Un año de presa política: las claves de la persecución

“En este momento la policía de Gerardo Morales me está deteniendo, esto es como la dictadura. #Jujuy”, escribió @SalaMilagro. Es el último comentario en su cuenta de la red social Twitter de la dirigente social y diputada del Parlasur, Milagro Sala que cumplirá 365 días detenida. Un año de prisión arbitraria que detonó el reclamo de libertad de los organismos internacionales de derechos humanos. Pero eso poco le importa al gobernador de la provincia del noroeste. Como toda respuesta, Gerardo Morales repite su latiguillo: “Se robaron todo, muchachos”.

Por eso una de sus obsesiones es la causa “de los 29 millones”, la megacausa conocida como “Pibes Villeros” -por el nombre de una de las organizaciones sociales involucradas- que unifica tres investigaciones y que el fiscal Diego Cussel pidió elevar a juicio. El expediente nació por la denuncia de ocho cooperativistas que abandonaron el acampe y acusaron en la justicia a la líder de la Organización Barrial Tupac Amaru a cambio de cobijarse bajo el ala del estado. Todos tienen destino de Cochinillo, el testigo René Arellano, a quien el gobernador utilizó para condenar a Milagro por un escrache del que no participó, y que en los meses previos al juicio recibió un millón de pesos y fue contratado por la Provincia junto con su hijo.

Es la causa p-129652/2016, que unifica tres investigaciones por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, y que tuvo origen en una serie de denuncias realizadas el 15 de enero de 2016 -un día antes del encarcelamiento de Sala- ante la fiscal de turno, Liliana Fernández de Montiel. Los denunciantes se habían retirado del acampe para reunirse el día anterior con Morales.

Se trata de Julia del Carmen Gutierrez (Organización Social Fuerza Jujeña), Sara Gutierrez (Movimiento Campesino Jujeño, MOCAJU), Cristian Oscar Chorolque (Cooperativa Huella Inca y Organización Social Mariano Vera), Américo Celestino Romay (Organización Paz y Trabajo de Palpalá), Leopoldo Jacinto Basualdo (Organización Social ALUD), José Daniel Orellana (8 de Octubre), Jorge David Lamas (Organización Argentina rande Disidente) y Emanuel Sebastian Romay (Organización Fuerza Unida de Palpalá). Todos integraban la Red de Organizaciones Sociales que había ratificado, hacía un mes, a la Tupac en la conducción.

“La primera vez que declararon se autoincriminaron, porque dijeron que eran partícipes de lo que es luego la acusación, el desvío de fondos. Por eso a los pocos días (el 20 de enero) vuelven a la fiscalía para ratificar sus denuncias y cambian la declaración: dicen que ellos nunca cobraron cheques”, explicó Paula Álvarez Carrera, abogada de Sala. Por esa contradicción, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta planteó la nulidad de los testimonios, pero el expediente nunca se movió.

En ese encuentro con organizaciones sociales del 14 de enero, Morales dijo que suspendería la personería y multaría con 100 mil pesos a los que acampaban. También les garantizó “trabajo para todos” a quienes lo escuchaban: Chorolque, Gutiérrez, Lamas, Romay y Orellana. Pero la extorsión había comenzado con el decreto 403-G que excluyó de la obra pública y planes sociales a los acampantes de Plaza Belgrano, frente a la gobernación de Jujuy.

La secuencia duró una semana: el martes 12 de enero Morales firmó el decreto extorsivo; el 13 ocho organizaciones abandonan el acampe; se reúnen con el gobernador el 14 y el 15 corren a la fiscalía. El sábado 16 de enero a las 13.30, Milagro era detenida.

“Vamos a trabajar en forma conjunta con el Gobierno, tal como lo solicitó el Gobernador Morales”, ratificó Romay el 17 de enero cuando recibió al contador en su barrio de Palpalá.

La senda del Cochinillo. En la reunión Morales también les ofreció a los cooperativistas el ingreso a su plan de Transparencia y Regularización de cooperativas. En el decreto 403 anotó que eran más de 500, pero la última actualización del listado de cooperativas habilitadas del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), que preside su hermano Walter, registraba en septiembre 181 entidades. Menos de la mitad.

