Un fiscal se animó a desafiar la absurda teoría del “cuentapropismo” en el espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos y apuntó directamente a quien, por ley, es el máximo y excluyente responsable de la inteligencia, el presidente de la Nación, en este caso Mauricio Macri.

El fiscal federal Franco Picardi se pronunció a favor de elevar a juicio oral y público el caso del espionaje al Instituto Patria y al domicilio particular de Cristina Fernández de Kirchner, descubierto por militantes que observaron automóviles extraños merodeando en 2018 a la actual vicepresidenta.

Ese episodio fue sobreseído por los tribunales de Comodoro Py 2002, pero estalló nuevamente cuando el juez federal de Lomas de Zamora descubrió en los teléfonos secuestrados -en el marco de una causa por drogas- información sobre espionaje ilegal que sufrieron dirigentes peronistas pero también aliados de Cambiemos, entre ellos el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su ex vice, Diego Santilli, hoy aspirante a la gobernación bonaerense. 

“Un plan sistemático y organizado”

El fiscal Picardi pidió el juicio oral para los ex jefes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y también para dos de sus colaboradores, Alan Ruiz y Martín Coste.

Ruiz es una figura medular en la supuesta trama de espionaje ilegal. Está apuntado como quien convocó a un grupo de nuevos espías, en su mayoría provenientes de la Policía de la Ciudad, para conformar el grupo de whatsapp Súper Mario Bros, que realizó las tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos, sociales, eclesiásticos e incluso parientes del ex presidente Macri, entre ellos una de sus hermanas.

Cuando ese expediente llegó a la Cámara Federal, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi sostuvieron que los agentes convocados durante la gestión de Arribas y Majdalani se habían cortado por las suyas y realizaron tareas de inteligencia, incluso sobre la hermana del presidente Macri, sin que sus jefes lo supieran y para beneficio personal.

En su dictamen, Picardi se centró en los hechos del Instituto Patria y el domicilio de Cristina Kirchner, pero también avanzó sobre esa ridícula hipótesis del cuentapropismo. Para ello, se apoyó en un fallo de junio pasado de la Corte Suprema (integrada por conjueces, porque ninguno de los cuatro titulares quiso participar en este tema) que dejó firmes los procesamientos de los cuatro a quienes ahora les propuso el juicio oral.

Pero en ese mismo dictamen propuso “indagar el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados, el entonces presidente Mauricio Macri”.

“El denominador común de las personas involucradas en calidad de víctimas en las maniobras descriptas ha sido la naturaleza de sus actividades públicas”. El seguimiento e investigación sobre ellos, según la teoría de Picardi, fue parte de “un plan sistemático y organizado desde altas esferas del Estado para lograr objetivos políticos y personales; ciertamente, alejados de un interés estatal legítimo o convincente”. 

El potencial beneficiario de esas tareas pudo haber sido Macri. De hecho, los servicios de inteligencia dependían y reportaban directamente a él, y el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, es uno de sus mejores amigos, recolectados de su paso por el ambiente del fútbol.