La acusación contra el fiscal Carlos Stornelli por la supuesta extorsión a un empresario. Los hilos que unen declaraciones clave de esa investigación con el juez federal Luis Rodríguez y la investigación por los aportes truchos. Operaciones cruzadas.
Cuando hablan de “vendetta” recuerdan que Stornelli y Rodríguez se odian. Por cuestiones de trabajo que pasaron al plano personal. El jueves por la tarde comenzó a circular la versión de la declaración de Pochetti. Rodríguez es un exjuez de instrucción que, por ejemplo, investigó el asesinato del barra brava de River Plate Gonzalo Acro. Luego saltó a un juzgado federal, impulsado por su relación con Javier Fernández, sindicado como “operador judicial” del gobierno anterior (no importa cuán anterior sea el gobierno). Su enemistad con Stornelli estalló justamente en una causa en la que estaba imputado el exministro Julio De Vido; de allí que en los tribunales de Retiro subrayen sus fallos “a favor de los K”. La declaración de Pochetti apunta a demostrar que esa beneficencia no era militante, mucho menos desinteresada.
¿Tiene Luis Rodríguez alguna causa importante entre sus manos que explique una supuesta “operación” de esta magnitud? Esta semana, después de que el camarista Martín Irurzun apartara a Sebastián Casanello de la investigación por aportantes truchos a la campaña electoral de Cambiemos, salió sorteado para hacerse cargo de ese expediente. Menos de 48 horas más tarde estaba arrinconado por una denuncia de sobornos.
Este viernes, el portal El Cohete a la Luna y el diario Página 12 publicaron detalles de una causa que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la que Stornelli aparece él como supuesto coimero, a través del abogado Marcelo D’Alessio. La documentación es tan “profusa, intensa, categórica y demoledora” (todos adjetivos relativos para un expediente que apenas está empezando) como lo eran las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Pero, a diferencia de la celeridad que exhibieron el propio Stornelli y el juez Claudio Bonadio, para Ramos Padilla no era suficiente como para mandar a detener a D’Alessio y pedir el desafuero con el mismo fin del fiscal Stornelli.
Ramos Padilla es considerado, al igual que Rodríguez, “un juez K”. Según la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, perpetró “una operación” porque “es de La Cámpora”.
En la causa de las fotocopias de los cuadernos, cuando alguien cuestionaba a Bonadio (o incluso a Stornelli), la respuesta fue siempre: “pero lo que dicen los cuadernos ¿es cierto?”. La vara, en este caso, midió diferente: es más importante la crítica al juez por su supuesta pertenencia política que si el fiscal pidió o no pidió coimas.
“Soy víctima de una operación”, se quejó Stornelli. En la jerga judicial se llama “girada” cuando alguien pide dinero a nombre de un funcionario judicial para obtener un beneficio sin que el funcionario esté enterado de eso. D’Alessio, un abogado que dice ser director de la DEA, trabajar en organismos de inteligencia y haber participado en espectaculares operativos trasnacionales contra el narcotráfico, salió el viernes por la mañana a hablar por radio. Contó que los diálogos grabados, las fotografías y filmaciones e incluso los billetes de dólares marcados que aparecen en las publicaciones periodísticas eran, en realidad, parte de sus tareas de su “pasión por investigar”. En realidad, no estaba pidiendo sobornos sino tratando de determinar adónde tenía el productor agropecuario Pedro Etchebest el dinero mal habido.
Pero Etchebest también salió por radio y confirmó todo lo que sostiene la denuncia, con una aclaración: “Yo no demandé a Stornelli”.
-¿Pero usted cree que D’Alessio hablaba en nombre de Stornelli?, le preguntó el periodista Reynaldo Sietecase.
-Sin ninguna duda.
Y, como en una película sobre la mafia, añadió: “como esta gente es tan poderosa y me ha demostrado que es poderosa yo me siento expuesto, trato de esconderme no por cobardía sino por protección”. Etchebest dejó entrever que está fuera del país.
En su denuncia, y con audios de diálogos, el productor agropecuario reflejó que otras personas salpicadas por la investigación de las fotocopias de los cuadernos también habrían tenido que pagar. Hay cifras, nombres.
En ese expediente sobrevuela desde el inicio la sospecha de presiones a los acusados para que se arrepientan y digan ante la fiscalía lo que el fiscal quiere que digan. Pero nunca como ahora en menos de un día se habla públicamente de sobornos.
Muchas veces carpetazos como estos insinuaron que Comodoro Py pasaría a ser una gran playa de estacionamiento tras el derrumbe de una forma de hacer justicia y política. Y nunca pasó.
Otra vez se escucha el crujir de las paredes resquebrajadas.
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