Organizaciones sociales denuncian la posible utilización de los fondos para financiar la baja del costo laboral.
La demora en la reglamentación genera tensión y sospechas dentro de las organizaciones. Lucila Deponti, referente del Movimiento Evita y diputada nacional, explicó: Nos genera sospecha de que esta demora en la reglamentación sea para destinar los fondos previstos para otros fines que no son los de la ley. Nosotros no vamos a dejar que estos recursos sean utilizados por el gobierno para financiar a los empresarios.
En el marco de la avanzada del gobierno en torno a la flexibilización laboral para la que utiliza el eufemismo baja del costo laboral, los movimientos sociales temen que los recursos que están asignados para el cumplimiento de la norma se utilicen para financiar a los empresarios y al empleo formal.
Ante esa posibilidad, la diputada santafesina aseguró que siempre estuvo claro que la sanción de la ley se dio en el marco de la lucha callejera y la movilización y la reglamentación también va a requerir lo mismo, y agregó: Es algo que está en disputa. Vamos a estar el 31 de enero en la calle y vamos estar todas las semanas en la calle hasta que se reglamente la norma. No creo que el gobierno quiera pagar ese costo político en un año electoral.
La ley fue aprobada el 14 de diciembre pasado en el Senado Nacional por amplia mayoría. Para los impulsores de la ley el concepto de emergencia deja en claro la necesidad de la reglamentación urgente. La norma debería ser reglamentada con la celeridad que requiere una situación de desprotección y vulnerabilidad como la que viven los trabajadores de la Economía Popular, los más castigados por medidas económicas que provocan despidos y exclusión, explicaron desde los movimientos sociales.
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