Una ANSES para los desafíos de la Argentina contemporánea

La crisis socioeconómica que atraviesa la argentina actual encuentra en dos fenómenos singulares-disruptivos de la historia reciente sus puntos nodales, sobre cuyas genealogías es posible divisar causas estructurales. La irrupción contemporánea de la pandemia Covid-19 y sus efectos sobre la paralización de la actividad productiva, comercial y del crédito mundial evidencian una economía global trasvasada por la primacía de la especulación financiera, en la que default global resuena como probable horizonte. Sobre esta coyuntura pandémica, con formaciones bien sedimentas, el efecto en el corto plazo sobre la economía nacional se manifiesta antes que por las dificultades al acceso al mercado de capitales (desde antes del Covid-19 el país está bajo un default técnico), por la caída del consumo interno (que explica 2/3 de la dinámica del mercado local) así como por un impacto objetivo en la capacidad comercial con la región y el mundo (aunque en rigor los saldos comerciales marcan positivos en el corto plazo debido a la caída de las importaciones)…Todo indica que la recesión económica en curso conllevará un agravamiento del cuadro social y productivo que, en rigor, ya era crítico previo a la vigencia de la cuarentena.

Las estadísticas de pobreza superiores al 50% en niñxs y adolescentes, los niveles de desocupación superiores a los dos dígitos, la capacidad industrial funcionando en promedio al 50% de sus capacidades y un Estado desfinanciado y endeudado (condición ésta similar a la millones de ciudadanxs) constituyen algunos de los rasgos predominantes con la que lxs argentinxs ingresamos a la pandemia global. Pero es desde una mirada retrospectiva lo que permite conectar el fenómeno global del Covid-19 con otro hecho singular de la historia política y económica argentina reciente, que explica en gran medida el cuadro socioeconómico descripto. El triunfo del gobierno de las finanzas, para utilizar la aguda matriz comprensiva sobre el gobierno de Cambiemos propuesta por el historiador Bruno Nápoli, constituyó un acontecimiento peculiar dado que por primera vez -a lo largo de la historia nacional- los actores de las finanzas fueron electos por el voto popular para administrar los resortes del Estado.

Múltiples fueron las áreas que al calor de un endeudamiento compulsivo y de una fuga de divisas permanentes se vieron afectadas por las políticas de transferencias de recursos (del sector productivo a la especulación financiera) siendo, una de ellas, principalmente blanco de afectación: la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y, en especial, su Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Nada nuevo bajo el sol, uno de los paladines de los gobiernos neoliberales y recomendaciones expresas de los centros financieros globales, pasan precisamente por el imperativo de recortar los fondos destinados a la inversión social (vulnerando así derechos sociales) y/o descapitalizando los recursos públicos con sus consecuentes impactos sociales regresivos en el mediano y largo plazo. A la pérdida de la capacidad adquisitiva de lxs jubiladxs y quienes cobraban asignaciones familiares (reducción del orden del 30% -reforma mediante del régimen de actualización jubilatoria- durante el anterior gobierno nacional) se sumó una devaluación del FGS en un 70% en dólares (de los 67 mil millones de dólares de 2015 solo quedaron 22 mil millones, para un informe detallado ver: Zaiat, en Página 12, 22/09/2019). Nuevamente, el correlato social de la recaída neoliberal (Scaletta 2017) lo fue la caída de millones de jubiladxs y beneficiarixs de las distintas asignaciones no contributivas bajo la línea de pobreza.

Sin embargo, asumiendo las complejidades heredadas, el actual gobierno reorientó las prioridades constituyendo la ANSES un ente fundamental de cara a la recuperación de una sinergia virtuosa, cuyo antecedente nos remite a una decisión también disruptiva e histórica: la estratégica estatización de los recursos que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) capturaban de lxs trabajadorxs activos en el sistema productivo para su re-direccionamiento hacia la especulación financiera. La decisión política (año 2008) de la entonces presidenta Cristina Fernández marco un parte aguas en la historia de la previsión y derechos sociales, no solo a nivel argentino sino de trascendencia regional, cuyos logros serían reconocidos por organismos como la ONU, la OIT, el BM, la CEPAL y UNICEF: universalización de las jubilaciones y haberes mínimos primeros en el ranking de América Latina y la Asignación Universal Por Hijo, cuya aplicación en 2009 significó una cobertura del 85% de lxs niñxs y la reducción de la pobreza en un 22% y la extrema pobreza en un 42%.

