La semana que viene retoma la actividad el Congreso de la Nación. Tras el receso invernal se reúne la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que de enero lleva adelante un proceso investigativo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La cita será el martes a partir de las 13. Las expectativas ya están puestas en la posible exposición de Silvio Robles (director general de la vocalía de Horacio Rosatti) y de Marcelo Silvio D’Alessandro (exministro de Justicia y Seguridad de CABA). Todo en el marco de la causa sobre coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires en la que se investiga si la Corte intentó beneficiar al distrito que comanda Horacio Rodríguez Larreta. Sin dudas, el oficialismo pondrá una mirada particular en los chats difundidos entre ambos.
Además, las citaciones también se extendieron a Alejandro Rodríguez, Secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así como también al contador público Alejandro Otero, que actualmente trabaja en la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno Nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego fue la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.
Ninguno de los testigos confirmó su asistencia, aunque según pudo saber Tiempo, en principio Robles se presentaría: “Está presionado en la Corte sobre todo por (Ricardo) Lorenzetti”, dijo, un integrante de la Comisión. Aparentemente el exfuncionario de Larreta estaría de viaje en Europa.
En el último encuentro, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, respondió preguntas de los legisladores en función del rol que tuvo como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, entre el 10 de diciembre de 2019 al 3 de julio de 2022. El pasado 11 de julio, la funcionaria señaló que en el gobierno de Macri hubo una transferencia «infundada» de partidas y «hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad». Batakis, que manejaba las relaciones fiscales entre el Gobierno Nacional y las provincias explicó que “en 2016, cuando se transfirió la policía, el Gobierno porteño no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia”.
“Entonces, durante todo 2016, las liquidaciones de los gastos que eran necesarios las hacía el Gobierno de la Nación. Es decir, por ejemplo, la liquidación de los sueldos de la policía, que representaban el 91% de las erogaciones. Están todos los documentos donde el Gobierno de la Ciudad le devolvía esos recursos al Nacional. Esa devolución, para compensar, asciende aproximadamente en 8 mil millones de pesos”, agregó.
Sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Ciudad que se realizó durante el macrismo, la economista apuntó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.
La comisión que preside la entrerriana Carolina Gaillard se metió en el conflicto que se originó en enero de 2016, cuando Macri elevó la coparticipación para la CABA del al 3.75% sin pasar por el Congreso y bajo el argumento de que debía financiarse el traspaso de una parte de la Policía Federal al gobierno porteño. Cuando asumió a la presidencia Alberto Fernández se quitó ese 1,40% adicional de coparticipación para auxiliar a Axel Kicillof en el conflicto con la Policía Bonaerense.
