¿Cómo se sentirá el presidente con los datos de pobreza e indigencia que se acaban de publicar y que muestran el tenor de la emergencia social y, en particular, la alimentaria? Según el Indec, la indigencia llegó en el primer semestre al 7,7% de la población, por encima del 4,9% de un año atrás. Hay que decir que esto no contempla los impactos de la devaluación post PASO que sin dudas seguirá haciendo crecer el número de personas que no llegan a cubrir una canasta básica de alimentos. La culpa es por completo del modelo, no de la democracia. Es lo mismo que pasa con la cifra de pobreza, que en el último año pasó del 27,3% al 35,4% de la población. Extrapolando la muestra del Indec al total de la población, se puede observar que entre el primer semestre de 2018 y el de 2019 se generaron cerca de 3 millones 300 mil nuevos pobres.
Para que la pobreza tienda a reducirse es preciso implementar políticas que por un lado mejoren el poder adquisitivo de los ingresos, y que en paralelo incentiven la generación de empleo de calidad. Por caso, la caída del salario real de los siete primeros meses del año contra el mismo lapso de 2018 fue del -10,8%, y los más castigados fueron los del sector privado no registrado (-14,2%). El desempleo también ha ido en alza, pasando del 9,6% en el segundo trimestre de 2018 al 10,6% en el segundo de 2019. La subocupación, en tanto, se incrementó en casi 2 puntos porcentuales.
El impulso de la actividad económica, condición necesaria para que los ingresos de la economía se expandan, tampoco parece haber estado en las prioridades de este gobierno. Los últimos datos de la producción de la industria que presentó el Indec muestran una caída del 8,1% en los primeros ocho meses del año, y un 8% de baja en la actividad de la construcción. Para empezar a revertir la situación que deja el gobierno actual hay que poner en marcha la economía, y esto sólo se puede hacer con medidas de corte virtuoso, que generen demanda interna y trasciendan la lógica del ajuste y las reformas, entre ellas las que llevan a la precarización laboral.
Los datos del resultado fiscal evidencian el fortísimo ajuste en el gasto, salvo en un ítem: los intereses de la deuda pública. Estos no dejan de crecer: si los medimos como porcentaje del gasto primario, alcanzaron el 6,7% en 2016 y el 9,4% en 2017. Para comparar con los datos actuales, que llegan hasta agosto, en los ocho primeros meses de 2018 este indicador llegó al 11,1%, y en igual período de este año al 17,5%. Esta evolución demuestra que el resultado fiscal primario (sin considerar los intereses, y que es el que mide y exige el FMI) es un enfoque erróneo. Este oculta el incremento de los intereses de la deuda pública. El resultado fiscal que debe considerarse es el total (llamado financiero) que incluye los intereses, ya que es ese el importe que impacta sobre la necesidad de financiarse (si es deficitario) o de poder cancelar deuda e intereses (si es superavitario).
En el acumulado de los 8 meses de 2019 las jubilaciones y pensiones cayeron un 10,5% en términos reales, es decir, su poder adquisitivo, y las asignaciones familiares un 19,6%. También se redujeron un 13% los salarios de los empleados públicos de la Nación, un 32% los gastos en educación (y un 43% las asignaciones a infraestructura para este destino) y un 25% los gastos en salud. Pero los subsidios a la energía aumentaron un 8%, aunque los subsidios al transporte cayeron 26%, claro indicador de los sectores que han sido privilegiados por este gobierno.
Un tema importante es la evolución de los ingresos tributarios, que cayeron un 5,2% en el acumulado a agosto, debido a la fuerte recesión imperante. Con un plan de ajuste, este comportamiento se vuelve mucho más preocupante, puesto que, para reducir el déficit primario, los gastos deben bajar aun más. De hecho, en dicho período el gasto primario bajó un 11%, el doble de la reducción de los ingresos, siempre medidos en términos reales.
Lineamientos básicos
El Macri candidato prometió esta semana rebaja de Ganancias a pymes y alivio fiscal a monotributistas para 2020, sin siquiera poner sobre la mesa el cálculo de cómo se afectan los recursos fiscales. Llama la atención que los grandes medios en este caso no le pidan propuestas consistentes. En este plano, ¿cuán coherente con la supuesta intención de tener un sistema previsional sostenible es la propuesta de bajar los aportes patronales, algo que también anunciaron en la semana? Poco y nada.
Más allá de las promesas de siempre de Macri, el espíritu que persiguen desde fines de 2015 sigue intacto y puede verse a la luz de las declaraciones de su compañero de fórmula, quien preguntó: «¿Cómo puede ser que los 400 mil venezolanos que ingresaron en el último año estén todos trabajando?».
El problema no es la falta del deseo de trabajar (se considera desempleado a quien busca activamente trabajo y no lo consigue), sino la aguda falta de trabajo. Y lo poco que hay es trabajo precarizado, con salarios fuera de convenio y sin ningún tipo de beneficio social, que es al que podrían acceder los recién llegados.
Esta semana la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) recibió a Alberto Fernández, quien tras la reunión comentó que le plantearon «la necesidad de una reforma impositiva, y muchos de esos planteos son ciertos», pero que hay que tener en cuenta el déficit fiscal que deja el gobierno de Macri (tema del cual ya se habló en esta nota). Según Fernández, en el encuentro se trató la cuestión del «pacto social», y que es necesario institucionalizarlo para que perdure en el tiempo. Desde mi perspectiva, para que ello ocurra es preciso darle un sentido de sostenibilidad, pero no sólo desde lo sectorial, también desde lo macroeconómico, así como también hay que apuntar a una distribución del ingreso más justa.
Se supone que todos tienen las mejores intenciones para el país, pero también hay intereses sectoriales. Los consensos básicos que se buscan y que podrían alcanzarse no tienen por qué ser incompatibles. La reducción de impuestos puede mejorar en el corto plazo la hoja de balance para algunas empresas, pero no representa ninguna solución inmediata. Ello ocurre porque la baja de impuestos lleva al ajuste de los gastos públicos y ello a la caída de la actividad económica, un auténtico círculo vicioso que comprime al mercado interno.
En todo caso, el problema de los impuestos hay que verlo en el marco de una política de crecimiento y no desde una mirada sectorial de más corto plazo. El verdadero camino para resolver los problemas de la rentabilidad empresaria es por la vía del aumento de la actividad. Viene por el crecimiento de la demanda, que nace del incremento del consumo y este a su vez de la mejora de los ingresos de los consumidores. Como siempre digo, hay que ver la totalidad de las variables en forma conjunta. Y lo expuesto convalida la idea de la necesidad de crecer, como condición indispensable pero no suficiente, porque ese crecimiento debe venir acompañado de una mejora distributiva para beneficiar a la gran mayoría de los argentinos y las argentinas. «
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