Los negocios inmobiliarios y forestales, el poder político que los ampara y un creciente activismo juvenil confluyen en el conflicto. La construcción del enemigo mapuche tiene ayuda mediática.
Cuando literalmente aún humeaban las llamas que en la madrugada del miércoles 20 acabaron con la sede del CAP, el intendente local, Bruno Pogliano, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, marcaron la línea que reprodujo el conglomerado oficialista: “Ataque terrorista mapuche”.
Como toda prueba, mostraron un panfleto A4 a color con consignas y nombres de empresarios y políticos. Lo mismo, pero con menos pruebas, habían concluido en la madrugada del 4 de octubre tras el fuego que afectó una parte de un Centro de Información Turística. Con más elementos, sumaron el incendio de una base de Vialidad Provincial en Bariloche.
Pese a esa endeblez, los denunciaron como atentados terroristas en la Justicia Federal y exigieron al gobierno nacional el envío de fuerzas federales que llegaron el viernes mientras la prensa describía a la Comarca Andina como zona de guerra, avalaba cada exabrupto del intendente y la gobernadora, y encomiaba la fortaleza local por imponer sus exigencias a la Casa Rosada.
A tres semanas de las elecciones, el oficialismo provincial quedó en el centro de la escena dueño de la iniciativa y obligando a alinearse a todo el espectro político.
“Conflicto mapuche: nuevo incendio intencional en El Bolsón”, “Terrorismo mapuche en El Bolsón”, fue el tenor de los títulos. La Nación e Infobae, por ejemplo, publicaron 36 notas cada uno entre miércoles y viernes, mientras que un móvil TN, del Grupo Clarín, estacionó frente al CAP en la misma mañana del fuego.
Los acusadores vinculan los incendios con dos procesos de recuperación territorial por comunidades mapuches en un campo fiscal en la Cuesta del Ternero, al norte de El Bolsón, y en Villa Mascardi, al sur de Bariloche.
Carreras rechaza conversar con esas comunidades y se aferra a la política de represión sin diálogo nacida el 31 de julio de 2017 en Bariloche, por acuerdo entre los gobiernos de Río Negro y Chubut con el exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti. Al día siguiente ya había provocado la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, y más tarde el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel.
Lo que resiste el gobierno provincial es la aplicación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, sancionada en 2006 por iniciativa del expresidente Néstor Kirchner, que frena los desalojos y dispone una mesa tripartita entre comunidades y los gobiernos nacional y provincial para el relevamiento y regularización de la situación territorial. En casi todo el país la ley avanza, salvo en Río Negro.
“Río Negro no quiere firmar el Convenio de Relevamiento”, develó ayer la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda. “Río Negro es una de las pocas provincias que no tiene una sola comunidad con título (de tierras) comunitario”, precisó el director de Asuntos Jurídicos de ese organismo, Julián Fernández.
La provincia está conducida desde enero de 2012 por un partido conservador edificado en torno de la figura del senador nacional Alberto Weretilneck, quien heredó la gobernación tras la muerte del peronista Carlos Soria. Llamado Juntos Somos Río Negro, su partido abreva de sectores del peronismo, el radicalismo y otras fuerzas menores, y expresa intereses de los sectores económicos concentrados de la provincia, como los grandes operadores inmobiliarios y forestales.
Desde que asumió la gobernación hasta que la dejó en 2019, Weretilneck ignoró fallos de la Corte de la provincia y de la Nación que le ordenaban abrir el paso hacia el Lago Escondido, clausurado por el británico Joe Lewis. No los acató, y además envió policía para reprimir los intentos de acceso por parte de organizaciones sociales.
Entre 2012 y 2015 funcionó en Río Negro una comisión investigadora parlamentaria que descubrió 141 casos de ventas fraudulentas de 464.848 hectáreas de tierras fiscales que el exgobernador se negó a revertir. Ninguno de esos casos fue protagonizado por comunidades mapuches.
En forma paralela, en los últimos años se viene produciendo un singular fenómeno de creciente “mapuchización” entre sectores juveniles mayormente habitantes de las periferias de ciudades patagónicas. Históricamente sumergidos en la pobreza, el desempleo y la humillación, los jóvenes (y no tanto) van asumiendo su pertenencia a una cultura ancestral que los provee de una identidad y una pertenencia de la que carecían. Cambia su mundo.
