Las querellas de la UIF y la AFIP se pronunciaron este viernes por el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, al coincidir con la fiscalía en la falta de pruebas en relación a la Vicepresidenta, en la causa por lavado de dinero en la que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez. Los organismos que actúan como querellantes en la parte de la investigación aún en instrucción en el juzgado federal de Sebastián Casanello, respondieron en sintonía con el fiscal Guillermo Marijuan que la Vicepresidenta debe ser desvinculada de manera definitiva en esta investigación por falta de pruebas, informaron a Télam fuentes judiciales.
Ante el dictamen de Marijuan en ese mismo sentido y la coincidencia de las querellas, la causa ya no tendría parte acusadora en relación a la Vicepresidenta por lo cual Casanello quedó en condiciones de resolver y podría dictar el sobreseimiento de manera próxima, precisaron las fuentes. La Vicepresidenta tiene en la actualidad falta de mérito en el caso, tras haber sido indagada por orden de la Cámara Federal porteña. Se trata de la causa en la que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez junto a otros juzgados junto con él por maniobras de lavado de dinero, un veredicto que ya confirmó la Cámara Federal de Casación.
En un dictamen de 46 páginas que le presentó a Casanello, Marijuan remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo «directo» entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.
Marijuán concluyó que en 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación «en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero» que se le imputó. «Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió» interrogarla, sostuvo el fiscal.
«A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo», remarcó Marijuán.
«Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su ‘patrimonio’, que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento», señaló.
En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares aunque votaron de manera dividida al expedirse sobre el origen de esos fondos: los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que el juez Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.
