Los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y el ex presidente de la AFA Luis Segura, entre otros, afrontarán un juicio oral y público por presunta defraudación contra el Estado en el programa Fútbol Para Todos.
La jueza María Servini clausuró el martes la instrucción del expediente y lo elevó a la Cámara de Casación para que sortee un tribunal que se haga cargo del juicio. Las penas en expectativa para los imputados trepan hasta los seis años de cárcel. Curiosamente, la jueza sobreseyó al también ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
“Los hechos acriminados están conformados por los desvíos de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional al Programa ‘Fútbol Para Todos’, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, una vez ingresados a la AFA, de acuerdo con el Contrato de Asociación de la Jefatura de Gabinete de Ministros con la Asociación del Fútbol Argentino para la transmisión de espectáculos de Fútbol por Televisión Abierta y Gratuita de fecha 20 de agosto de 2009, sus posteriores adendas, las decisiones, lo que trajo aparejado que no se haya dado cumplimiento a uno de los dos objetivos centrales del programa, consistente en el saneamiento económico de los clubes del fútbol argentino, destino específico de dichos fondos, sino que significó el beneficio pecuniario de diferentes empresas, fundaciones, cooperativas, entidades bancarias y/o financieras sin justificación alguna, violando sus deberes, y perjudicando los interés confiados”, sostiene la acusación con la que los funcionarios y directivos del fútbol llegarán al juicio.
La palabra clave en la causa es “asociación”. Según la acusación, el Estado y la AFA se “asociaron” para el programa Fútbol Para Todos. No se trató simplemente de la compra de los derechos de televisación; por eso el Estado debió supervisar qué se hacía con el dinero entregado a la AFA como pago por la televisación gratuita de los partidos.
“Se imputó a estos su participación en dichos desvíos de los fondos públicos destinados al programa Fútbol Para Todos, una vez ingresados a la entidad rectora del fútbol argentino, cada uno respecto en el ámbito temporal donde ejercieran sus cargos. En este contexto, en virtud de la ardua instrucción de esta causa, puedo afirmar tras este nuevo examen exigido por el ordenamiento procesal que los desvíos de fondos estatales, una vez ingresados a la AFA, como recién expusiera, consistieron en: el pago a la fundación ‘El Futbolista’, del equivalente al 2% de las sumas brutas totales que recibiera por el contrato asociativo; garantizar siete préstamos otorgados por el Banco Credicoop Cooperativo Limitado a la AFA con la cesión del convenio de fecha 20 de agosto de 2009 y los daños al patrimonio estatal y/o el beneficio injustificado de terceros por la operatoria de descuento de cheques de pago diferido”, añade la acusación.
El programa Fútbol Para Todos fue implementado en 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y dejado sin efecto en 2016 por el de Mauricio Macri. El negocio está ahora en manos privadas y el fútbol ya no es para todos.
Para Servini, “lo que en su origen fue programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil, para lo cual se consideró necesario adicionar a los originarios fines del programa Fútbol Para Todos más objetivos y cometidos públicos estatales que tampoco fueron cumplidos, por cuanto ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la Jefatura de Gabinete a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras una vez que ingresaron a la misma».
La jueza también reprochó que los clubes no sanearon sus finanzas. “Como lo ha explicado la veeduría actuante en la causa, es de público conocimiento y fue reflejado por la opinión pública más de una vez, y reconocido por todos, sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente, sin que en dicho marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que los clubes mantienen con la AFIP».
La lista de los que irán a juicio se completa con Rafael Armando Savino, ex presidente de San Lorenzo; José Lemme, presidente de Defensa y Justicia; Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Manuel Raposo, ex dirigente de Lanús; los ex dirigentes de la gremial de futbolistas Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, ex CEO de Iveco, la empresa que patrocinaba en exclusividad al programa.
