición ante lo que ya saben que vendría.

La diplomacia interna, parece, no marcha al mismo ritmo que la externa. «

FMI prevé una “década perdida”

En una de sus últimas apariciones públicas como funcionario del FMI, Alejandro Werner pronosticó que a causa de la pandemia «el nivel de ingreso per cápita en 2025 (en América Latina) probablemente sea similar al que veíamos en 2015, lo que muestra también un problema de agudización de la pobreza y de deterioro en la distribución del ingreso». También admitió que «se van a acumular rezagos en el área social y en el área de pobreza, una situación que ya no era buena en América Latina».

Werner, cordobés de origen pero radicado en México desde muy pequeño (sus padres se exiliaron durante la dictadura), ocupa todavía el cargo de director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI. Desde ese puesto fue uno de los responsables de haber prestado U$S 57 mil millones al gobierno de Mauricio Macri. Los sucesivos incumplimientos hicieron que el programa fuera suspendido con poco más de U$S 43 mil millones otorgados. El fracaso de ese stand by le marcó la puerta de salida de la entidad de la que se retirará el 31 de agosto próximo.

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