Esos jóvenes están más dispuestos a poner el cuerpo en la recuperación de tierras, lo que en parte explica la revitalización de reclamos por territorios ancestrales que, a su vez, pone en cuestión la continuidad impune de los negocios inmobiliarios y forestales que el gobierno de Río Negro pretende garantizar a sangre y fuego en zonas que deben retornar a pueblos originarios.
El tándem Weretilneck/Carreras/Pogliano apela a la deshumanización del otro para convertirlo en enemigo interno asociado a los viejos conceptos de la Campaña del Desierto: indio malo, delincuente, salvaje. Pero ahora con el añadido de terrorista incendiario. Es endeble, pero suficiente para construir un sentido común contra un enemigo deshumanizado y criminalizado, además de extranjero, de manera de poder reprimirlo con cierto aval social y sin demasiado costo político y judicial.
Pero no son estos los únicos fuegos de la Cordillera. En los últimos años fueron reducidas a cenizas dos radios (Activa y Comarca Andina), claramente opositoras a los negociados inmobiliarios con tierras fiscales.
La misma suerte corrieron una salita de salud y dos veces un Centro Comunitario del paraje Mallín Ahogado donde se reunía la Asamblea por el Agua y la Tierra, que desde hace una década confronta contra un intento de loteo para construir una lujosa Aldea de Montaña en un Área Natural Protegida declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La empresa que lo intenta, Laderas, estrechamente vinculada a Lago Escondido, tenía de contador al intendente Bruno Pogliano, y a la vez es la concesionaria del Centro de Esquí del cerro Perito Moreno, en cuyo proceso de licitación el Club Andino Piltriquitrón quedó involucrado en confusos manejos de tierras.
«Nos ponen ante la sospecha de terrorismo»
El coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, alerta sobre el peligro que implica el uso liviano del término terrorista, a la vez que reclama enfáticamente el pronto esclarecimiento de los incendios en El Bolsón y Bariloche.
“Nos pone ante la sospecha de terrorismo, con lo que significa hablar de ello en la Argentina, con las épocas oscuras que ha vivido nuestro país”, sostiene ante Tiempo Argentino.
“Esto hace que el Estado asuma posiciones coercitivas, de persecución, y que lo que ocultan es la negación del pueblo mapuche-tehuelche y sus reivindicaciones territoriales”, deconstruye.
Para Carriqueo, se trata de la continuidad institucional del comando unificado (acuerdo represivo antimapuche de 2017) que, en el mejor de los casos, hoy se plantea en un grado mayor de violencia institucional. “En el peor de los casos, es terrorismo de Estado”, alerta el referente provincial.
«
La vicepresidenta sigue con su armado territorial. En su entorno sostienen que puede representar a…
Centenares de profesionales de distintas disciplinas realizaron una denuncia penal contra el gobernador cordobés, legisladores…
El sector está en alerta por la falta de una "política industrial" ante el posible…
El "ollazo" organizado por el Frente de Lucha Piquetero se desplazó por el centro porteño…
Lo admitieron voceros del organismo en Washington. El Gobierno quiere dinero "cash" para pagar vencimientos…
Una muestra fotográfica refleja las realidades de chicos y chicas institucionalizados. Hay más de nueve…
También anuló la prohibición para ejercer cargos públicos. Había sido condenado por el pago de…
El gobierno giró el proyecto de Ley para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias…
El fallecimiento del fueguino Héctor Stefani abrió una pelea por la banca que se disputan…
El ndec registró un aumento del costo del 1% y las empresas registraron una variación…
Habrá tres tipos de evaluaciones: para servicios generales, administrativos y profesionales. El personal tendrá que…
Comenzará a las 19 horas en todas las universidades públicas del país, en conmemoración al…
Ver comentarios
para tu archivo
25 de Octubre de 2021 REPUDIO A LA VIOLENCIA Y A LA CAMPAÑA RACISTA Y ESTIGMATIZANTE HACIA EL PUEBLO MAPUCHE/MAPUCHE-TEHUELCHE Un conjunto de equipos de investigación pertenecientes a diferentes Universidades, unidades ejecutoras y centros de investigación del CONICET, quienes trabajamos con el pueblo originario mapuche/mapuche-tehuelche, deseamos fijar postura frente a los hechos de los últimos días y a la vez repudiar la nueva operación de criminalización, desarrollada sugestivamente en plena campaña electoral. Repudiamos cualquier forma de violencia, como el incendio producido en el Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón, hecho que nada tiene que ver con las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche/mapuche-tehuelche, cuyo diálogo con la sociedad no indígena, se ha construido a lo largo de décadas sobre la base