El militante del Movimiento Todos por la Patria (MTP) Carlos Motto había sido capturado tras el frustrado ataque al cuartel de La Tablada, ocurrido el 23 de enero de 1989. Días después, durante su indagatoria ante el fiscal federal de Morón, denunció las torturas, fusilamientos y desapariciones perpetradas en aquella ocasión por el personal militar. El representante del Ministerio Público alzó entonces la vista para decir: «¿Sabe qué? Me chupa un huevo». Se trataba del doctor Santiago Blanco Bermúdez.
Al tiempo abdicó a la función judicial para volcarse de lleno al ejercicio de la abogacía. Y ahora acaba de asumir la defensa del suspendido fiscal de Mercedes, Juan Bidone, en la causa (instruida por el juez federal porteño, Luis Rodríguez) que lo investiga, junto al falso abogado Marcelo D’Alessio, por el chantaje al despachante de aduana, Gabriel Traficante. Tal expediente se suma al escándalo que dejó al desnudo una red de espionaje y extorsión formada por altos dignatarios judiciales, periodistas y espías ligados al Poder Ejecutivo. En aquel contexto, la irrupción de Blanco Bermúdez no es un dato menor.
Su figura supo adquirir estatura mediática a comienzos de 2015, cuando –luego del suicidio del fiscal Alberto Nisman– trascendió que en su cartera de clientes resaltaba Antonio Stiuso, el agente secreto más famoso del país. «Es mi amigo desde antes de que vos nacieras», le explicó entonces a un cronista.
En realidad, ese individuo, al igual que el ex juez Fernando Archimbal (actualmente acusado de extorsionar en beneficio del fiscal Carlos Stornelli a Ricardo Barreiro y sus hijos, Pablo y Raúl, una familia muy ligada a Néstor y Cristina Kirchner), es uno de los viejos miembros del fuero federal asimilados por la SIDE con el propósito de operar en el edificio de Comodoro Py, tarea que aún cumpliría para la AFI.
Su pertenencia al principal servicio de inteligencia estatal ni siquiera es un secreto. «Tuve la suerte de trabajar en la Secretaría por un corto período», admitió alguna vez, circunscribiendo tal lapso entre 2000 y 2003. De hecho, durante el gobierno de Fernando de la Rúa defendió al entonces director del organismo, Fernando de Santibañez, a raíz de un fraude al Estado por más de 70 millones de dólares mediante avales del Banco Nación.
Después se obstinó en fundamentar su desvinculación de la central de espías, esgrimiendo una cartera de clientes ajena a la misma. Tanto es así que, entre otros, patrocinó al ex juez Carlos Branca (destituido por encubrir una banda de contrabandistas), a una ex directiva de la Cruz Roja (procesada por defraudación pública), al ex comisario bonaerense Raúl Machuca (condenado por crímenes de lesa humanidad) y a Manuel Lao, el principal accionista de CIRSA, que regentea el casino flotante de Puerto Madero (por ingresar al país sin declarar la tenencia de un millón de dólares).
Ya en esta década también fue defensor de Pedro «Lauchón» Viale, el agente de la SIDE que terminó acribillado a balazos en julio de 2013 por el Grupo Halcón. Se sabe que ningún espía de «La Casa» es defendido en causas penales por abogados foráneos a semejante submundo del Estado. Además, en los pasillos del edificio de Comodoro Py son un secreto a voces sus fecundas gestiones en el campo del tráfico de influencias por cuenta de la AFI. Tanto es así que hay jueces, fiscales y secretarios letrados que, en voz baja, dan fe de ello. Todo indica que en ese marco se inscribe su designación como defensor del fiscal Bidone. A todas luces, una nueva «misión». Específicamente, una «misión» tutelar.
Porque Bidone es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. O mejor dicho, volver a explotar, puesto que su llegada a esta trama fue a la vez tan sorpresiva y estrepitosa como un terremoto
Para atajar las posibles salpicaduras que pudiera causarle el extrovertido D’Alessio, acudió súbitamente a la fiscalía de Alejandra Mángano a ofrecer una declaración testimonial con la idea casi infantil de aclarar su ajenidad a los hechos investigados en Dolores. Ella instruye con el juez Julián Ercolini la antojadiza denuncia de Stornelli como «víctima» de D’Alessio, realizada allí en su afán de trasladar el expediente de Ramos Padilla hacia Comodoro Py. Y Bidone habló hasta por los codos, inculpándose como ante un sacerdote con la confianza de saberse en una fiscalía «amiga». Así fue como desparramó datos sensibles, nombres, hechos y nuevas pistas dignas de investigar.
Sin embargo, en su despareja lucha contra el azar, no calculó que el juez federal Rodríguez reviviría la causa iniciada en 2016 contra D’Alessio por el chantaje a Traficante, en la que él fue nada menos que la fuente. De manera que su propia desesperación le direccionó el destino hacia los umbrales de la indagatoria. Así pasó a ser lo que bien podría llamarse «amenaza de Estado».
Es allí donde el doctor Blanco Bermúdez deberá tallar. Y su estrategia defensista será controlar la conducta de Bidone como inminente procesado en vez de mejorar su situación penal.
Todo no se puede. «
