Organismos de Derechos Humanos y ambientalistas cuestionaron la posible venta de La Perla Chica, en el marco del desprendimiento de 309 inmuebles propiedad del Estado Nacional.
La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, que integran organismos, gremios, organizaciones sociales, juveniles y culturales emitió un comunicado expresando su “firme rechazo a la venta del predio” y destacó que «la importancia de este lugar trasciende su valor patrimonial y cultural; es un sitio de memoria reconocido y señalizado, que es testimonio de las violaciones a los derechos humanos y de nuestra historia reciente”. La entidad consideró que el sitio “debe preservarse para asegurar justicia y verdad para las víctimas del terrorismo estatal y sus familias” y pidió al gobierno nacional “respetar el marco legal y a reconocer el rol fundamental del Estado en la preservación de la memoria histórica”. “La provincia de Córdoba, a través de la Ley de la Memoria, y el Municipio de Malagueño, dentro de cuya jurisdicción se encuentra el predio, tienen la responsabilidad de velar por la protección de este espacio. Además, «La Perla Chica» posee una relevancia ambiental, en línea con el ordenamiento territorial, bajo la jurisdicción ambiental de la provincia de Córdoba, lo que refuerza su carácter de bien común y su valor integral”, completaron.
En la misma línea, y en tanto biólogo, el coordinador Emiliano Salguero señaló que “más allá del valor patrimonial y para los Derechos Humanos de esa lonja de terreno, ese inmueble tiene una función geoestratégica en el desarrollo de la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba”. Y recordó: «En su momento lo planteamos ante la creación de la Reserva Natural de la Defensa La Calera: son tierras de dominio público nacional que tienen que pensarse en un ordenamiento territorial que garantice calidad de vida a quienes están viviendo o pretenden vivir en este territorio”.
“Hay que evitar la megalopolización de la ciudad de Córdoba. Venderlas así solo generará problemas a los vecinos; el municipio de Malagueño y la Provincia deben poner restricciones al uso del suelo”, completó.
Mientras la directora del espacio para la memoria La Perla, Julia Soulier, criticó fuerte la medida del Gobierno nacional y adelantó la judicialización del tema, desde H.I.J.O.S Córdoba y la Red Nacional de este organismo de Derechos Humanos también cruzaron la posible venta del ex centro clandestino, protegido por ley y por una medida de no innovar de la Justicia Federal.
“No a la venta de La Perla chica” fue la consigna elegida por estas organizaciones, al tiempo que la Red Nacional señaló que “no se puede vender la Memoria”. «La Red Nacional de H.I.J.O.S. expresa su enérgico rechazo a la puesta en venta del predio del ex centro clandestino de detención y torturas «La Perla Chica» (…) Rechazamos profundamente esta acción del gobierno nacional de Milei y Villarruel, que nuevamente niega y banaliza al Terrorismo de Estado y sus crímenes», indicó.
Soulier, en tanto, recordó: “Hay una medida de no innovar en el terreno porque buscamos los restos de desaparecidos y además forma parte de la reserva natural de La Calera”. “Estos podrían ser impedimentos para que sean vendidos los terrenos” señaló a La Nueva Mañana y adelantó gestiones ante la Justicia Federal, la Provincia y la Comisión Provincial de la Memoria, actores claves que aún no se han expedido sobre el caso.
En el Refugio Libertad, que funciona en el recuperado el ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana, la organización social Trabajadores Unidos por la Tierra criticó el decreto nacional N° 950/24 por considerarlo “una medida que implica la entrega del patrimonio nacional, con el agravante de que en el caso de Córdoba cede nada menos que un sitio de memoria señalizado, protegido por ley y por una medida de no innovar de la Justicia Federal”.
«´La Perla chica´ es un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio por el que pasaron decenas de compañeras y compañeros; en honor a su lucha y por respeto a su memoria, llamamos a organizaciones políticas y sociales a unir esfuerzos en el rechazo a este nuevo atropello del Gobierno nacional” indicaron y pidieron a la Provincia que “tome cartas en el asunto para encontrar una solución respetuosa con la Memoria y los DDHH”.
También se expresó el Foro por la Libertad, la Democracia y los DD.HH. de Córdoba: “Este gobierno tirano además de destrozar el estado quiere, con la venta del sitio de memoria, hacer con la Memoria, Verdad y Justicia negocios”, concluyó.
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