Soltar lastre para mantener a flote los negocios

Mañana, cuando el banquero Jorge Brito se acomode frente al juez Ariel Lijo para ser indagado sobre su rol en el caso Ciccone, ocurrirá un hecho histórico: pocas veces la Justicia argentina se animó a sentar en el banquillo al poder real. Y el titular del Banco Macro es un miembro activo de ese selecto club. 

Pero lo que se buscará presentar como el inicio de un «Lava Jato criollo» es, en realidad, un simulacro que encubre un pase de manos –a gusto del gobierno– en el banco privado más importante del país, con un patrimonio cercano a los 23 mil millones de pesos y un historial de sospechas que cruza a buena parte de la política y el empresariado nacional.

El Banco Macro nació para conjugar dinero y poder. Inició actividades a fines de los años ’70, como una mesa de dinero cordobesa denominada Macro Cía. Financiera SA. Según una leyenda extendida en el mercado financiero, Macro es el acrónimo de Muy Agradecidos a Celestino Rodrigo, en homenaje al ministro de Economía que en 1975 licuó la moneda, otorgando ganancias extraordinarias a especuladores y economistas bien conectados, como los dueños de la financiera: José María Dagnino Pastore, Mario Brodherson, Alieto Guadagni y Alfredo Concepción. El grupo, además, compartía el buró de la consultora Econométrica. Y sus miembros ocuparon cargos públicos de relieve en democracia y dictadura. Puro poder real.

El Banco Macro empezó a acumular sospechas a poco de nacer. En 1989, un año después de que fuera admitido como entidad bancaria, el fiscal de investigaciones administrativas, Ricardo Molinas, lo denunció por maniobras cambiarias previas al «lunes negro» que inició la hiperinflación y el final de Raúl Alfonsín. 

Molinas denunció que el Macro y otras seis entidades habían comprado dólares «baratos» antes de la megadevaluación dispuesta por el gobierno porque sabían que el dólar se iba a disparar. «De otro modo –afirmó en su denuncia– no se explica por qué una semana antes del 6 de febrero estas entidades compraron más dólares que en los seis meses anteriores». 

La denuncia de Molinas señaló que el Macro mantenía fuertes lazos con el corazón económico del gobierno de Alfonsín: Brodherson, uno de sus fundadores, era un hombre clave de la gestión Sourrouille. Según las estimaciones del fiscal, los bancos embolsaron unos 200 millones de dólares por el negocio.

Para entonces, la cueva cordobesa ya operaba como entidad bancaria bajo el nombre de Banco Macro SA. Con el cambio de status hubo modificación de accionistas y directores. Salieron los fundadores VIP y llegaron dos financistas audaces que habían acumulado prontuario y una modesta fortuna durante la dictadura: Delfín Jorge Ezequiel Carballo y su cuñado, Jorge Brito. 

Tras las modificaciones, la City rebautizó al Macro como «el Banco de la Coordinadora», por sus vínculos con la línea interna radical comandada por el entonces ministro del Interior, Enrique «Coti» Nosiglia. Desde entonces, el ascenso de Brito siempre fue acompañado por la sombra del Rasputín radical. 

En 1994, golpeado por los efectos de la crisis mexicana, la entidad logró sortear la bancarrota con redescuentos por 29 millones de dólares del BCRA. Pero la recuperación llegó dos años después, cuando el Macro se adjudicó el 92,52% de las acciones del banco de Misiones. 

La compra se concretó por 12 millones de pesos, sin pasivos. Se estableció, además, que el Estado le pagaría unos 500 mil dólares al mes para mantener las cuentas oficiales. De ese modo, en sólo dos años el Macro amortizó el capital de riesgo.

El coautor de ese fabuloso negocio fue el entonces gobernador de Misiones, Ramón Puerta. Íntimo de Nosiglia, Puerta fue el primer mentor en la carrera política de un joven playboy con aspiraciones: el actual presidente Mauricio Macri. Tiempo después, ya como jefe de Estado, su pupilo lo nombró al frente la estratégica embajada en España. 

Con mecanismos similares el banco absorbió los bancos provinciales de Salta y Jujuy, consolidando su presencia en la frontera caliente del NOA. Y su relación con el menemismo, en particular, con el cuñado presidencial Emir Yoma, que solía presentar a Brito como su «socio».

