La situación de varios exfuncionarios bonaerenses y exdirectivos de la AFI durante la gestión de Cambiemos se complicó este lunes a partir de la decisión de la justicia de imputarlos en el expediente que investiga el accionar de una mesa judicial para perseguir dirigentes gremiales en la provincia de Buenos Aires.

La fiscal federal de La Plata Ana Russo amplió la imputación a todos los participantes de la reunión de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se promovió el armado de causas judiciales contra sindicalistas, de acuerdo con lo expresado entonces por Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de la exgobernadora María Eugenia Vidal, a favor de impulsar una «Gestapo» para perjudicar a dirigentes gremiales.

La investigación, impulsada a partir de una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se apoya en el hallazgo de un video en el que puede verse al exministro Villegas y otros exfuncionarios macristas reunidos con empresarios y espías con el supuesto objetivo de promover una persecución judicial a sindicalistas.

De aquella reunión participaron, además de Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.

También estuvieron en ese encuentro -concretado en la sede porteña del Banco Provincia- Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, y Sebastián De Stéfano, exjefe del área de jurídicos de la central de espías.

La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak.

La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.