Esta semana se inició en Estados Unidos un juicio civil al ex marino Roberto Bravo por su responsabilidad en la Masacre de Trelew de 1972 en la que fueron fusilados 16 presos. Bravo es requerido por la justicia argentina por esos hechos y tiene un pedido de extradición aún pendiente. Mientras eso se resuelve, las familias de las víctimas decidieron iniciar este proceso en los tribunales de Florida con la expectativa de darle impulso al pedido para juzgarlo en Argentina.

La responsabilidad de Bravo será decidida por un jurado que ya tiene fecha para el próximo miércoles para leer el veredicto. Se trata de un juicio rápido, que comenzó el lunes con los alegatos iniciales, siguió con los testimonios de familiares de cuatro víctimas, Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, y en los últimos días también declaró el propio Bravo.

Eduardo Cappello viajó junto a Raquel Camps como parte del grupo de familiares de las víctimas, que son representadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (Center for Justice and Accountability), un organismo de derechos humanos estadounidense.

El tío de Eduardo, con quien comparte el nombre, fue uno de los 16 militantes asesinados ese 22 de agosto de 1972. Su padre, Jorge Antonio, su madre y su hermano fueron desaparecidos en la siguiente dictadura, secuestrados en 1977 cuando él tenía apenas dos años, y es el único sobreviviente de esa familia.

Su testimonio trazó un puente entre la masacre de Trelew y el terrorismo de Estado de la última dictadura. “Tardamos 50 años en llegar acá, no nos rendimos nunca y estoy seguro de que después de este proceso el mundo será más justo”, dijo al declarar el lunes pasado en la audiencia.

Unos días después, en diálogo con Tiempo, reconoce que es un “proceso muy movilizante” y que el objetivo final es reforzar el pedido de extradición del represor: “Tenemos claro que lo que nosotros necesitamos es que Bravo sea juzgado en Argentina. Hay un pedido de extradición en curso que lo tiene un juez para definir y entendemos que si en este juicio civil él es encontrado responsable, eso de alguna manera tendría que traccionar. Entendemos que si lo encuentran responsable acá hay muchos argumentos para que el juez lo extradite”.

Cappello participó de todas las audiencias y escuchó la declaración de Bravo, en la que reconoció su responsabilidad en los asesinatos pero argumentó que se trató de una reacción al intento de fuga de los detenidos, como intentó instalar la dictadura de Lanusse en ese momento.

“La defensa de Bravo basa toda la estrategia en dos grandes ejes, sosteniendo la idea de que esto fue una tragedia, que no fue una masacre, que no fue premeditado y en la prescriptibilidad de la causa, donde ellos dicen que pasó mucho tiempo desde el evento original hasta la demanda efectiva. Nosotros presentamos la causa en octubre del 2020, antes de que se cumplieran 10 años del primer pedido de extradición de Bravo a Estados Unidos, por lo que no la consideramos prescripta. Ahora lo que viene es la pelea técnica por ese por ese lado”, explicó.

“Nuestras perspectivas son muy buenas. Las autopsias demuestran que había chicos que tenían un solo disparo y en la nuca, así que todo esto de fue un exceso de adrenalina se cae a pedazos. Hay una sensación de que la responsabilidad de Bravo en los hechos está ganada y hay una gran incertidumbre respecto de se puede caer por la cuestión de prescriptibilidad”, añadió Cappello.

Bravo reside en Estados Unidos desde 1973, cuando fue enviado como agregado naval por la dictadura de Lanusse. Se retiró de la marina en 1979, pero se quedó en Estados Unidos, donde obtuvo la ciudanía y se convirtió en un importante empresario, que llegó a ser contratista del departamento de Estado. Durante las audiencias reconoció un patrimonio de 6 millones de dólares.

La participación de Bravo en los hechos nunca estuvo en duda, incluso fue mencionada en un documento secreto de la Armada en el que se instalaba la versión oficial sobre el intento de fuga y se señala que “ante la emergencia, el Teniente Bravo inició el fuego con su PAM”.

En la sentencia de 2012 se reproduce lo que contó Alberto Camps, uno de los 3 sobrevivientes, después de la Masacre. Relató que los hicieron salir de sus celdas, los hicieron formar y que sin razón alguna comenzaron a disparar. Camps se refugió en su celda junto a Mario Alberto Delfino, quien resultó asesinado. Contó que “apareció en su celda el oficial Bravo, portando un arma corta (pistola 45), y les ordenó ponerse de pie. Les preguntó si contestarían un interrogatorio, negándose ambos detenidos. En forma inmediata Bravo abrió fuego, en primer lugar sobre Camps, y acto seguido sobre Delfino. Ambos cayeron, Camps primero por un disparo en el abdomen y Delfino por otro disparo posterior y que determinó su total inmovilización”.