La crisis de 2001 implicó, para el Macro, una gran oportunidad. En diciembre, mientras el gobierno de la Alianza se derrumbaba y el país ardía, la entidad adquirió el 59,58% del capital social de Banco Bansud SA. 

En 2003, los accionistas del Macro y el Bansud recibieron al gobierno entrante –el de Néstor Kirchner– con una fusión que lo convirtió en el segundo banco privado más importante del país.

La relación entre Kirchner y Brito empezó mal: el santacruceño desconfiaba del banquero por sus vínculos con el menemismo y el establishment. Pero la pericia de Brito para acomodarse a los vientos trocaron la desconfianza en una lucrativa relación.

Brito consolidó posiciones con la maniobra que catapultó a Amado Boudou: la estatización de las AFJP. Los corrillos palaciegos de entonces le adjudicaron a Brito la idea de estatizar las AFJP, una propuesta que su amigo Sergio Massa –entonces jefe de Gabinete– y Boudou presentaron como propia ante Cristina Fernández. 

La decisión, una de las más impactantes de la era K, catapultó a Boudou a la vicepresidencia. Y resultó ser un estupendo negocio para el Macro: además de debilitar a sus competidores, el banco fue uno de los principales beneficiados por los créditos oficiales lanzados con los millones que pasó a administrar la Anses.

En esos días huracanados de 2009, según la causa que lleva Lijo, el banco de Brito habría financiado la compra irregular de Ciccone. 

Relaciones paralelas 

Luego de que Lijo citara a Brito, el periódico oficialista La Nación publicó una serie de artículos donde se detallaron secretos operativos y patrimoniales de Alfredo «Fredy» Lijo, hermano del juez y activo operador judicial en las sombras. En paralelo, el Consejo de la Magistratura, bajo el comando de Cambiemos, aceleró los trámites para juzgar al magistrado. Pero el viernes, a 48 horas del Día D, La Nación dio cuenta de una «reunión secreta que salvó a los hermanos». 

Según el periódico oficialista, el propio presidente Macri participó de esa cumbre, a la que asistieron además el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, el ministro de Justicia, Germán Garavano y el operador judicial –y presidente de Boca– Daniel Angelici. 

«Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien», dicen que dijo Angelici sobre Lijo, y salvó su pellejo: después de esa reunión, el oficialismo frenó en el Consejo de la Magistratura la convocatoria del hermano del juez, que ya estaba en el temario de la Comisión de Acusación y Disciplina.

Un detalle: Angelici, el súbito benefactor de Lijo, es íntimo de Nosiglia, padrino de Brito y viejo compinche de Puerta, el embajador que prohijó a Macri. 

¿Ese cruce de relaciones y, sobre todo, el cambio de rumbo en la suerte de Lijo implica que Brito está a salvo?

«Para nada. Brito tiene el boleto picado», le explicó a este diario un financista con más de cuatro décadas en el negocio. Y siguió: «Acá lo importante es mantener a flote el banco. Hace tiempo que Brito estaba contra las cuerdas, pero se negaba a ceder el control. La citación de Lijo lo convenció de que siempre es mejor irse silbando bajito».

En efecto: hace un par de semanas, después de que Lijo emitiera la orden de indagatoria, Brito pidió licencia como presidente del Macro. En su lugar asumió su cuñado Carballo, hasta entonces vicepresidente de la entidad. Un dato: con sentido premonitorio, Carballo reasumió esa vicepresidencia el año pasado, luego de cinco años de licencia por supuestas diferencias políticas con la cercanía de Brito al kirchnerismo. 

Desde su regreso, Carballo compartió la vicepresidencia del Macro con el ex Citibank Guillermo Stanley, padre de Carolina, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, y yerno del salteño Federico Salvai, el influyente ministro de gobierno bonaerense y mano derecha de María Eugenia Vidal. Con la salida de Brito, Stanley fue ratificado como número dos.

Así las cosas, el principal banco de la Argentina hoy quedó en manos que el gobierno considera amigas. O propias.

El «Lava Jato criollo», parece, tendrá que esperar. «