de mutuo enriquecimiento. Pero además, con relación a este caso concreto, nos preocupan algunas cuestiones específicas. En primer lugar, que aun cuando el gobierno provincial no cuenta con pruebas concretas respecto a quienes han sido los responsables del incendio del Club Andino, funcionarixs y medios de prensa caracterizaron al acontecimiento como “terrorismo” y acusaron a todo un pueblo (de más de 300.000 integrantes distribuidos en varias provincias) del hecho. En segundo lugar, y ligado a lo anterior, nos preocupa el racismo, la ignorancia y los prejuicios que, tanto sectores del periodismo como de la función pública sacaron a relucir contra todo el pueblo mapuche. Llama la atención que estos hechos tengan lugar y adquieran centralidad mediática -bajo una operatoria similar a la ocurrida en el año 2017- en un contexto en el que se está debatiendo la prórroga de la Ley 26.160 de “emergencia territorial indígena” en el Congreso de la Nación, pero además, a escasos días de las elecciones. Ello nos lleva, como mínimo, a preguntarnos si no se trata de un “escenario” ideal, montado para quienes obtienen un rédito electoral a partir de la criminalización y estigmatización del “otro”; en este caso, del pueblo originario mapuche/mapuche-tehuelche. También nos preguntamos si, en este particular contexto y frente a las enormes dificultades económicas de vastísimos sectores sociales en la región -tras años de recesión económica, con grandes problemas de trabajo, de precariedad laboral, dificultades para satisfacer las necesidades básicas--, ciertos sectores no habrán encontrado en un histórico “chivo expiatorio” la forma de sacar el foco sobre la falta de soluciones a los problemas antes descritos. Como es habitual en estas situaciones, comienzan a circular una serie de falacias, tergiversaciones y discursos estigmatizantes que buscan generar sentimientos de odio y racismo en vastos sectores de la población. Por todo lo expuesto, como especialistas en el tema en cuestión, nos vemos en la obligación de responder a estas falacias que circulan por estas horas. Diversas investigaciones arqueológicas demuestran la milenaria presencia de contactos entre los pueblos indígenas ubicados a ambos lados de la cordillera de los Andes, evidenciando complejos procesos de interacción social de larga data. En esta misma línea, estudios histórico-antropológicos ponen de manifiesto que la cordillera pasó a erigirse como frontera varias décadas después de la constitución de los Estados nacionales. En efecto, la reiteración de muchos apellidos indígenas en lo que actualmente se conoce como Chile y Argentina y de familias que quedaron divididas con la conformación de la cordillera como frontera, son indicativas de la movilidad que ha existido en toda la Patagonia. De ahí la falacia en que incurren quienes niegan la presencia ancestral del pueblo mapuche, clasifican en términos nacionales a pueblos indígenas que existían con anterioridad a la creación reciente de las naciones y hablan de una supuesta invasión en sentido Oeste-Este, negando procesos muy complejos, de gran profundidad temporal. La preexistencia del pueblo mapuche. Existen también citas de los partes de campaña escritos por los militares que efectuaron el avance violento sobre sus territorios a fines del suche/mapuche - tehuelche está ampliamente documentada. Para citar solo algunos ejemplos, podemos recordar que cerca de la zona de conflicto, al norte del lago Nahuel Huapi hay testimonios escritos de la presencia de caciques pehuenches (parcialidad del pueblo mapuche) hacia fines del 1700. Los documentos del siglo XIX dan cuenta también de la presencia de las actuales comunidades que hoy habitan el lugar. En la zona de Bariloche diferentes evidencias -memorias indígenas y documentos estatales- indican que desde 1870 ya estaban asentadas algunas de las actuales comunidades. Es decir, varias décadas antes de la efectiva presencia del Estado y la consolidación de la frontera con siglo XIX -violando los pactos firmados entre el Estado y los caciques que se reconocían como autoridades en la Pampa y la Patagonia argentina-, que testimonian cómo expulsaron hacia Chile a los mapuche que habitaban el sur argentino. Entre las explicaciones empleadas para poner en duda el carácter “originario” del pueblo mapuche, se recurre al argumento largamente refutado que afirma que presuntamente “los mapuche exterminaron a los tehuelche”. No hay ninguna evidencia científica que permita confirmar esta falacia, desmentida por diversas crónicas históricas que aluden a sus relaciones comerciales y parentales y por la histórica convivencia entre mapuches y tehuelches en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz. De hecho, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro