En 2019, estrenamos «La Feliz, continuidades de la violencia», un documental -con investigación periodística de Felipe Celesia, Pablo Waisberg y Federico Desántolo– que recorre 45 años de violencia política en Mar del Plata: la CNU (Concentración Nacional Universitaria), la Noche de las Corbatas (secuestro y desaparición de un grupo de abogados laboralistas en el 77), hasta llegar a un grupo de militantes de derecha que desde aproximadamente 2010, atacaron a inmigrantes bolivianos, prostitutas, militantes LGBTIQ+, etc. Los atacantes respondían al liderazgo ideológico de Carlos Pampillón, y fueron condenados. Pampillón no. Ahora, tras cuatro años, resurgió el caso y está siendo procesado como autor ideológico de los atentados.
La tesis
El documental se propone pensar si hubo una continuidad entre esos tres grupos. Y si bien hay diferencias histórico políticas, reflejan una dinámica semejante de deshumanización y anulación del objeto de su odio; de violencia política ejercida como sistema, desde grupos de extrema derecha, liberales en lo económico; de acción directa sobre el cuerpo del otro, violencia que siempre apuntó a la conservación de privilegios y la protección de las grandes concentraciones económicas.
Una de las diferencias está en que la CNU y los militares operaron bajo el ala del Estado, y la actual extrema derecha (aún) no. Esa diferencia se lee en que a estos últimos se los investigó y juzgó. Fue gracias a la presión intensa de actores del mundo político-judicial, y a las movilizaciones en reclamo de justicia. Sin esto, o bien ni se hubiera juzgado, o se hubiesen contentado con unas leves sanciones a los ejecutores más visibles.
El nuevo terrorismo de estado
En este momento se está juzgando el accionar de un grupo análogo al de Mar del Plata: aquellos que intentaron eliminar a la vicepresidenta (líder y referente política de millones de personas de este país). El Poder Judicial, en tándem con el mediático y el económico, apuestan todo a la tesis del loquito suelto, marginal, apoyado simplemente por una o dos personas. Prefieren no profundizar las investigaciones, que no se encuentre la estructura económica que sostiene esas militancias, a los gestores y sostenes ideológicos implicados en el estáblishment político, la zona más astuta de la pirámide, que tiene a los ejecutores como base. De ahí han salido inversiones y protección para sostener este entramado. Si quienes manipulan y ocultan (o lo intentan, si no media la movilización y la acción política) ganasen las elecciones y lograsen sacarse de encima este fardo con dos o tres condenas menores, serían el gobierno sosteniendo la acción arbitraria, interesada y violenta de los ejecutores, a través de los mecanismos del aparato de la justicia. Una manera actualizada del Terrorismo de Estado. Estado, poder judicial, medios, policía e inteligencia trabajando en favor de estructuras criminales que operan con los mismos objetivos que el gobierno (privilegios y concentración), en mutua protección. Por lo que podríamos estar hablando de una forma nueva y sesgada de Terrorismo de Estado. Un Terrorismo de Estado Judicial.
Ahí radica la enorme importancia de continuar la investigación y procesamiento de Pampillón, así como que se investigue el atentado contra CFK en todo su volumen, y se vaya con decisión contra el paquete de inmundicias que salieron a la luz acerca de la connivencia de políticos, medios, jueces y fiscales: para evitar las nuevas formas del Terrorismo de Estado.
