La querella que representa a ex combatientes chaqueños y correntinos que sufrieron los tormentos sostienen que “hace un año” el máximo tribunal mantiene en suspenso la solicitud que intenta acelerar la causa. Presentación de documentación ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El reclamo cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Chaco, así como de la Fundación Soberanía y Memoria, y está previsto además que los representantes legales de las víctimas den a conocer documentación que será presentada a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También, la querella comenzó a investigar sobre otro de los costados menos conocidos de la guerra: los casos de soldados que, tras la rendición, el 14 de junio de 1982, volvieron al país, pasaron lo que en la jerga militar se conocía como fase de “engorde” (alimentarlos para luego presentarlos mínimamente mejorados ante sus familias) para luego, sin saber por qué, permanecer detenidos casi hasta la vuelta de la democracia, en diciembre de 1983.
En comunicación con Tiempo, Miguel Ángel Ávila, abogado de estos ex combatientes de Malvinas, explicó: “Esta causa la lleva la jueza federal Mariel Borruto, en Río Grande, Tierra del Fuego. Es donde se inició la causa y se sigue el trámite pero, por distintas apelaciones que están haciendo los imputados, es decir, se hace una apelación en primera instancia, que va a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Vuelven a plantear recursos, y ya viene directamente a la Cámara de Casación Penal, en Comodoro Py. Posteriormente, en este caso, como se hizo lugar al recurso interpuesto por Ferrante, uno de los imputados, nosotros planteamos un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema. Presentamos el recurso extraordinario ante la Corte hace un año, la demora es de un año. Por eso hacemos la conferencia de prensa, para que la Corte Suprema tenga un poco de preocupación, y pueda sacar un fallo o una resolución atento que el recurso extraordinario está hace un año ante el máximo tribunal”.
El letrado detalló a este medio que dos de sus representados –eran inicialmente 15- fallecieron, en el contexto de una causa que originalmente comenzó en 2007, pero que en los últimos años sumó más testimonios y denuncias. En relación a los militares imputados, el abogado aclaró que en estos años se efectuaron “más de 220 denuncias” pero que en este expediente se imputaron inicialmente 18 uniformados, de los cuales 13 fueron denunciados por esta querella. “Tengo más denuncias para presentar, referidas a estaqueamientos y torturas que sufrieron ex combatientes, generalmente en Puerto Howard, en la Isla Gran Malvina”, anticipó el abogado. “Al estar alejados (del teatro mayor de la guerra) tenían poca comunicación con Puerto Argentino, y debido a eso sufrían frío y hambre. Y como se procuraban comida, carneaban algunos corderos, y a causa de eso, (les aplicaban) estaqueamiento y torturas”, señaló.
Por su parte, el investigador Héctor Ortega, colaborador en la causa y chaqueño como el letrado Ávila sumó: “Estamos acompañando a soldados chaqueños y correntinos, que son quienes dieron inicio a esta causa allá por el año 2007,después de la proyección de la película Iluminados por el Fuego. Nosotros, que integramos la Fundación Soberanía y Memoria, tomamos intervención a partir del 2015, donde la causa estaba estancada por el fallo que había salido por el entonces subteniente Jorge Taranto. Aparecieron nuevas denuncias, y todas coincidían en que era el Regimiento V de Infantería de Paso de Los Libres, que en Malvinas estuvo en la Isla Gran Malvina, en Puerto Howard o Puerto Yapeyú. En 2019 viajamos a Malvinas, a Puerto Howard, y para nuestro sorpresa no había vestigios de guerra, pero sí nos encontramos con pobladores cómo habían sido (los soldados) estaqueados y enterrados hasta el cuello. Estuvimos en la casa donde se produjeron estos hechos, y constatamos que efectivamente era factible enterrar a una persona parada sentada. Para mayor sorpresa, tomamos contacto con los archivos desclasificados de Malvinas, a partir de 2019, y eso estaba escrito. Accedimos a 32.000 fojas de un cúmulo de 220.000 fojas desclasificadas”.
“Vamos a presentar tres archivos donde, claramente, las Fuerzas Armadas reconocen haber torturado en Malvinas. Porque hay un archivo específico que dice ‘menciones disciplinarias no sancionadas’ donde aparecen oficiales y suboficiales que golpearon con golpes de puño, que orinaron encima de los soldados, que los estaquearon o que los privaron del alimento. Esto es una confesión por escrito, y que consta. También vamos a presentar el archivo en el cual se les exige un código de silencio a los soldados. Y por último, hay un archivo, como una especie de Excel, donde los oficiales acusan a otro oficial por mal desempeño. Y no tiene que ver con cuestiones militares, si no con el trato que brindó este oficial a su propia tropa”, marcó.
En este contexto, el abogado Ávila marcó cuál es, a casi 40 años de la rendición, el reclamo de las víctimas: “Ellos piden, principalmente, justicia. ¿Y cuál sería la justicia? Ir a un debate oral y público, con una serie de denuncias contra personal superior de las Fuerzas Armadas, donde los denunciados se puedan defender, y en base a las pruebas, un tribunal decida si son culpables o no. Para nosotros, los delitos están demostrados, y faltaría que un tribunal diga que existieron los delitos, que están comprobados y les corresponde esta pena. Queremos justicia en el sentido de que, si son culpables del hecho, que sean condenados”.
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