Sin los cuadernos, la llave es un empresario que hizo negocios con los Macri

El supuesto nuevo “arrepentido” de la causa de los cuadernos, el presidente de Isolux Corsán, Juan Carlos de Goycoechea, confió su defensa a un letrado vinculado con el estudio de abogados que defendió al presidente, Mauricio Macri, en la causa por las escuchas ilegales durante su gestión como jefe de gobierno porteño. Su empresa, además, aparece involucrada en una maniobra cuanto menos confusa sobre parques eólicos en la Patagonia que terminó siendo un excelente negocio para los Macri.

De Goycochea se entregó el viernes ante el juez federal Claudio Bonadio, quien había ordenado su captura junto con las de otros empresarios y ex funcionarios. Isolux Corsán es una constructora vinculada con los parques de energía eólica. En enero pasado, la periodista Emilia Delfino publicó en el diario Perfil un artículo en el que explicó que “durante 2016, y sin pasar por licitaciones públicas, Sideco Americana -empresa insignia de los Macri- creó junto con un grupo de socios cuatro empresas a nombre de un contador y adquirieron seis parques eólicos en Chubut y Miramar, provincia de Buenos Aires. Las licitaciones fueron ganadas por la española Isolux, que luego las vendió a estas compañías en dos tandas. Por la primera parte del paquete, las empresas del holding presidencial pagaron US$ 25 millones y durante el siguiente año revendieron esos parques a una empresa del Grupo Macro (Genneia, la que visitó el Presidente) y a una compañía china (Goldwind). Con sólo uno de los parques hicieron una ganancia de alrededor de U$S 15 millones”.

Según los supuestos cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del ex número dos de Planificación, Roberto Baratta, Isolux pagó en coimas al menos una vez unos 6 millones de dólares. De Goycoechea es defendido por el abogado Juan Aristóbulo Aráoz de Lamadrid, hermano de un ex juez federal subrogante. El defensor del empresario que busca ser el nuevo arrepentido está relacionado con el “Estudio Landaburu, Feder, Carrió, Mayer & Rosental Abogados”. Santiago Feder (fallecido) y Ricardo Rosental fueron los abogados de Macri en la causa por las escuchas.  Alejandro Carrió fue uno de los que defendió la postura del Grupo Clarín cuando se debatió en la Corte Suprema la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales.    

Desde las esferas cercanas al poder (político y judicial) parten a cada momento invitaciones a los arrepentimientos.  Casi como una vieja canción de Silvio Rodríguez: “Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda”.

De todos los detenidos, el único que recuperó la libertad fue Centeno, “el que habló”. Los empresarios que están hoy presos en la cárcel de Ezeiza atraviesan una situación desconocida e insoportable. La consigna parece ser “el que habla, sale”.

El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner fue sutilmente invitado a convertirse en el arrepentido estrella de la causa de los cuadernos. Detenido en el penal de Ezeiza y con un pedido de excarcelación denegado por el juez Claudio Bonadio, Wagner aparece como una pieza clave para una investigación que necesita imperiosamente que algún imputado de fuste aporte información que robustezca lo que dicen las fotocopias de los cuadernos. Wagner fue durante tres lustros presidente de la Cámara y conoce todos los entresijos de la obra pública cuanto menos desde los tiempos en que gobernaba el país Carlos Menem.

Desde el lunes y en catarata, los abogados defensores de los detenidos y los convocados a indagatoria que aún permanecen en libertad atacarán con toda la artillería esa prueba inicial que disparó la investigación, con un argumento simple: tal prueba no existe.

La periodista Paz Rodríguez Niell, en el diario La Nación de ayer, reveló que Centeno declaró haber quemado en la parrilla de su casa los originales. Si los cuadernos no van a aparecer, entonces la causa puede trastabillar hasta caerse, a menos que por otra vía (lo que en términos judiciales se conoce como “cauce  independiente) se llegue al final del mismo camino. Para eso es necesario, por ejemplo, que algún imputado cuente lo que sabe e involucre hacia arriba a otros presuntos implicados.

