El texto consensuado entre la mayoría de los gobernadores y el presidente Alberto Fernández se integrará a la discusión en comisión junto a otros cuatro.
Tal como se presentó en Casa Rosada, la iniciativa propone que el Máximo Tribunal estará integrado por 25 jueces. Según pudo saber Tiempo se empezaría a tratar la semana que viene.
Ahora, las comisiones que presiden Guillermo Snopek y Oscar Parrilli debatirán cinco proyectos por lo que se buscará una versión unificada. Por esta situación, desde el oficialismo dijeron a este medio que «la iniciativa tiene pocos artículos, ya que se aboca a uno solo de los aspectos en discusión».
Los proyectos que se debaten pertenecen al puntano Adolfo Rodriguez Saá, la riojana Clara Vega, la neuquina Silvia Sapag y el rionegrino Alberto Weretilneck. Las iniciativas proponen que el tribunal pase de los 5 ministros actuales a tener entre 9 y 15. Y además que se equilibre la presencia de hombres y mujeres, al igual que la representación de las distintas regiones del país.
En juntos por el Cambio, prefieren ya dijeron a Tiempo que no van a presentar ni siquiera dictamen en minoría, el rechazo se expresará directamente en el recinto. Si bien circulaba la versión de algún posible apoyo de los senadores radicales de la provincia de Jujuy que responden a Gerardo Morales, se sigue negando esa situación.
Por su parte, el texto que proponen los gobernadores encabezados por el bonaerense Axel Kicillof tiene cinco artículos y establece que durante el proceso de nombramiento e integración las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que la integren al momento de adoptarlas.
En cuanto a la cobertura de vacantes, reza que tendrá en consideración la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El resto de magistrados se irán integrando, conforme sean designados y designadas, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.
Finalmente, propone que «las disposiciones de esta ley se implementarán una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, a cuyo efecto el Jefe de Gabinete dispondrá las adecuaciones presupuestarias pertinentes a través de la reasignación de partidas del Presupuesto Nacional vigente».
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