Un ex PCI reclutado en dictadura evaluará a Stornelli

El fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, Juan Paulucci, es hijo del ex secretario macrista de Seguridad Social, Juan Paulucci, a quien debía controlar desde su cargo. A su vez, la fiscal federal de Mendoza, María Alejandra Obregón, arrastra severas críticas por favorecer a represores bajo proceso penal. Ambos acaban de ser sumados por el procurador interino, Eduardo Casal, al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.

El sigilo de tales designaciones (su resolución ni siquiera fue publicada) y la catadura de los elegidos no dejan dudas del compromiso de Casal con el salvataje al –casi prófugo– fiscal federal Carlos Stornelli. Un compromiso que incluye su desidia ante los actos de boicot del fiscal federal Juan Pablo Curi en la causa por la red de espionaje y extorsión que se instruye en Dolores.

Lo cierto es que esas cuestiones hicieron que pasara desapercibida otra vidriosa circunstancia: la composición del Consejo Evaluador, que definirá si a Stornelli se le inicia o no un jury. Porque junto a los fiscales generales Oscar Ciruzzi, Alejandro Alagia y Alejandra García Netto (con fojas de servicio sin muchas estridencias), al cuerpo también lo integran los doctores Julio Piaggio y Guillermo Pérez de la Fuente, dos sujetos con aristas espinosas.

Del primero se sabe que fue juez federal de Lomas de Zamora durante la última dictadura y que luego se recicló como fiscal en la Cámara Federal de La Plata, desde donde conspiró contra los Juicios de la Verdad.

El otro acarrea un historial aún más complejo: en sus años mozos fue agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Su nombre está en la lista del Personal Civil de Inteligencia (PCI) desclasificada en 2009 por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM).

Quien esto escribe investigó por ese entonces su nivel de participación en ese órgano rector del terrorismo estatal.

Pérez de la Fuente –según esa nómina– figura como «analista», y por un lapso muy breve. No obstante, algunos detalles de su legajo –especialmente, la figura de su reclutador– lo relacionan con una ominosa intriga ocurrida en las aulas de la Universidad del Salvador.

Dichos papeles consignan que el 30 de marzo de 1980 ese hombre –por entonces un flamante abogado de 25 años– fue admitido en el SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), del cual dependía el Batallón 601.

Entrevistado seis lustros después, al respecto sólo dijo: «Juro que nunca, jamás en la vida, trabajé en el Batallón 601. Admito que hubo esa posibilidad, pero cuando llegó el momento dije que no».

–Su legajo dice que usted tramitó su ingreso y que fue admitido.

Por toda respuesta, se encogió de hombros

La escena transcurría en la Fiscalía Nº 18 de un Tribunal Oral. Y él era su titular. Entonces contó que en ese tiempo, tras graduarse en la Universidad del Salvador, un compañero de estudios llamado Luis María Ríos le propuso ingresar como abogado al SIE. Pero juraba que dio un paso al costado antes de empezar a trabajar allí.

 Sus dichos tal vez tengan asidero. De su legajo se desprende, a pesar de tener categoría A-A-IN10 (analista), que De la Fuente ni siquiera llegó a tener nombre de cobertura ni evaluación alguna. Y que renunció al puesto el 30 de junio de aquel año; es decir, dos meses después de su ingreso. Lo notable es que su aval haya sido un suboficial mayor –y agente de la Central de Reunión del Batallón 601– llamado Luis María Ríos.

Ese tipo era un estudiante de Derecho cuya condición castrense –según el fiscal– le fue revelada una vez recibidos ambos.

Otros testimonios de ex alumnos de esa facultad coinciden en describir a Ríos como un sujeto de más edad que sus condiscípulos –unos 35 años–, medio pelado y con un inconfundible acento correntino. Todo indicaría que en realidad era un infiltrado del Batallón 601 en ese claustro.

Cabe resaltar que, a diferencia de la Universidad Católica (UCA), la Del Salvador era una suerte de refugio para estudiantes que, por motivos políticos, no tenían cabida en la UBA. Y en la cual, pese a la represión, aún había cierto activismo en sus aulas; de hecho, los radicales y el peronismo revolucionario seguían disputándose el control del Centro de Estudiantes. Pero el terrorismo estatal no se privó de dar allí una serie de golpes planificados a la perfección. Como si sus hacedores contaran con valiosa información obtenida por fuera de los gabinetes de tortura. Unos 30 alumnos y profesores cayeron en el agujero negro del exterminio. En la facultad de Derecho integran aquella nómina el docente Daniel Antokoletz, junto a los estudiantes Ricardo Emilio Riobo y José Luis Casariego

 Algunas fuentes de este artículo, quienes a fines de los ’70 eran alumnos de aquella facultad, nunca han dejado de reparar en la figura silenciosa, casi taciturna, de ese estudiante tardío y calvo que no ocultaba su interés hacia las asambleas y las tertulias políticas.

–A Ríos jamás lo volví a ver –dijo el fiscal De la Fuente.

–¿Usted cree que haya sido un infiltrado?

Tras un instante, balbuceó:

– Puede ser.

Y otra vez se encogió de hombros.

Todo indica que tal sospecha no obnubiló su carrera judicial.

Casal firmó el 29 de noviembre de 2017 su designación en el Consejo Evaluador. Fue una de sus primeras resoluciones tras reemplazar a la doctora Alejandra Gils Carbó en la Procuración. Ya entonces tenía planes para él.

Resulta notable su preferencia por quienes tuvieron alguna actividad relacionada con el Estado durante el régimen militar (Piaggio y De la Fuente) y por sus «favorecedores» en los estrados judiciales (la doctora Obregón). El propio Casal, cuando en la década del ’90 servía al procurador Ángel Agüero Iturbe, supo tenderles una mano a los represores requeridos por los tribunales italianos al ocultar las notificaciones de los juicios en Roma. Así obtuvieron el dulce  beneficio de ser condenados «en rebeldía». ¿Les suena esta expresión?

Ahora, elegido por su largo dedo, un ex agente del Batallón 601 deberá votar si Stornelli merece un jury por su vínculo con el espionaje ilegal.  «