Stornelli y Capuchetti, dos conocidos del PRO para investigar el presunto encubrimiento de la AFIP en la era Macri

El fiscal federal Carlos Stornelli será el representante del ministerio público en el caso que investiga a los directores que tuvo la AFIP, durante la presidencia de Mauricio Macri, sospechados de cajonear la información que les envió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a partir de 2017 sobre 950 cuentas radicadas en el exterior que no declararon al fisco bienes por 2.600 millones de dólares.

La denuncia fue presentada este viernes por el fiscal federal Federico Delgado, que realizó una investigación preliminar en la que consideró probado que las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli al frente de la AFIP, entre 2017 y 2019, decidieron no investigar la información que había enviado la OCDE.

El caso fue sorteado este viernes y quedó en manos de María Eugenia Capuchetti, titular del juzgado federal 5 que durante décadas estuvo a cargo de Norberto Oyarbide. Su pliego fue enviado por Macri en 2017 y, aunque no tenía las mejores calificaciones, sumó posiciones en el Consejo de la Magistratura con el aval de la mesa judicial de Cambiemos y del empresario de juegos de azar, ex titular de Boca y exoperador judicial del PRO, Daniel Angelici.

Antes de llegar al cargo, fue secretaria letrada del juez Sergio Torres y también trabajó en el Ministerio Público Fiscal porteño, durante la gestión del actual legislador Martín Ocampo, compadre de Angelici.

Cuando asumió, el 7 de mayo, juró ante el titular de la Cámara Federal, Martín Irurzun. Estuvo presente Juan Bautista Mahiques, por entonces representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y ahora sucesor de Ocampo en la fiscalía general porteña. También asistieron el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo y los jueces de Casación Penal Javier Carbajo, Daniel Petrone, Mariano Borisnky. También participaron los jueces federales Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Sebastián Ramos y Sergio Torres, que por entonces estaba a un paso de sumarse a la Corte Suprema.

Entre los fiscales del fueron participaron Gerardo Pollicita, Franco Picardi, Jorge Di Lello, Alejandra Mángano y Stornelli.



Qué deberán investigar Capuchetti y Stornelli

El fiscal deberá pedir medidas de prueba y ampliar la investigación preliminar que realizó Delgado. En su escrito, reflejado por Tiempo en su edición de este domingo, Delgado concluyó que el sistema de preservación de los datos que llegaron encriptados a Buenos Aires fue alterado y que no puede asegurar que la información actual sea la misma que llegó.

«La prueba recolectada es francamente extensa, puntillosa y excede con creces el marco de esa pesquisa y seguramente será de suma utilidad para los magistrados que finalmente se ocupen del tema. No obstante, grosso modo, surge de allí que la cadena de custodia no se respetó y que no se sabe muy bien aún que pasó en el hiato que separa la recepción de las cuentas y la asunción de las nuevas autoridades», sustuvo Delgado.

En la denuncia que presentó este viernes, Delgado dejó la hoja de ruta que debería continuar su colega Stornelli, porque determinó «quiénes recibieron la información, que decisiones administrativas se tomaron, quiénes la retuvieron hasta fines del año 2019, quiénes tuvieron acceso a esos datos, quiénes accedieron, aunque no debían, quiénes tomaron decisiones que actualmente impiden conocer si la información es la misma que envió la OCDE y quiénes permitieron la posible prescripción de los tributos».

La pesquisa que recibirá Capuchetti comenzó hace tres semanas, a pedido del tributarista y ex coordinador del equipo sobre fuga de capitales del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo Argentino (Cefid-AR) Jorge Gaggero, que se basó en la revelación del hallazgo de las 950 cuentas que hizo el periodista Alejandro Bercovich, en el programa Brotes Verdes, del canal C5N. También citó la investigación posterior que realizó este diario, con el objetivo de ahondar sobre los acuerdos firmados con la OCDE en 2014 y la serie de mecanismos que activó el Estado argentino para obtener esa información.

Un fiscal que sumó otra denuncia en su contra

Stornelli fue el fiscal instructor de la llamada «causa de los cuadernos» sobre el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo, que estuvo en manos del difunto juez Claudio Bonadío. El fiscal está procesado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa por espionaje ilegal que tiene preso al supuesto abogado Marcelo D’Alessio. El juez lo había citado a declarar por primera vez en febrero de 2019 pero el fiscal se negó en ocho oportunidades y finalmente declaró en noviembre pasado. Fue tardíamente apercibido por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que se negó a sancionarlo, pero solamente le puso una pena menor «por haber estado en rebeldía durante más de ocho meses y no presentarse ante el juzgado», aunque nunca tuvo problemas disciplinarios.

Este lunes, el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli pidió a Casal que remueva a Stornelli y promovió un jury de enjuiciamiento en su contra, donde también incluyó cuestionamientos al Procurador. Parrilli, que también fue director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le imputó a Stornelli «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones» por «la comisión de diversos actos delictivos» en la causa de los cuadernos.

«En nuestro caso emergen los oficios del fiscal Stornelli, quien junto al defensor oficial Gustavo Kollman han posibilitado el encarcelamiento y extorsión de decenas de personas», denunció Parrilli que también pidió la remoción de Kollman ante la Defensoría General de la Nación. Para el senador, Bonadío fue el «engranaje necesario» para dictar «prisiones arbitrarias» y armar «un sistema corrupto y podrido de persecución que apuntaban, obviamente como principal objetivo, a la descalificación personal y política de la Sra. Vicepresidenta de la Nación» Cristina Kirchner.

Sobre Casal sostuvo que «deberá excusarse expresamente de tomar intervención en el caso atento su indisimulable apoyo al fiscal denunciado». Recordó que el funcionario es interino desde el gobierno de Macri y «no fue propuesto por los mecanismos institucionales idóneos». La recusación contra el jefe de los fiscales y no cuenta con acuerdo del Senado.

Parrilli recusó Casal en este caso con el argumento de que está «directamente involucrado en los comportamientos que aquí se denuncian» y «por la demostrada íntima amistad que parecería detentar con quien en otro jury hizo todo lo humanamente posible para retardar su proceso a la vana espera de que algún magistrado del Poder Judicial desincrimine a  Stornelli en la causa de Dolores».