en los ultimos años adoptó la denominacion mixta de Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, de una forma integradora, para representar mejor la composición de sus comunidades. Como miembros de la comunidad científica instamos a la opinión pública en general, a los medios masivos de comunicación y a las personas del gobierno involucradas a abordar la temática con la complejidad y responsabilidad ética que se merece. Denunciamos la gravedad de algunos mensajes mediáticos que intentan imponer la idea de "amenaza" -que presuntamente incluiría al conjunto del pueblo mapuche- y son empleados para negar sus derechos, contribuyendo a las situaciones de violencia que se vienen registrando en estos días. Para finalizar, denunciamos la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que están siendo vulnerados hoy, en particular en la comunidad Quemquemtrew en Cuesta del Ternero. Los hechos denunciados abarcan innumerables actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra pobladores pacíficos, incluyendo la violencia física contra mujeres, niños y niñas, la ocupación y utilización de la escuela 211 como base policial, generando una situación de avasallamiento de los derechos de las infancias y de toda la comunidad educativa que está fuera de todo marco legal. Y especialmente el virtual sitio a la comunidad, ejecutado por las fuerzas de seguridad provinciales con el fin de acorralar por el hambre y el frío a sus habitantes, provocando daños intencionales a un grupo de personas, atribuyéndose la potestad de castigar a un grupo humano sobre el cual no se ha expedido la justicia ni se visualiza tampoco un interés genuino por parte del poder político de dilucidar la situación. Reclamamos que cese toda forma de violencia y se haga efectivo lo estipulado en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), las constituciones provinciales, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y todo el marco normativo nacional que refiere a los derechos del pueblo originario mapuche, mapuche tehuelche y los restantes pueblos. Alentamos también a los legisladores nacionales a sancionar la prórroga de la ley 26.160 actualmente en tratamiento en el Congreso y a dictar la ley de propiedad comunitaria indígena. Firman: Cátedra extensión Rural AUSMA Universidad Nacional del Comahue Grupo de estudios sobre “producción de Estado, alteridad y conflicto en Norpatagonia. IIDYPCA- CONICET-UNRN Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS-CONICET-UNCo). Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH CCT CONICET-CENPAT). Grupo de Investigación “Trayectorias migratorias y laborales en territorios rurales y urbanos del Norte de la Patagonia” (FADECS-UNCo). Proyecto Unidad Ejecutora “La (re)producción de las desigualdades en la Patagonia Norte. Un abordaje multidimensional” (IPEHCS-CONICET-UNCo). Grupo de Investigación “Transformaciones territoriales y relaciones interétnicas en el desarrollo turístico de la Patagonia Norte” (Facultad de Turismo, UNCo). Grupo Interdisciplinario de Estudio en Políticas Públicas Participativas, Interculturales e Interseccionales (GIEPPPII) Programa “Etnicidades y Territorios en redefinición” (ICA-FFyL-UBA) - Asignaturas Antropología Sistemática II (Antropología Económica) y Seminario de Antropología Social: Antropología Rural del Dto. de Cs. Antropológicas - FFyL-UBA. Claudia Briones, IIDyPCa (UNRN/CONICET) Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) Proyecto UBACYT 2020-20020190100136BA “Memorias, resistencias y agencias políticas de comunidades y colectivos indígenas: trayectorias en contextos post genocidas” (ICA-FFyL-UBA). Grupo de Estudios de la Frontera Sur (ICA-FFyL-UBA) Equipo Niñez Plural (ICA, FFyL, UBA/ FTS, UNLP- CONICET). Equipo Arqueología de Pampa Occidental (IDECU- Museo Etnográfico- CONICET- UBA). Red de investigador@s en Genocidio y política indígena en Argentina (RIGPI) Grupo de Investigación sobre territorialidades, alteridades y agencia colectiva en norpatagonia (GITAAC). Núcleo de Estudios sobre Identidad y Cultura (IEHSOLP, CONICET-UNLPam) y Proyecto de Investigación “Campos culturales y campos de interlocución: procesos de identificación, tensiones y actores en un espacio regional (La Pampa y Norpatagonia, siglos XX y XXI)”, Instituto de Estudios Socio-Históricos (IESH, UNLPam). Programa de “Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios” (PROARHEP) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján (UNLU) Cátedra "Historia Social de América. "Entre la memoria y la desmemoria". Procesos sociales, políticos y económicos de la región pampeano-patagónica: desde los primeros pobladores hasta la formación del estado nación", Facultad de Humanidades, UNMdP https://forms.gle/hQgDnDHqJxGJh7Na6