Las de Romay y Orellana son fáciles de advertir en el listado porque tienen los mismos nombres que su organización social: cooperativa Pan y Trabajo, y 8 de octubre Ltda. El 5 de julio pasado, Sara Gutiérrez del MoCaJu, agradeció el pago: “Todo lo que el gobernador dijo, se cumplió”, dijo a la prensa del gobierno de Jujuy. Acababa de recibir, junto a otras 65 cooperativas, la matrícula del INAES de manos de Morales en el Salón Blanco de la gobernación. “Gracias a dios tenemos trabajo”, remarcó.

El trabajo obtuvieron las cooperativas fue la culminación de viviendas de la gestión anterior. “No hay obras en marcha en Jujuy”, explicó el diputado Juan Manuel Esquivel. “En la apertura de sesiones ordinarias Morales prometió hacer 3500 viviendas, pero no hizo ninguna en todo el año. Inauguró 150 con (el presidente Mauricio) Macri y solo están ocupadas 30, pero son de un programa provincial viejo, no es de su gestión”, completó. “Viviendas sociales no ha hecho ninguna”.

En el sitio web del IVUJ figuran sólo tres llamados a licitación para obras de arreglos del “Programa Mejoramiento de Barrios” (PROMEBA) por una inversión de 79 millones de pesos ($79.119.867,67), de las que participaron únicamente empresas constructoras privadas. Ninguna cooperativa.

Traiciones. “Hace un año insultaba a Morales a los gritos, que te ponías colorado por lo vulgar. Y ahora resulta que dice que siempre fue radical”, contó sobre Mabel Balconte un diputado jujeño. La diputada que consiguió su banca por el Frente Unidos y Organizados (FUyO) que conducía Milagro, aceptó inculpar a la dirigente a cambio de su libertad. Sigue procesada, pero a las órdenes del partido gobernante.

La concejal de FUyO de San Pedro, Marcia Sagardía, se sumó a la diputada y es otra de las procesadas que denunciaron a Sala para mejorar su situación. Lo mismo hicieron las hermanas Elsa, María y Noemí Condorí, de Palpalá, con la referente social Graciela López, por lo que quedó presa.

Por la causa “Pibes Villeros” están detenidos siete de los ocho presos de la Tupac Amaru: Sala, Graciela López, Mirta Aizama, Gladys Díaz, Mirta “Shakira” Guerrero, Javier Nievas. También están imputados el marido de Milagro, Raúl Noro y los tupaqueros que fueron liberados: Patricia “Pachila” Cabana, Ivan Altamirano y Miguel Ángel Sibila. Además hay otros 14 acusados, entre ellos el funcionario municipal de San Salvador que certificaba las obras, Lucio Abregu. El intendente radical, Raúl “Chuli” Jorge, no fue citado ni como testigo.

Un año presa. El sábado 16 de enero de 2016 a las 13.30 el Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy, Ekel Meyer, encabezó la comitiva que detuvo a Milagro Sala en su casa. Mañana se cumple un año y en la sede porteña de la Tupac, realizarán una conferencia de prensa para pedir la libertad inmediata, como solicitó el 27 de octubre el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, al que se sumó la CIDH, el secretario general de la OEA, Amnesty Internacional, Human Right Watch, y otros organismos internacionales de DD.HH.

Milagro fue detenida por tumulto y sedición por el acampe. Fue el inicio del encadenamiento de causas que siguió con la de fraude, que garantizó que siguiera presa. A fin de año recibió dos condenas por dos protestas que ratificaron en la justicia el relato sobre Sala creado por Morales.

De los huevazos a las bombachas

De las ocho causas en las que Miilagro Sala está acusada en la justicia ordinaria jujeña, la que antes podría llegar a juicio es al que se conoce como “la de las bombachas”, estimó Ariel Ruarte, integrante del equipo de abogados de la diputada del Parlasur detenida. Se trata de una acusación de amenazas telefónica realizada por un comisario que denunció que lo instaban a liberar a una joven o de lo contrario incendiarían la comisaría. El uniformado apuntó a Sala. Es que la detenida era la hija de una colaboradora cercana de la líder de la Tupac, que estaba presa por pelear con una vendedora de feria que ofrecía unas bombachas europeas que le habían robado días antes de su casa. El abogado explicó que ese expediente ya transitó todos los estadíos de apelación, por lo que se supone que será el próximo que llegue a juicio.

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