Pero el chofer Centeno llegó hasta lo más alto de la escala jerárquica: los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La ley del arrepentido exige la delación hacia arriba. ¿Entonces? ¿Quién más recibió (recibe) obra pública? Respuesta: los gobiernos provinciales y las intendencias. Quienes creen que los cuadernos serán el Lava-jato argentino imaginan que la investigación se extenderá como mancha de aceite en esas direcciones.

Los tecnicismos jurídicos no deben ocultar el fondo de la investigación. Si lo que dicen los cuadernos es cierto, aunque sea sólo parcialmente, se trataría del mayor escándalo de corrupción desde el regreso de la democracia. El efecto político será el de un tsunami. Probablemente ya haya comenzado.

Pero las defensas de los imputados sostienen que toda la causa se desmoronará como un castillo de naipes porque la prueba fundamental, los cuadernos, no están. ¿Por qué son tan importantes si, en definitiva, están las fotocopias? Porque sobre las fotocopias se puede determinar mediante un peritaje si quien los escribió fue efectivamente el chofer Centeno, pero no se puede establecer cuándo lo hizo. Es necesario contar con los originales para determinar antigüedad del papel y de la tinta.

La causa tiene ya 14 cuerpos (unas 2.800 páginas) y decenas de cajas con documentación y otros elementos secuestrados. La mayor parte de esas fojas son informes de empresas telefónicas y documentos sobre el registro de ingreso y egreso a la Quinta Presidencial de Olivos en las fechas sindicadas por los supuestos cuadernos. Allí hay datos coincidentes con lo que sostienen las anotaciones.

Otra hipótesis

Pero como no puede determinarse cuándo fueron escritos, al menos uno de los abogados defensores planteará como hipótesis que sobre la base de información disponible previamente (los ingresos y egresos de Baratta a Olivos, por ejemplo) se confeccionaron a posteriori los cuadernos con los puntillosos registros, se los fotocopió y los originales fueron destruidos. Eso, en derecho, se llama “prefabricar prueba” y su consecuencia directa es la nulidad de la causa. Sugerirá, en definitiva, que todo es una operación de los servicios de inteligencia. Parece novelesco, pero ocurrirá en el expediente.

¿Cómo pudo escapárseles al fiscal Carlos Stornelli y al juez Bonadio la preservación de la prueba principal de una causa que amenaza con llevarse puesta a buena parte de la clase política y a la burguesía nacional con sus revelaciones? No hay respuesta. En cuando supieron de la existencia de los cuadernos (que tomaron por válidos aún en fotocopias, según consta en el acta que le leyeron a los detenidos en las respectivas indagatorias) debieron haber ordenado los allanamientos para secuestrar los originales. Sin embargo lo hicieron sólo después de ordenar las detenciones y cuando Centeno pidió ser imputado colaborador, es decir entre seis y ocho meses después de iniciado el expediente. Por mucho menos, la ex fiscal Viviana Fein afronta una causa penal por no haber preservado adecuadamente las pruebas en el escenario en el que fue hallado muerto Alberto Nisman.

Las anotaciones, por otra parte, tienen expresiones que parecen una declaración judicial antes que una suerte de diario íntimo. Centeno anotó frases tales como “quiero dejar en claro” o “acompaño ticket estacionamiento”. ¿A quién se dirigía, a quién le estaba hablando/escribiendo?

El lunes a las 9.30 de la mañana vencerán los plazos para apelar la denegatoria de las excarcelaciones. Las que fueron rechazadas serán apeladas y las que aún no se plantearon (la de Baratta, por ejemplo) serán presentadas. Quienes deberán resolver si conceden o no las excarcelaciones son los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. El tercer juez de la Cámara, Mariano Llorens, difícilmente pueda participar en esa decisión: uno de los detenidos, el ex funcionario de Planificación Enrique Llorens, es pariente suyo. «

Recusación y nulidad

El ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, pidió la nulidad de la causa y recusó al juez del caso, Claudio Bonadio. Fue a través de una presentación realizada por sus abogados, Aníbal Ibarra y Roberto Boico. Los abogados basaron el planteo de nulidad en la sospecha de que hubo «forum shopping» a la hora de fijar la causa en el  juzgado de Bonadio, ya que se utilizó el expediente que investigaba sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado, y no hubo sorteo ante la Cámara Federal.