La sinergia virtuosa que retroalimentaba la ANSES y su FGS se desarrollaba a partir de la implementación de partidas (contributivas y no contributivas) que al tiempo que reconocía y ampliaba derechos, motorizaban el consumo y con ello la dinámica del mercado interno. Pero además el FGS cumplía un rol clave en el impulso de la generación de puestos de trabajos formales a partir de sus múltiples inversiones productivas responsables que redundaban en la ampliación de la capacidad energética del país (inversiones en el centrales eléctricas), de la infraestructura nacional (red de agua, rutas, manejo de recursos hídricos para evitar inundaciones) y en la solución del déficit en el acceso a la vivienda (PROCREAR). Así, el dinero de los jubilados  (expresión recurrentes de los sectores críticos a las políticas productivas del gobierno nacional, otrora defensores del negocio especulativo de las AFJP) lejos de devaluarse se multiplicaría alcanzando niveles record, dando al sistema previsional argentino mayores recursos para garantizar el derecho constitucional de acceso a una jubilación digna (el FGS pasó de 20 mil millones de dólares iniciales -2008- a los aludidos 67 mil millones de dólares hacia 2015).

Recuperar dicha experiencia en estos tiempos constituye un imperativo. Sin embargo ello debe estar acompañado por una actualización del rol de la ANSES de cara a un doble propósito, por un lado contribuir activamente en uno de los desafíos centrales trazado en la propuesta electoral del Frente de Todos (y ratificado en la asunción de gobierno) así como devenir en un dispositivo de subjetivación política con vocación de construir ciudadanía con perspectiva crítica. En lo que atañe al primero de ellos, el énfasis de construir un país federal en el que el Estado garantice las mismas oportunidades en lo extenso del territorio nacional, constituye una labor sobre la que la ANSES (a partir de sus Unidades de Atención Integral y sus múltiples oficinas esparcidas en las distintas provincias) puede y debe aportar de manera significativa. Garantizando que los programas y partidas nacionales lleguen efectivamente a los territorios, pero también logrando que las complejidades diversas (demandas, necesidades y propuestas) existentes en los distintos puntos de la argentina puedan proyectarse a los múltiples ámbitos de coordinación nacional. Para lo cual es imprescindible una articulación permanente entre el Ente y los actores y actrices socioterritoriales de las distintas localidades.

Concomitante con ello adquiere envergadura el segundo de los desafíos: la ANSES debe constituirse -desde sus respectivas conducciones y equipos de trabajo- en un agente institucional capaz de acompañar la distribución material progresiva inherente a sus partidas presupuestarias con aquello que ha sido, no solo en la experiencia argentina sino del conjunto de los países latinoamericanos durante la primer oleada progresista, una deuda o carencia estratégica. En palabras Álvaro García Linera, nuestras experiencias populares de inicio de este siglo XXI lograron formidables ampliaciones materiales pero no disputaron con éxito el sentido común asociado a los preceptos morales del neoliberalismo. Razón por la cual necesitamos una ANSES comprometida en acompañar, a través de las redes de articulación social que logre construir, una profunda revolución cultural, ética y lógica en cada uno de los territorios. Dirección moral e intelectual ésta que requiere de un cuerpo dirigente con coherencia política, sensibilidad social, idoneidad y voluntad transformadora en el ejercicio de sus funciones públicas.

Hasta aquí algunos de los desafíos de nuestra argentina contemporánea y su estatalidad cuyos eventuales alcances satisfactorios constituirán, sin dudas, auténticos aportes para una civilización global en crisis.